El Gobierno de la provincia asegura que irá a fondo con su idea de presionar a la petrolera YPF y amenaza con quitarle áreas que tiene a su cargo en caso de que no cumplan con los planes de inversión. La apuesta parece enorme. Y en realidad sería más complicado de lo que parece, en caso de que realmente quieran ir a fondo.
Si YPF es una empresa poderosa, el Estado mendocino ayudó a construir un monstruo más grande y poderoso en los últimos meses: la renegociación de contratos le aseguró a la petrolera el poder sobre los principales yacimientos petroleros y gracias a su estrategia de alianzas, consiguió meterse en otras áreas, generando así un poder inigualable. Esa concentración se acentuó en los dos últimos años. Es decir, Pérez busca pelearse contra el propio “Frankenstein” que ayudó a construir.
Para tener una idea de la dependencia de Mendoza de esa empresa, el principal ingreso del plan de obras para este año vendrá de los pagos de YPF como aporte inicial de las renegociaciones de contratos, superando ampliamente los ingresos por el fondo de la soja. Esto sin tener en cuenta, además, las regalías que deben pagar.
El círculo se cierra con la posibilidad única que tiene esa empresa de tener toda la cadena productiva, desde la exploración y la extracción de crudo, hasta la producción y la comercialización de combustibles. La concentración de poder sobre YPF genera una dependencia complicada. Alcanza con preguntar en el propio Estado a la hora de llenar de combustible desde un camión recolector, hasta una ambulancia.
Paso a paso
Hay dos hechos trascendentes que marcaron la política petrolera de la provincia para los próximos años: la primera fue la licitación de antiguas áreas petroleras revertidas, con polémicas, idas y vueltas y negocios donde el Estado fue sólo testigo. El otro hecho fue la renegociación de contratos con las empresas concesionarias, varios años antes de que llegue el vencimiento de las concesiones. En esos dos temas, YPF salió fortalecido. Tanto, que tiene el poder de orientar precios, y hasta complicar las cuentas provinciales si algún problema, casual o voluntario, se cruza en el camino de sus negocios.
Con la renegociación, YPF consiguió una prórroga de 10 años para 16 áreas petroleras que la empresa considera prioritarias por su potencial. Además, se extendieron los contratos a las empresas Chañares Herrados, El Trebol, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cinopec. En medio del camino quedaron Geopark y Argenta, que ahora también podrían quedarse sin nada si no cumplen.
Una de las claves de esos acuerdos era la obligación de un pago inicial por parte de las petroleras, que engrosaría las pálidas arcas provinciales. Gran parte de ese efecto se sentirá este año, cuando paguen 12 de las 18 cuotas de los acuerdos. Allí YPF es el protagonista casi exclusivo. Para tener una idea del impacto, hay que revisar la planilla de obras públicas. Según los datos oficiales, 449.818.566 pesos del presupuesto de obras para este año dependen de los aportes de YPF por el pago de ese canon. El monto casi triplica lo que se espera cobrar por el fondo de la soja.
El pago inicial de YPF a la provincia es de 135 millones de dólares. Los municipios también dependen de esos recursos, pues reciben 16 millones de dólares como parte del pago inicial de esa empresa. Por eso la presión es selectiva: en el Poder Ejecutivo cuidan esa parte de la relación y aseguran que en esos casos "YPF cumple".
Todo eso, sin contar los 1.053 millones de pesos presupuestados como ingresos por regalías y que casi en su totalidad van a parara a gastos corrientes.
A esas 16 áreas renegociadas y prioritarias, YPF le sumó otras 7 que también aparecieron como importantes y por las cuales originalmente no había competido. Son las áreas petroleras que el Gobierno de Celso Jaque le adjudicó a las empresas Ketsal-Kilwer, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, y que fueron adquiridas por la principal petrolera del país a través de una rápida triangulación que también fue aprobada por el Gobierno. Hacia esas 23 áreas petroleras están orientadas las inversiones y las ambiciones de YPF. Fuera de esos planes parecen estar parte de las otras 10 áreas que no fueron incluidas en la renegociación. De hecho, ese proceso fue convocado por el Gobierno a través de la manifestación de interés de las petroleras. En otras palabras, las empresas se sentaban a negociar sobre las áreas que les interesaban.
