Por una política hidrocarburífera estratégica, racional y sustentable

En reuniones llevadas a cabo el 9 y el 25 de febrero, la Organización Federal de Estados roductores de Hidrocarburos (OFEPHI), el Gobierno Nacional y representantes sindicales, rubricaron acuerdos y fijaron nuevas pautas de desarrollo para el sector.
Entre los puntos más salientes pueden mencionarse:
- La idea de que el autoabastecimiento de petróleo y gas, guiado por el “criterio de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales”, debe ser el principio rector de la política de estado en la materia, tendiente hacia la sustitución de importaciones de hidrocarburos;
- La exigencia a las empresas de una mayor inversión, tanto en lo que respecta a la producción –que debería incrementarse un 15 por ciento a nivel nacional– como a la reposición de reservas, quedando abierta la posibilidad de revertir inmediatamente las concesiones o permisos en aquellos casos en los que se verifiquen procesos de desinversión o subinversión;
- El incentivo a una mayor participación de empresas públicas, provinciales y nacionales, a fin de maximizar la producción y lograr una mayor captación de la renta;
- La intención de controlar y ejercer un monitoreo ambiental en todas las etapas de la industria, y de tener mediciones más precisas y en tiempo real de la producción de hidrocarburos;
- El requerimiento a las empresas refinadoras de hacerse cargo de parte del costo de la importación de combustibles para el abastecimiento del mercado interno, y de realizar las inversiones pertinentes para aumentar la capacidad de refinación de las plantas existentes;
Si bien ciertos artículos del acuerdo son progresivos con respecto a una situación verdaderamente difícil de empeorar, resulta imperioso avanzar hacia cambios de mayor profundidad que permitan una administración, explotación, y un consumo racional y sustentable del recurso, por fuera de la lógica mercantil en la que actualmente se encuentra inscripto.
El Estado Nacional debe recuperar un rol activo y una presencia efectiva tanto en la gestión global de la cuestión energética, como en cada una de las etapas de la actividad
–prospección, exploración, extracción, industrialización y comercialización–, con el propósito de fijar objetivos estratégicos que satisfagan las necesidades energéticas de la población, el cuidado del ambiente, los derechos de los trabajadores, y la autodeterminación de las comunidades actual o potencialmente afectadas por la extracción de petróleo y gas. Todas estas variables no pueden seguir, como desde hace dos décadas, a merced del criterio de máxima rentabilidad privada.
Por lo antedicho, la re-estatización de YPF –así como de empresas vinculadas: distribuidoras y comercializadoras de gas–, con la debida participación de las provincias, los trabajadores, y los habitantes de las regiones petroleras en su administración, es una medida crucial para el diseño y la implementación de una nueva política energética. Su factibilidad ha quedado comprobada una vez más por el debate planteado en las últimas semanas, y el amplio consenso y apoyo activo que la ciudadanía daría a una iniciativa de este tenor. Asimismo, el costo de la operación –que según “analistas” no sería inferior a los US$ 16.000 millones–, no debería determinarse sin contemplar previamente la depreciación de activos, el saqueo y la no reposición de reservas, las sistemáticas caídas en la producción, las ganancias récord y la remisión de utilidades al exterior, los pasivos socioambientales, y las recurrentes violaciones a los derechos humanos que han caracterizado a la gestión privada de la empresa.
Por otro lado, en momentos en los que se ha especulado con una reforma de la Constitución Nacional, y sin ir en desmedro de una adecuada participación de las provincias, debe considerarse seriamente la necesidad de revertir a la Nación el dominio de los recursos naturales. La federalización consagrada por el artículo 124, y reafirmada por el kirchnerismo en los años 2003 y 2006 –decreto 546 y “ley corta” 26.197–, no ha hecho más que balcanizar la explotación del recurso, favoreciendo a las operadoras privadas al agigantar su capacidad de negociación, y a las élites económicas y políticas provinciales que oficiaron como sus contrapartes “bobas” en el negocio. Sólo así pueden explicarse las prórrogas de las concesiones de los yacimientos más importantes de gas y de petróleo del país –Loma de la Lata (Neuquén, 2000) y Cerro Dragón (Chubut, 2007)–, que constituyeron verdaderas estafas al pueblo argentino.
El “federalismo” neoliberal vigente es absolutamente incompatible con la fijación de metas de desarrollo nacional, y ha tenido efectos devastadores sobre las economías regionales.
A su vez, la irremediable finitud de los hidrocarburos, y el hecho de que su explotación sea una de las principales causas del calentamiento global, vuelve insostenible, antiestratégico e irracional el mantenimiento en el largo plazo de una matriz energética dependiente en un 90 por ciento del consumo de petróleo y gas. Lamentablemente, esta parece ser la pretensión subyacente en el criterio “de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales”, lo cual agudizaría el avance territorial de la frontera hidrocarburífera sobre regiones sin infraestructura ni antecedentes en la materia, que albergan entramados productivos y culturales, pautas de desarrollo y consumo, y recursos naturales incompatibles con la radicación de la actividad. En los últimos cinco años, las diez provincias petroleras redoblaron su apuesta sobre áreas secundarias y marginales, mientras que las restantes iniciaron reformas de sus marcos legales y consultorías técnicas, licitaron bloques de exploración, y crearon empresas públicas de energía, con el propósito de integrarse en el mediano plazo a la carrera hidrocarburífera en ciernes.
Más allá de los cantos de sirenas de las corporaciones acerca de las bondades del shale gas y el shale oil, lo cierto es que las técnicas que se utilizan para su extracción han sido fuente de numerosos casos de contaminación y expolio de un recurso escaso como el agua. La presión popular y las denuncias de impactos ambientales han hecho que Francia y Bulgaria llegaran a la prohibición de la fractura hidráulica, mientras que en Estados Unidos, Canadá, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica ha sido objeto de múltiples moratorias. Los no convencionales son un activo adicional de especulación financiera, y prenda de negociación de las compañías para la obtención de ingentes subsidios.
Con respecto a las posibilidades abiertas por los descubrimientos offshore en la Cuenca de Santos (Brasil), el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010 y sus devastadoras consecuencias ecológicas y sociales en el Golfo de México, nos eximen de mayores comentarios acerca de los riesgos de la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas del Mar Argentino.
Nuestro país necesita una verdadera revolución energética. Debemos hacer un uso eficiente de los hidrocarburos, y la apropiación social de su renta debe destinarse a generar las condiciones necesarias para la transición hacia una matriz con predominio de energías renovables. Al mismo tiempo, debe realizarse una evaluación seria del sobreconsumo de actividades extractivas como la minería a gran escala, rubros como el transporte, y determinados sectores sociales, que permita una redistribución del acceso a la energía, al mismo tiempo que una reducción sustancial en su consumo.
La política oficial hacia el sector hidrocarburífero no puede estar desligada de un paradigma global que entienda al disfrute de la energía como un derecho básico en una sociedad democrática, que impone obligaciones en el presente, y compromete a las generaciones actuales con las futuras.

La política petrolera en su laberinto

Por Raúl Dellatorre

Mucho se especuló antes del discurso de Cristina Kirchner del jueves 1° de marzo sobre eventuales anuncios de reestatización o intervención de la empresa YPF. Y mucho se especuló después de ese discurso acerca de por qué no se hicieron esos anuncios. Hay una preocupación real del Gobierno por las restricciones de la oferta energética, altamente dependiente de los recursos hidrocarburíferos, pero hasta ahora la única línea de acción claramente definida desde el oficialismo es la ofensiva de los gobiernos provinciales dueños del subsuelo desde la reforma constitucional de 1994–sobre las productoras petroleras, YPF en particular, para que presenten en forma urgente un plan de inversiones o bien se atengan a una inmediata devolución de las áreas. De nacionalización o intervención de YPF, se habló en cambio más en Madrid o en Wall Street que en los pasillos oficiales. Y no es por casualidad.

El fin del idilio entre el Grupo Eskenazi y el gobierno kirchnerista desató toda una serie de especulaciones y juego de intereses. El grupo elegido para administrar la filial local de la española Repsol, que apareció en el firmamento petrolero como el ejecutor de la política pensada por Néstor Kirchner, terminó defraudando a quienes lo apoyaron, al sumar sus apetencias propias a las ya manifestadas por Repsol desde 1998, cuando se apropió del control de la ex petrolera estatal. Apetencias que, lógicamente, se antepusieron a los intereses de la Nación y del gobierno que los impulsó al podio.

Haciendo un poco de historia: Repsol se adueña de YPF en 1998, como culminación del proceso de desregulación y privatizaciones iniciado por el menemismo a comienzos de esa misma década. El ejecutor de esa política fue José Estensoro hasta su muerte, luego sucedido por Roberto Monti hasta el arribo de Repsol. La apertura de la explotación petrolera al capital privado durante la gestión de Estensoro logró rápidamente alcanzar el autoabastecimiento e, incluso, saldos para exportar hidrocarburos, pero sacándole el último provecho a los yacimientos que ya estaban en producción y sin el mínimo esfuerzo por reemplazar las reservas que se consumían.

Lo que mostraba el gráfico que Cristina exhibió durante su discurso, con una curva de producción que alcanzaba su máximo en 1998, no fue más que el resultado de esa política de liquidación de las reservas que, con el tiempo, se convertiría en el inicio de los dramas actuales. La Presidenta elogió la gestión de Estensoro contrastándola con la posterior de Repsol, aunque, en perspectiva, hoy podría decirse que una posibilitó la otra.

Cuando Repsol se adueñó de YPF, prácticamente no tenía reservas en el resto del mundo, por lo que el aporte que le hizo a los libros de la petrolera española fue sustancial. Más todavía lo fueron sus utilidades, que Repsol reinvirtió en países con áreas de exploración geológicamente más atractivas que el agotado subsuelo argentino. Así, continuó el proceso de desinversión de YPF en exploración, y comenzó paralelamente el de estancamiento y declinación de la producción.

La apertura del capital de la filial YPF a empresas argentinas, ya en tiempos del kirchnerismo, abrió expectativas de una confluencia de los intereses nacionales con los del capital privado local. El Grupo Eskenazi (con origen en la industria alimentaria, pero más recientemente adquirentes de ex bancos públicos provinciales) corporizó esa ilusión. Sin embargo, la particular arquitectura financiera que posibilitó su ingreso a la petrolera también condicionó su estrategia. Compró su participación accionaria con un préstamo de la propia Repsol, el que debía devolver con su parte de las utilidades futuras. No es curioso, entonces, que la acumulación de dividendos y su giro al exterior para cancelar la deuda se convirtiera en la prioridad, antes que la reinversión en yacimientos. De paso, fue la forma en que Repsol continuó asegurándose la succión de las utilidades totales.

Agotada la chance del actual esquema, el Gobierno apura la construcción de otro de reemplazo. Para revertir el déficit de abastecimiento de petróleo, el Gobierno necesita inversiones en las áreas menos explotadas, lo que no se resuelve sólo nacionalizando YPF. Sí, en cambio, revirtiendolas áreas al manejo de las provincias y consiguiendo los capitales, que son elevados y de lenta recuperación, dadas las condiciones geológicas de las reservas. Pero ello dentro del marco de una política energética, que no sólo pasa por definir el destino de YPF. En este último plano, también abundan los intereses que se mueven en la sombra alimentando versiones o provocando fuertes oscilaciones de Bolsa– buscando su lugar en el nuevo escenario.