Por Eduardo Blaustein
Crecen las presiones oficiales para que la empresa incremente la producción, pero por ahora no se ven los resultados. Los problemas estructurales desde la privatización. La pregunta sobre las reservas que quedan.
Ocho años después de su creación en octubre de 2004, Enarsa se dispone a encarar un desafío bien concreto, la importación a gran escala de gasoil, en un marco de emergencia en el que se destacan la caída dramática en la producción de petróleo y gas argentinos y el enfrentamiento a cara de perro entre el Gobierno e YPF-Repsol, que argumentó que no puede hacerse cargo de esa importación por trabas impuestas desde el Estado. El enfrentamiento volvió a expresarse el jueves pasado cuando tres altos funcionarios –entre ellos el representante estatal ante YPF, Roberto Baratta– fueron impedidos de participar en una reunión de directorio de la empresa. Antonio Brufau, el titular español de Repsol, había viajado especialmente desde Madrid para participar de esa cumbre. Es la segunda vez consecutiva en poco tiempo que de su presencia en nuestro país sólo surgen gruñidos.
La necesidad del gasoil es más que acuciante: de él no se abastecen sólo nuestros vehículos sino casi todas las centrales térmicas. El viernes se reunieron nuevamente gobernadores de las provincias productoras y reclamaron a las empresas que se incremente en un 15 por ciento la producción de crudo y gas “a cada operadora de su jurisdicción y desagregado por yacimiento concesionado”.
La escalada de enfrentamientos entre Gobierno y petroleras, muy especialmente YPF, tiene como disparador estructural la baja de la producción y su impacto en la caída del superávit comercial. “Acá hay un conjunto muy delicado de cuestiones en juego: jurídicas, económicas, diplomáticas, comerciales. Si no hay un cambio de posición en alguno de los dos actores se va a producir una colisión; eso va a ser inevitable”, dice el especialista Marcos Rabasa, ex director del Ente Nacional Regulador de Electricidad (Enre) e integrante del Foro de los Servicios Públicos y del Petróleo. Rabasa añade que el proceso abierto entre Repsol y el Gobierno “es complejo, sin direccionalidad, de final incierto, de tanteos mutuos. Además no se conoce alguna declaración o lineamiento a futuro expresado por el Gobierno, que tiene un estilo válido, con el que no le fue nada mal, de ir resolviendo las cosas a medida que van sucediendo. Pero al no planificar no hay líneas directrices y eso se nota mucho en el sector petrolero”.
En un informe elaborado en estos días por la consultora Econométrica, firmado por Alieto Guadagni (secretario de Energía durante la presidencia de Eduardo Duhalde), se llama la atención sobre varios puntos en los que coincide no sólo el establishment energético: que los problemas de desabastecimiento de gas son graves en la medida en que ese hidrocarburo “satisface nada menos que la mitad de nuestro consumo total de energía” (el 51 por ciento, más exactamente), que la Argentina pasó de la energía “abundante, barata y exportada” a la energía “escasa, importada y… cara”, que las importaciones gasíferas podrían implicar de ocho mil a diez mil millones de dólares gastados en importación hacia el 2014.
Argentina es el país con más vehículos impulsados por GNC, la generación eléctrica depende muy fuertemente del gas, que es también la principal fuente de calor y combustible de las empresas y los hogares. La producción viene bajando fuertemente (hoy es un 13,2 por ciento inferior a la de 2004, el año de mayor producción), al igual que la de petróleo (33 millones de metros cúbicos en 2011 contra 44 en 2000). Hay que decir que a lo largo del ciclo kirchnerista se multiplicaron los niveles de demanda y consumo de energía. Esos números permitieron sostener a las industrias y éstas a la recuperación del empleo, a los transportes subsidiados en que pudieron viajar los trabajadores, a los aires acondicionados y plasmas del boom de consumo. Esto tuvo su impacto en términos de reservas probadas de gas y petróleo. Las de petróleo cayeron casi un 18 por ciento entre 2000 y 2010. Las de gas descendieron en el mismo período nada menos que un 54 por ciento, según las cuentas de Guadagni, que citan como fuente a la Secretaría de Energía y alertan que a este ritmo de producción y consumo nos queda gas para apenas ocho años.
Laissez faire. Más allá de las reiteradas presiones oficiales sobre las petroleras para que incrementen de manera urgente la exploración y producción, la gran discusión gira en torno de las razones que llevaron a que las empresas no hicieran lo que se supone que debían: precisamente explorar y producir. Para algunos sectores se trató siempre de falta de incentivos, políticas erráticas, tarifas bajas, “capitalismo de amigos”. Marcos Rabasa, que se define como simpatizante del modelo kirchnerista, dice algo muy distinto, aunque es crítico de lo hecho: "YPF, como todo organismo, se comporta por estímulos y no la obligaron a competir. Desde la privatización fue el laissez faire, laissez passer. Los contratos de concesión de las áreas fueron muy flojos en exigencias. Pero también fueron flojos los controles, por ejemplo a la hora de reponer reservas, algo estrictamente previsto por ley. Así fue que la empresa obtuvo sus máximas ganancias y mandó la plata afuera. No hubo una política nacional petrolera, sino sólo el despliegue de un modelo extractivo. No hubo, por ejemplo, creación de industrias paralelas para fabricar equipos, como en Brasil". Dicho de un modo más abarcador, Rabasa dice: "Lo que pasa hoy en Argentina es que no se asume el fracaso de las privatizaciones, se trate del transporte, la energía o la minería".
¿La reactivación de la Ofephi, el organismo que articula a las provincias petroleras, puede ser una de las respuestas a esta coyuntura crítica, a la hora por ejemplo de imponer condiciones a las empresas? ¿O la creación de empresas provinciales o mixtas? Un técnico en prospección que trabajó para diversas petroleras adelanta una primera preocupación. Aceptando algo que otros matizarían, que "la administración de concesiones para exploración y explotación petrolera es responsabilidad de las provincias", este geólogo de profesión llama la atención acerca de los ruidos que se generaron desde el principio mismo de las privatizaciones por la diversidad de disposiciones legales que se entrecruzan: "Cada provincia gobierna, por ejemplo, su porción de la cuenca Neuquina. Pero nadie gobierna la cuenca Neuquina como un todo".
Aclaración: la cuenca Neuquina atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de Mendoza; así como la del Noroeste abarca Salta, Jujuy, Formosa y continúa en Bolivia. Así, puede ocurrir que "con algunas concesiones asignadas a una misma compañía, parte de las mismas esté en una provincia y parte en otra". O que cuando "se solicita permiso para perforar un pozo, de acuerdo a la provincia pueda ser necesario solicitar el permiso a dos o tres organismos distintos dentro del gobierno provincial de que se trate".
Esto que podrían parecer enredos burocráticos no significativos, si bien atentan con criterios de racionalidad, es retomado de otra manera por Rabasa, quien opina taxativamente que "es un error estratégico darles protagonismo a las provincias. No es cierto que la Constitución diga que los recursos son de las provincias, son de la Nación. La política petrolera no puede ser sino nacional, y basarse en un criterio de soberanía".
–¿Se viene algún tipo de reestatización segmentada, por geografías, por pozos?
–No se ve claro qué estatización puede venirse. No se puede nacionalizar por pozo. ¿Quién lo haría? ¿Enarsa? Puede desangrarse de a poco a YPF por áreas en las que no cumplió, lo que seguro llevaría a juicios. Esa salida no me convence… La otra alternativa es agarrar a Enarsa y capitalizarla en serio. Como sea –reitera Rabasa–, la colisión es inevitable.
Estas son las discusiones de fondo que se juegan y cada vez con mayor dramatismo: porque el escenario con que amenazó YPF/Repsol acerca de un posible desabastecimiento de gasoil puede hacerse real, como lo es la importación de otros combustibles. La respuesta del ministro Julio De Vido ante los dueños de las estaciones de servicio del interior, más representantes de los gobiernos provinciales, fue que Enarsa responderá mediante un esquema alternativo que permita distribuir el gasoil que no llegue a través de YPF.
E n la oficina de Nicolás Gadano, ex economista jefe de YPF y autor de Historia del Petróleo, hay un cuadro sobre una pared con un aviso publicitario de 1948. Una imagen en blanco y negro dice "YPF es la síntesis de un pueblo que marcha seguro hacia sus altos destinos".
La frase condensa la suerte de la economía argentina y de la empresa en todo este tiempo: ambas fueron de un extremo al otro. YPF, en sus 100 años de existencia, pasó de estatal, aliada del Gobierno y guardiana del autoabastecimiento energético, a privada, enemiga de la Casa Rosada y responsable de las importaciones que atentan contra uno de los pilares macroeconómicos.
"El sector energético aparece hoy como parte del problema macro del país porque pesa mucho sobre las restricciones en la balanza comercial. Y la percepción del Gobierno sobre una crisis macroeconómica se vuelve tan prioritaria que pasa a estar por arriba de otras cosas y genera una volatilidad enorme", dice Gadano a iEco.
¿Y esto cómo afecta a YPF?
YPF tiene un peso tan grande en el mercado que sus operaciones podrían quedar subordinadas a la percepción que el Gobierno tenga sobre el futuro de la macroeconomía. En ese caso, la suerte de YPF está atada a la de la macro.
En ese marco, ¿qué aportaría una eventual nacionalización de YPF?
Depende de cómo se haga. Si el Estado le compra las acciones al accionista mayoritario y paga el precio justo, significa darle a un extranjero los dólares para que los saque del país. Si se expropia, en cambio, no habría fuga de divisas.
¿Con la nacionalización ya no habría estrés sobre la balanza comercial?
No, porque el sector continuaría siendo deficitario. Además, hay un problema de fondo con YPF y es que el cash flow de la empresa está condicionado por el esfuerzo de la política de dividendos que se hizo bajo este Gobierno. Por esto no se entiende qué podría aportar la nacionalización. Si el objetivo es maximizar la inversión de YPF, el Tesoro no puede hacerlo ni éste ni los próximos años.
En muchos países se observa una vuelta del Estado en la participación de las empresas, ¿qué pasa en el rubro hidrocarburos?
El 88% de las reservas de hidrocarburos del mundo está en manos de empresas estatales. Históricamente, los países ricos en estos recursos fueron víctimas de abusos de empresas que explotaban sus yacimientos y encontraron que la manera de asegurarse el control de la renta petrolera era a través de empresas estatales. Hay ejemplos diversos. Pero nacionalizar YPF no es la solución para los problemas energéticos argentinos.
¿Según la teoría económica, el desarrollo energético debe dejarse en manos del Estado o de los privados?
No hay consenso. Hay empresas estatales muy buenas como la de Noruega, menos buenas como la de Brasil y muy malas como la de México. Hay empresas privadas muy buenas como la Exxon y otras muy malas. En mi opinión, el tema no es pública versus privada: es si la firma es buena o mala.
¿En qué supera el Estado a los privados en la gestión del desarrollo energético?
Las empresas no tienen por qué preocuparse de la sustentabilidad en el suministro de energía del largo plazo. Si un país fija las reglas, las empresas maximizarán el rendimiento en el horizonte más corto posible sin hacerse cargo de si la economía tendrá la energía suficiente para crecer y crear empleo.
¿Qué debería hacerse con YPF si no se la puede nacionalizar?
La Argentina debe dar condiciones para que la inversión privada que ya está encuentre su rol, pueda saber qué puede hacer, cuánto debe pagarles a las provincias, a la Nación y cuál es la rentabilidad de esos proyectos. El Estado argentino no está en condiciones de absorber las responsabilidades de recuperar el sector energético. El sector privado debe poner mucho.
