Por Néstor Scibona
Poco después del aplastante 54% de octubre, el gobierno de Cristina Kirchner sinceró que la salida previa de capitales (unos 24.000 millones de dólares en 2011) era insostenible. Lo hizo a través de una batería de controles oficiales a la compra de dólares, a las importaciones y al giro de utilidades empresarias que, por ahora, han resultado efectivos para frenar artificialmente la demanda de divisas.
Ahora la propia CFK sinceró también a su manera que el déficit energético se torna cada vez menos sostenible, al confirmar que las importaciones de gas y combustibles subieron 110% el año pasado, y superaron los 9300 millones de dólares. Aquí, la respuesta oficial fue culpar a las petroleras -con YPF a la cabeza- y exigirles urgentes inversiones para recuperar la producción local de hidrocarburos, como si la política energética de la era K no hubiera tenido nada que ver y el problema pudiera resolverse de un mes para otro.
Al margen de las formas, las dos cuestiones están estrechamente relacionadas. La Argentina ya no cuenta con fuertes excedentes de divisas, una prueba de lo cual es que el Gobierno decidió "blindar" las reservas del BCRA (46.800 millones de dólares) para prevenir males mayores. Paralelamente, las crecientes importaciones energéticas deterioran el superávit comercial y, como no pueden sustituirse a corto plazo, obligan a frenar las compras externas de otros rubros. Todo esto pone en riesgo la fluidez de la actividad económica y, además, el aumento de la inversión privada, que es lo que más necesitaría una economía donde la demanda interna siempre corrió en los últimos años por delante de la oferta, a las que casi invariablemente el Gobierno alude por separado.
Lo que ocurre en el sector de hidrocarburos es una muestra de ese divorcio. En el período 2003-2010, la producción de petróleo se contrajo 22% y las reservas 19% (equivalen a 11 años de consumo), mientras que en gas natural las caídas fueron de 14% y 46%, respectivamente (8 años). Durante el mismo lapso (y con precios controlados, regulados o subsidiados, según los casos), hubo un crecimiento acumulado de 95% en el consumo de naftas y de 63% en gasoil, en tanto que la demanda interna de gas natural representa el 51% de la matriz energética. Esta brecha, potenciada en 2010 y 2011, es la que obliga a mayores importaciones. El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, calcula que el déficit energético, de unos 4000 millones de dólares en 2011, podría trepar a 6000/7000 millones este año, con compras externas de 11.000/12.000 millones.
Aquí cobra relevancia la cuestión de precios políticos. La mayor declinación de la producción y reservas coincidió con un período de precios internacionales récord para el petróleo, hoy en torno de los 100 dólares el barril. No fueron, sin embargo, un incentivo para invertir, ya que hace años se aplica una retención móvil a las exportaciones por encima de los 42/46 dólares. Por eso fue más negocio para las petroleras vender el crudo internamente, a precios de hasta 73 dólares, mediante certificados fiscales del plan Petróleo Plus para las empresas que aumentaran inversiones. Este programa, caso por caso, acaba de ser desactivado por el ministro Julio De Vido para las mayores compañías.
Mucho más crítica es la situación del gas natural, cuyos precios apenas alcanzan al 20% de los valores de referencia regionales e internacionales y donde el Gobierno ha venido aplicando una inexplicable política de sustituir producción local con importaciones cada vez más costosas. Durante la era K, las empresas que producen en la Argentina perciben un precio promedio regulado de 2,5 dólares el millón de BTU (unidad de medida), equivalente a una cuarta parte del que hoy se paga por importar desde Bolivia (a 10,7 dólares) y entre una quinta y sexta parte de las compras externas de gas natural licuado (GNL), a precios entre 13 y 18 dólares. Otro ex secretario de Energía, Alieto Guadagni, estima que en los próximos tres años las importaciones de GNL habrán de duplicarse hasta representar el 40% del consumo.
¿Victimarios o víctimas?
Con estas distorsiones, las petroleras adoptaron una estrategia defensiva. Salvo contadas y meritorias excepciones, en estos años optaron por extraer más petróleo y gas de los yacimientos conocidos (muchos en fase de declinación), que invertir para descubrir nuevas áreas. Tiempo atrás, Montamat definió esta tendencia como "poner más bombillas en el mismo mate". Guadagni, a su vez, repara en que de 95 pozos exploratorios anuales en la década del 90, se pasó a 26 en 2011. Aun así, últimamente hubo hallazgos prometedores en yacimientos no convencionales, aunque convertirlos en reservas comprobadas requerirá enormes inversiones, en una relación de 10 a 1 frente a los convencionales.
En este marco, el sorpresivo giro del Gobierno con respecto a YPF se presta a todo tipo de incógnitas y conjeturas. Puede ser una presión para frenar este año la remesa a Repsol de dividendos en efectivo por parte de su socio local (el grupo Eskenazi) para cancelar los préstamos por la compra, sin pago previo, del 25% de las acciones de la compañía. Según Guadagni, en los últimos tres años esos pagos totalizaron más de 18.000 millones de pesos (144% de sus utilidades) y el mecanismo fue consentido y avalado por el gobierno kirchnerista, a través del director estatal en la filial argentina. Otra posibilidad es que sea un intento de desplazar a YPF de la concesión de varias áreas petroleras en provincias donde declina su producción, a menos que se comprometa a aumentar inversiones en perforación. Para Jorge Lapeña, otro ex secretario de Energía, esta acción debería generalizarse, a través de auditorías integrales e independientes sobre las 180 áreas concesionadas a todas las empresas, así como sobre aquellas con permisos de exploración licitadas por las provincias productoras desde 2006, "muchas de las cuales fueron adquiridas con criterios especulativos", dice, por empresas amigas del poder político.
Estas hipótesis tienen más asidero que los rumores de reestatización que el gobierno dejó correr y cuya posibilidad supondría un negocio para Repsol, que mantiene el 57% del paquete accionario de YPF, que, según Lapeña, tiene un valor bursátil de 14.000 millones de dólares.
La posición de YPF, a través de su comunicación a la Bolsa, no aludió a este tema; hace hincapié en las inversiones récord de 2011 (13.300 millones de pesos, 50% más que en 2010), pero advierte a su vez que el plan de inversiones para poner en marcha su más importante yacimiento no convencional (Vaca Muerta, en la cuenca neuquina) requeriría 28.000 millones de dólares en los próximos años.
Desde una perspectiva más amplia, en una Argentina con menos petróleo, gas y dólares, tal vez estos chisporroteos estén indicando que no debe estar muy lejano el momento de barajar y dar de nuevo en materia de política energética. A menos que el Gobierno siga empeñado en mirar el futuro a través del espejo retrovisor.
Por Mario Wainfeld
Antoni Brufau, el mandamás de Repsol YPF, asumió el riesgo de pasteurizarse: se subió al avión y pasó del gélido invierno europeo al candente verano argentino. Buscó dialogar con el máximo nivel del gobierno nacional, mientras las acciones de la empresa caían a niveles mayores al promedio deprimente de las Bolsas europeas. Lo recibieron, con rostro y discurso hoscos, los ministros Julio De Vido y Hernán Lorenzino. La discusión, cuentan desde los dos lados del mostrador, fue áspera. El ejecutivo le recrimina a la multinacional no invertir ni explorar lo necesario y remesar divisas a lo pavote. Adecuado a los modismos locales, Brufau optó por la payada: sus versos se expresaron en una solicitada y en un informe en los que controvertía los argumentos oficiales.
La réplica política fue rotunda, sin precedentes en los últimos años. Como Martín Fierro, el Gobierno pasó de la payada a la vía de los hechos. Los gobernadores de las provincias petroleras se reunieron el jueves, bajo la batuta del ministro de Planificación, y le exigieron el incremento de la producción. En quince días los gobernadores pautarán, en conjunto, cuáles son las metas que deben cumplir las petroleras en sus provincias. La falta de cumplimiento puede significar la caída de las concesiones, redondearon. El plural “petroleras” es casi singular: las campanas doblan por todos pero Repsol es el principal destinatario.
La perspectiva de revocar las concesiones había sido mencionada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner unos días atrás. Pero la decisión soberana compete a las provincias, titulares del dominio originario de sus recursos por imperio del artículo 124 de la Constitución de 1994. Claro que, cada una por su lado, es escaso su poder frente a multinacionales de porte descomunal. La novedad de la movida es “la unidad en la acción”, promovida y sustentada desde el Estado nacional. Es un medio para reparar la debilidad estructural que genera una falaz visión de federalismo, que acunó el menemismo y tuvo consagración en la Carta Magna. La fragmentación fue una consecuencia y también un objetivo de las políticas noventistas. Fragmentación de la estructura social, del Estado nacional, de las organizaciones sociales y sindicales, de la clase trabajadora. Revertir esa nefasta tendencia, que tiene firmes raíces legales, es parte de los deberes del actual gobierno.
Las concesiones son siempre precarias, sujetas al comportamiento del concesionario. Enunciar su potencial revocación sería una redundancia o una obviedad si no estuviera acompañado (como está) por la trayectoria del gobierno nacional, que no es remilgado en el ejercicio del poder. Dos gobernadores flamantes, el mendocino Francisco “Paco” Pérez y el chubutense Martín Buzzi, se dejan ver como los referentes de la movida. Pero su matriz está en la Casa de Gobierno. El desenlace de la pulseada es impredecible, es más fácil presumir que será firme.
La reestatización forma parte del menú virtual, la memoria indica que esa hipótesis se analizó ya durante la presidencia de Néstor Kirchner y uno de los disuasivos fue el costo de la recuperación. En una etapa en la que la “caja” es menos floreciente, ese factor puede incidir.
El kirchnerismo revisa y readecua sus herramientas, su tacticismo es proverbial. Para conseguir estabilidad política y sustentabilidad económica, los gobiernos precisan sostener su legitimidad. Sin ella, no hay propuesta (ni presidente) que dure. El crecimiento del Producto Bruto Interno debe acollararse con el de la aceptación popular. Néstor Kirchner entendió eso desde el vamos, cuando tenía poca plata en caja y poco poder. Los gurúes de la economía, de ordinario, nada saben de política democrática. Teóricos de los bienes escasos, ignoran que el poder está entre ellos.
En los primeros años del kirchnerismo la energía barata fue insumo del despegue económico, de la reactivación del aparato productivo, de la generación de millones de puestos de trabajo. La ecuación virtuosa se fue trabando en el tránsito del infierno al Purgatorio. El Gobierno ensayó cambios, el más ambicioso fue la creación de la empresa Enarsa que, mirada en prospectiva, no concretó los objetivos que se imaginaron.
La incorporación de la “burguesía nacional” (título enfático que se corporiza en protagonistas casi siempre mediocres) a Repsol en años más cercanos tampoco rindió frutos valorables. En la práctica, que no en el discurso, el Gobierno “recalcula” como un GPS y rectifica.
Julio De Vido condujo las movidas, justo cuando narradores de Palacio hablan de su definitivo ocaso, de su desplazamiento a manos de Guillermo Moreno. Tal vez la cuestión no sea tan simple. Siempre hubo rispideces, disputas de espacios entre el ministro y el Megasecretario. Hay tensiones y malas ondas, eventualmente. Al unísono, hay competencias distintas. Moreno (y sus adversarios) han construido un personaje de opereta, que se realza en centenares de anécdotas. En funcionamiento es un funcionario cuya hiperquinesis expresa a un gobierno vivaz y reactivo que está al frente de un Estado que fue desbaratado con premeditación y alevosía. Y que se reconstruye trabajosamente, a veces del modo más atinado. En el devenir, la “guerrilla” de Moreno forma parte del dispositivo.
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La década fundacional: El kirchnerismo se propone fundacional, sus antagonistas concuerdan aunque con valoración diferente. Sin meterse en una discusión semántica, el cronista percibe que desde 2003 se atraviesa una etapa reformista y reparadora, revisionista de condicionamientos muy firmes cimentados en los ’90. El menemismo conjugó con los vientos históricos y los llevó al extremo. Las privatizaciones salvajes (la de YPF no tiene tal vez parangón en el mundo, sin duda no la hay en el vecindario de este sur), el desguace del Estado. Las regalías a las provincias “pagaron” el apoyo a las políticas antinacionales y a la reforma que prohijaba, entre otras cosas, el voto directo a presidente. La vida es compleja: ese cambio mejora la calidad de la representación. Nada es monocolor en democracia.
La disgregación de los sistemas educativos y de salud tenía como primera finalidad alivio para las arcas nacionales. Como aditamento, el acentuar la debilidad de las provincias. Como “beneficio colateral” impactó sobre el poder del sindicalismo docente, cuya “Marcha Blanca” había puesto en jaque a la gestión del presidente Raúl Alfonsín. La Ley de Financiamiento Educativo y la Paritaria nacional docente son reparaciones institucionales al desaguisado previo. No restituyen a la situación previa y cargan con sus bemoles. Los funcionarios de Educación y de Trabajo sudan la tinta gorda en cada paritaria nacional, exigente y con muchos actores. Es el precio de conferir poder a los gremios, una iniciativa valorable en lo estratégico que genera jaquecas tácticas.
Cuando se observa el panorama energético, es un interesante ejercicio recordar los discursos de los ministros menemistas José Luis Manzano y Roberto Dromi. Manzano se exaltaba anunciando que “YPF cotizaría en Bolsa” y prometiendo que millones de dólares derivarían a los jubilados. Dromi apodaba “modernización” a concesiones sin contrapartidas, sin contralor estatal. En la entrega de la petrolera estatal (y luego de la acción de oro) a precio de rifa.
Ya que del pasado cercano e influyente hablamos: los ex Secretarios de Energía que refutan la política oficial no tienen grandes pergaminos de gestión pública para mostrar. Fueron sujetos activos de esa etapa ominosa, convalidada por los dos grandes partidos nacionales. En el área privada les va mejor, todos son consultores de grandes empresas... lo que habla de sus destrezas tanto como de la neutralidad de sus asertos.
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Sintonía fina y algo más: La riqueza minera fue otra joya de la abuela empeñada en los ’90. En pleno siglo XXI, las formas de explotación, a cargo de las provincias, son rechazadas por activas protestas populares. En la semana que pasó hubo una brutal represión en Tinogasta, que pone de nuevo en la mira la incompetencia de las fuerzas de seguridad y el riesgo de apelar a ellas. En Perú, casi en simultáneo, el presidente Ollanta Humala topa con manifestaciones de parecidos signos y argumentos.
Todo indica que esas controversias seguirán. Serán peliagudas porque oponen a gobiernos elegidos (o revalidados) hace un par de meses con sectores populares muy embravecidos y convencidos. El cronista sigue pensando que una parte de la solución es acentuar las formas de participación democrática. La cultura política argentina conjuga elecciones libres con alto nivel de implicación popular y una sociedad muy resistente, entrenada en la acción directa. Son, en promedio, características virtuosas que podrían realzarse con otras de participación institucional: consultas vinculantes o no, referéndums, plebiscitos. La inteligente politóloga María Esperanza Casullo aborda el tema en el blog La Barbarie y se pregunta cuál método sería el adecuado. También lo hace, en una nota publicada ayer en Clarín, el geógrafo Carlos Reboratti. Sin aspirar a una respuesta cerrada, el cronista entiende que, en virtud de la legalidad federal, las votaciones deberían realizarse en las provincias, sujetas a sus distintas constituciones.
Sacar del desván a herramientas democráticas poco usadas no cortaría el nudo gordiano así como así, pero serviría como recurso, que siempre tiene su encanto.
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Petróleo y algo más: La sociedad (disciplinada cruelmente por la dictadura, las hiperinflaciones y la astucia menemista) se ha recobrado y puesto de pie. Es un logro de todos, también un desafío. La existencia de estabilidad política es sustrato de esa situación.
En la madrugada de su gobierno, Néstor Kirchner explicaba que para instalar un modelo alternativo eran menester, cuanto menos, diez años consecutivos al frente de un gobierno. Aun para quienes valoraban o admiraban sus primeros pasos, el cálculo sonaba a quimera. El Gobierno polarizaba en “n” frentes, parecía imposible que se mantuviera en pie. En esa porfía, el kirchnerismo tuvo más razón que sus críticos.
Para lograrlo, viró el timón en numerosas oportunidades. En parte, por cambios de contexto, en parte por reconocimiento de falencias o insuficiencias propias. La Asignación Universal por hijo (AUH) es el ejemplo más acabado de una política resistida durante años y luego adoptada como pilar del “modelo”.
En materia petrolera, las demasías de las empresas privatizadas no sucedieron ayer y el agotamiento del inteligente criterio de los años iniciales no fue sucedido por aciertos similares. De cualquier modo, el Gobierno ejercita su propio revisionismo, con el grado de decisión que le es proverbial. El resultado de la brega está en veremos, claro. La intención de exigir un New Deal a las empresas, como piso, ya es un dato de la agenda del segundo mandato de la presidenta Cristina.
Las lluvias alivian la sequía, el Banco Central (como al desgaire) sigue recuperando divisas. Las profecías bíblicas de hace un mes o dos desaparecen de los medios dominantes, también las noticias al respecto.
El tiempo dirá si funciona la “sintonía fina”. Es sensato anticipar que no será como el ajuste del menemismo o de la Alianza, aunque así lo vaticinen (en asombrosa yunta) las grandes corporaciones mediáticas y Hugo Moyano. El simplismo, esa enfermedad infantil del periodismo, es mal consejero para leer la coyuntura nacional y encasillar a su gobierno.
