Romina MacGibbon. Licenciada en Ciencias Ambientales. Editora de Sustentator
Hace años que escuchamos que en algún momento el subsidio a los servicios de gas, agua y electricidad se iban a terminar. Algunos creían que eso nunca sucedería y otros ya no veían la hora que se decrete de una buena vez. Ante esta noticia se abre un nuevo panorama para las renovables y la eficiencia energética.
Argentina comenzó a subsidiar su energía luego de la crisis del 2001 de manera que ninguna clase social se quede sin acceso básico a calefacción, iluminación o gas para cocinar, logrando que el país se posicione como uno de los que presentan menores tarifas en la región.
Sostener a base de subsidios un precio de la energía completamente irreal trae aparejado impactos sociales, ambientales y económicos graves. Por un lado, a nivel social, no se realizan grandes inversiones en nuevas fuentes de generación, por ende no existen nuevos puestos de trabajo en un país con un excelente y prometedor potencial energético. A nivel ambiental, se sigue utilizando un tipo de energía no renovable y contaminante, teniendo los recursos para generar una matriz energética mucho más variada que la actual. A nivel económico, tenemos una sociedad que no cuenta con incentivos financieros para buscar soluciones energéticas eficientes, afectando adversamente la habilidad de instalar paneles solares, pequeños aerogeneradores o aplicar parámetros de eficiencia energética en la construcción y la arquitectura en general. Los precios bajos resultan en un desincentivo para invertir en nueva generación energética en general.
En 1998, la Ley 25.019 que se conoce como Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar estableció el marco inicial para los proveedores de energía limpia. Determina que estas dos fuentes energéticas son “de interés nacional” y crea un incentivo a la inversión de 15 años para el sector privado: el aplazamiento del pago de IVA sobre bienes de capital o la amortización acelerada de estos bienes. También exigió la creación de un Fondo Fiduciario de Energías Renovables para financiar el mayor costo de estas fuentes de energía. A esto le siguió la Ley 26.190 de 2006, conocida como Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Esta ley fue significativa porque estableció que en un plazo de 10 años el 8% de la energía eléctrica del país sea obtenida a partir de fuentes renovables. Las características específicas de esta ley debían ser reguladas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación Federal, pero esto no ocurrió hasta mediados de 2009 a través del Decreto 562 y, por lo tanto, la inversión languideció.
Debido a la falta de inversiones suficientes en la última década, el suministro de energía se está volviendo crítico para hacer frente a la demanda energética y el país se convirtió en un importador neto de energía.
Por diversos medios, el Gobierno ha estado subsidiando los precios por temor a que una recuperación de los precios de la energía pudiera provocar una mayor inflación o el descontento popular. Actualmente los precios de la energía no reflejan los costos de generación, por lo tanto el Gobierno, a través del Tesoro Nacional, ha estado haciendo contribuciones en efectivo para reducir la brecha. A fin de evitar una crisis energética, y al mismo tiempo preparar el terreno para el desarrollo de las energías renovables, el Gobierno viene bien encaminado con esta nueva decisión de establecer las reglas del juego, abstenerse del actual activismo regulatorio y volver a un marco de regulación energética estable y predecible (local e internacional) para participar en el mercado ganando una tasa de rentabilidad razonable. El Gobierno tendría que definir qué sectores deberían ser subsidiados (por ejemplo, tarifas sociales para los pobres o indigentes) y qué fuentes de energía desea fomentar el país. Por supuesto que esto es una gran oportunidad para que el país aproveche las energías renovables, ya que estas tecnologías permitirían incrementar el suministro energético, reducir las importaciones de energía y minimizar ante todo, las emisiones de CO2.
