Con la lupa sobre las facturas

El impacto que provocó el intempestivo aumento de 127% en los subtes de Buenos Aires es sólo el comienzo de una cadena de sorpresas desagradables para los habitantes del área metropolitana, ahora que -sin elecciones a la vista, ni mención de la palabra ajuste - arrancó el demorado sinceramiento de las tarifas de servicios públicos y de los impuestos provinciales y municipales.

Convendrá tener a mano una lupa o lentes de aumento para descubrir algunas pistas. Por caso, las facturas de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) que el gobierno porteño envió para los dos primeros bimestres del año, contienen dos leyendas tan poco legibles como preocupantes. Al pie de cada una de ellas, así como del pago anual optativo con descuento del 10%, se aclara que se trata de "pagos a cuenta" del tributo fijado por ley para 2012 y que incrementó aquella tasa en un promedio de 66%. En un cuerpo de letra aún más pequeño y en forma vertical sobre el margen izquierdo, otra leyenda consigna la nueva valuación fiscal de los inmuebles, con alzas que oscilan entre 100 y 500% respecto de las bases que se tomaban hasta 2011 y no se actualizaban desde hace cuatro años. De esta manera, quienes paguen el tributo -ya sea en forma parcial o total- deberán abonar un ajuste posterior cuyo monto aún es una incógnita. Al menos, hasta el 15 de febrero próximo cuando la página web de Rentas del gobierno porteño promete informar individualmente cuánto deberá abonar cada contribuyente. Por ahora sólo se estableció un piso mínimo de $ 600 pesos anuales, o 50 mensuales, ya que a partir de abril el ABL se liquidará cada mes. En cuanto a las valuaciones ajustadas en porcentuales de tres dígitos, funcionarios porteños aclaran que el aumento no será proporcional, sino que habrá alícuotas diferenciales y se establecerá un techo, ya que la ley sancionada por la Legislatura determina que ninguna propiedad podrá pagar anualmente más del 1% de su valor de mercado y el descuento por pago anual se elevará a 20%. Además de la lupa, será necesario entonces disponer de una calculadora.

También en febrero vencerá la primera cuota del impuesto inmobiliario urbano en la provincia de Buenos Aires, con un aumento promedio de 32% y tasas progresivas según las valuaciones fiscales, con descuentos de 10 a 15% si se opta por la cuota anual. Muchos municipios del conurbano bonaerense, en cambio, prefirieron aplicar pequeños ajustes sucesivos que, comparados con un año atrás, pueden significar alzas acumuladas de 20 a 30% en promedio.
Más impuestos, menos subsidios

La letra chica en las facturas impositivas contrasta con el ostensible sello en tinta roja con la leyenda "consumos subsidiados por el gobierno nacional" en los servicios públicos de electricidad, gas y agua, que pronto pasará a ser historia para muchos usuarios residenciales del área metropolitana.

A diferencia de lo que ocurrió con los subtes, donde logró endosarle buena parte del costo político a la administración de Mauricio Macri, el gobierno kirchnerista optó por transferir a cada uno de los millones de consumidores de Capital Federal y Gran Buenos Aires la decisión de suprimir los subsidios estatales. La alternativa previa, consistente en la "renuncia voluntaria" como gesto solidario, no tuvo mucho eco a pesar de la campaña publicitaria con figuras del ambiente artístico y deportivo: en la página web del Ministerio de Planificación sólo se inscribieron hasta ahora 20.721 adherentes, entre ellos, todos los integrantes del gabinete nacional.

Ahora, quienes no renuncien a subsidios que tampoco habían pedido en ocho años, recibirán con las próximas facturas una carta que, en caso de no ser respondida para justificar caso por caso una nunca aplicada "tarifa social", dará lugar al fin del beneficio, sin ningún tipo de gradualismo ni opción intermedia.

Aquí también convendrá revisar con lupa la letra chica de las facturas, donde el componente impositivo se mantiene invariable y la recaudación aumentará a la par de importes más abultados. Las altas temperaturas del verano también pueden provocar sofocones con las próximas facturas de electricidad, cuyo subsidio para un consumo medio de casi 500 MW/h alcanza a 66,3% (74 pesos sobre un total de 112) y que, de eliminarse, dará lugar a un aumento de 213,4%. Tampoco hay evidencias de que vayan a suprimirse las penalizaciones por mayor consumo establecidas en el programa de racionalización energética (Puree), que se calculan sobre la bajísima base de 2003. En el caso de AySA, la tarifa de agua (sin medidor) incluye un subsidio de 74% (69 pesos en una factura de 94), cuya quita implicará un incremento de 217%. Y en el de un alto consumo invernal de gas natural (equivalente a 137 garrafas), subsidiada hasta ahora con el 50% de un monto mucho más alto (528 pesos sobre 1060), equivaldrá a un alza de casi 100%. En suma, quien hoy paga bimestralmente 600 pesos en las épocas de mayor consumo (invierno en gas y verano en electricidad) tendrá un gasto superior al doble (112%), o sea, 1265 pesos por los tres servicios. Todos estos aumentos por quita de subsidios no implican alzas en los ingresos de las empresas; por lo tanto, cualquier cambio para mejorar servicios implicaría ajustes adicionales.

En este marco, el problema no es sólo el alza de 127% aplicada sin anestesia en la tarifa de los subtes, sino su carácter de puntapié inicial para una futura sucesión de aumentos en impuestos y servicios públicos, donde la inflación parecía no existir y que, sumados, deteriorarán el poder adquisitivo de quienes dejen de estar subsidiados. Los alcances de esta inflación "ensobrada" en las facturas exceden los 56 pesos adicionales por mes que, en promedio, deberán afrontar quienes realizan un viaje de ida y vuelta por día hábil (dado que el costo de 20 pasajes de subte saltó de un día para otro de 44 a 100 pesos).

En principio, el kirchnerismo consiguió que el primer "tarifazo" masivo anunciado en letras de molde fuera adjudicado mayormente al jefe de gobierno porteño, que nada tuvo que ver con el congelamiento previo. De paso, se ahorra unos US$ 84 millones anuales, una cifra insignificante frente a los casi 20.000 millones en "subsidios para todos" que se habían tornado insostenibles y que ahora se empeña en bajar cuanto sea posible. Casi nadie ha puesto en duda la razonabilidad de la transferencia, ya que está fuera de toda equidad que el interior del país subsidie con sus impuestos (explícitos, o a través de la inflación) a los usuarios de los subtes porteños, cuyas tarifas cubrían hasta la última semana apenas el 30% de sus costos operativos. De hecho, la nueva tarifa es similar a la de los colectivos en muchas ciudades provinciales, aunque todavía duplique a los del área metropolitana. Más difícil resulta saber por qué Macri aceptó asumir con tanta urgencia aquel costo político, cuando podía haber negociado que el traspaso se concretara después de que las tarifas fueran aumentadas por el gobierno nacional. Después de todo, la baja a la mitad de los subsidios a los subtes fue una decisión previa a una transferencia que ni siquiera tiene los contratos reformulados.

Pese al ajuste, siguen los apurones con las cuentas

El Gobierno despidió 2011 con un decreto de necesidad y urgencia que aumentó el gasto público en $ 21.254 millones. Sumado a uno de principios de noviembre, en el año redondeó $ 50.586 millones: un récord que equivale a 11.764 millones de dólares.

El DNU es un instrumento aceptado por la Constitución Nacional, pero sólo cuando "circunstancias excepcionales" le impidan al Poder Ejecutivo seguir la vía institucional de una ley votada por el Congreso de la Nación.

Durante los primeros cuatro años de gestión de Cristina Kirchner, la experiencia canta que esos DNU se transformaron en un recurso habitual, siempre creciente y, desde luego, aplicado por fuera de las cifras del Presupuesto. Así, desde 2008 acumuló nada menos que $ 152.000 millones, o sea, arriba de 35.350 millones de dólares. Muchos más, si se toma el tipo de cambio de cada período.

Hubo otros en la era K, cuando reinaba la holgura fiscal. Ahora, los movimientos están marcados por el sello de la escasez.

Según la información que manejan fuentes privadas, en Economía están definiendo a toda marcha las necesidades de financiamiento de 2012. Hechos muy a mano alzada, los primeros cálculos arrojan un número monumental: 100.000 de pesos millones.

Claro que todavía falta definir cuánta plat a v e n d r á del Banco Central y cuál será e l m o n t o de las letras que el Tesoro colocará en otros organismos públicos, empezando por la ANSeS.

El problema es uno bien conocido por los especialistas: los colchones, antes robustos, ahora han quedado bastante desinflados de tanto exprimirlos. Al menos, para las necesidades de este año. Y la consecuencia es una brecha preocupante.

Poco tiempo atrás, en el Gobierno habían estimado que la eliminación de subsidios podría reportarle al Fisco un ahorro cercano a los $ 25.000 millones.

Hoy ese monto luce demasiado optimista, por varias razones.

Una, que no es fácil pegarle un corte semejante a un modelo que tiene su propia inercia y en 2011 consumió más de $ 70.000 millones. Otra, que eso entrañaría altos costos políticos. Y, al final, porque todavía no logran acertar con la instrumentación de un régimen empujado por el apuro.

No es casual, pues, que exploren cualquier vía para capturar recursos impositivos. Sin una ley, que necesariamente debería ser aprobada por el Congreso: desnudaría apremios y amplificaría ruidos.

Un artículo incorporado al último DNU ha puesto en alerta a los gremios estatales. Contempla revisar toda la estructura salarial del sector público nacional, para determinar si corresponde mantener "y, en su caso, limitar" los montos adicionados al sueldo. Los sindicatos sospechan que se trata de una herramienta para jugar en las paritarias o, para el caso lo mismo, que el ajuste también irá por los sueldos de sus afiliados.

No queda claro si la decisión alcanza a los funcionarios, aunque debiera suponerse que la regla es pareja para todos.

Otra señal del mismo tipo toca a los estatales del interior. Figura como condición para que las provincias puedan acceder, por otros dos años, al régimen que les difiere el pago de deudas con la Nación.

Las obliga a informar a la AFIP sobre "la nómina y masa salarial del personal provincial y municipal, tanto en relación de dependencia como contratado, activo y pasivo". El argumento es que así será posible controlar la evasión y el trabajo en negro, pero deja latente la impresión de que el Gobierno central también quiere meter mano allí. O da como para pensar en una fórmula equivalente a ayuda financiera nacional contra ajuste provincial.

Por donde se lo mire, 2012 retumba como el año del ajuste.

Llegó, entre otras, a la Ciudad Autónoma, a la provincia de Buenos Aires y a Córdoba, bajo la forma de aumentos en la presión impositiva. Mendoza avanza por el mismo camino y Santa Fe postergó 15 días el pago de los sueldos de diciembre.

En Santa Cruz, una revuelta de los empleados públicos trabó recortes en salarios y jubilaciones: hasta ahora, el gobernador Peralta sólo pudo aplicar una poda en los gastos administrativos.

Y Río Negro sacó una ley que declara la emergencia generalizada y pone en disponibilidad a todo el personal provincial.

El Gobierno central deberá enfrentar estos primeros meses con serios problemas de caja.

Para empezar, son de riguroso contado las importaciones de gas licuado y combustibles, que vendrán a tapar buena parte del déficit energético y consumen millones de dólares. Hay un aumento a los jubilados en marzo y de inmediato entran las paritarias de los estatales.

Ya adelantó un incremento en el gas, al margen de la quieta de subsidios, mientras proyecta subas en trenes y colectivos. Además, es bien probable que sean demorados los pagos de obras públicas, tal cual pasó en noviembre y diciembre.

Aun cuando la tarea de definir el verdadero cuadro de situación está en manos del secretario de Hacienda, lo cierto es que el panorama fiscal tiene muy preocupado al ministro Economía.

La esperanza de Hernán Lorenzino es perforar el discurso del desendeudamiento, para apelar al mercado internacional de crédito.

Así están las cosas. Y será difícil encontrar un relato capaz de encubrir lo que es un ajuste hecho y derecho.