Pablo Givogri R García Consultores// Ariel Masut R Garcia Consultores
El Gobierno Nacional decidió modificar la política de subsidios energético. En el gas, esto queda establecido con la actualización del ítem de facturación correspondiente al cargo de importación mediante la Resolución Enargas 1982/2011. El principal objetivo es recaudar $ 13.000 millones, o sea diez veces más que en el cargo establecido en el 2008.
Como se puede apreciar de la experiencia argentina, la política energética no es ni puede ser independiente de la política económica; muy al contrario, la interrelación es grande: los precios reprimidos de la energía, los subsidios cruzados entre productores y consumidores y la ausente aplicación de un marco regulatorio y jurídico adecuado en el país han conducido a una enorme presión sobre las cuentas fiscales y externas, en un contexto de escasez de divisas, empeoramiento del contexto internacional y deterioro de las cuentas públicas.
El nuevo cargo establece montos a ser facturados por tipo de usuario de manera discrecional, tanto en su fijación como también en su primera aplicación efectiva (residencias de la ciudad de Buenos Aires, countries y ciertos sectores manufactureros). Si se computa el valor promedio de este nuevo cargo teniendo en cuenta la fracción del consumo interno que representa cada uno de los segmentos de demanda, se observa que el cargo presenta un valor casi similar al precio del gas que recibe el productor local: 2,7 dólares por millón de BTU. Semejantes niveles de cargos muestran que se trata de una medida estrictamente fiscal, que no resuelve el problema estructural del sector, el cual es la brecha creciente entre la oferta y demanda. En otros términos, no se ataca la falta de incentivos a los diferentes proveedores de la cadena del gas y, por el contrario, estas actividades continúan subsidiando a los usuarios.
El país ya es un importador neto de gas, situación que, en las condiciones actuales del mercado, se amplificará en poco tiempo puesto que se espera que en cinco años el 40% / 50% del consumo doméstico provengan del exterior. En un mundo con precios de los energéticos elevados, la provisión de gas importado continuará encareciéndose. Es decir, si se tuvieran en cuenta los volúmenes a importar de Bolivia y por medio de barcos, el costo de esta canasta rondaría mínimamente los 15 dólares por millón de BTU: es decir, cinco veces menos que lo que recibe en la actualidad un productor local de gas convencional, y tres veces lo percibido por uno de gas no convencional.
Si esta lógica permaneciera, implicaría que el valor del cargo deberá incrementarse fuertemente en poco tiempo. Si se piensa que los cargos para las diversas categorías fueron establecidos para recaudar 3.100 millones de dólares, los cargos que permitirían afrontar la factura de gas importado en el mediano plazo serían irrisorios dado que el valor de los requerimientos de importaciones se encontrará entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. En este contexto, la instrumentación vía cargos de importación se vuelve inviable cualquiera sea el horizonte considerado.
La política energética tiene como desafío crear condiciones que generen incentivos a la producción de gas no convencional, de la cual el país tiene tres elementos fundamentales para lograr su desarrollo: posibilidad de incorporar grandes reservas, empresarios dispuestos a invertir y know how suficiente. Este sería el camino más eficaz para reducir la dependencia externa.
Aunque a esta altura pueda parecer obvio, la solución del problema energético requiere una visión integral para solucionar gradualmente este problema estructural. Al menos un puñado de medidas orientativas son necesarias:
I) Nuevo acuerdo entre el Gobierno y Productores, incorporando a los actores que intervienen en el downstream;
II) Tender a la unificación del precio de gas en boca de pozo, sin distinción entre gas convencional y no convencional;
III) Compromiso de productores de abastecimiento del mercado, con nuevas pautas de precios, asignación del gas entre distribuidoras y usuarios unbundling, contratos anuales al precio único. Lo anterior debe coexistir con un segmento de usuarios con precios diferenciales más bajos, pertenecientes a los hogares de menores recursos. En estos casos, el Gobierno debe asegurar una cantidad de metros cúbicos mensual máxima a consumir a precios más bajos;
IV) Establecer calendarios de inversión a productores que guarden relación con el aumento en el precio y los correspondientes costos del proyecto; y
V) aumento iniciales de tarifas de transporte y distribución previo a acuerdos de revisión integral por empresa.
En síntesis, atacar el problema estructural del sector supone fijar pautas integrales de precios para el sector, impulsando una política tarifaria que refleje principios económicos para la evaluación de los proyectos de toda la cadena de proveedores. Con estas pautas, se irán requiriendo menos subsidios, y los consumidores tendrán reglas claras para programar el uso racional de la energía.
