Por Ricardo Buryaile Diputado Nacional por la UCR

A nivel mundial se está dando una discusión que trasciende fronteras sobre la temática que nos ocupa.
Debemos ser conscientes de que nuestro país y el desarrollo de las diversas regiones depende fuertemente de las inversiones, nacionales o extranjeras.
Teniendo en cuenta esto, cuando legislamos, hagámoslo como dice nuestra Constitución nacional, que en el artículo 75 inciso 18, nos manda a “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias (...)y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.
Por ello, no debemos equivocarnos y confundir la compra de tierras por extranjeros en el país, con la quita de soberanía al Estado y a los argentinos, cuando en la realidad nada tiene que ver con eso.
¿Cómo puede ser que diputados de la Nación confundan el concepto de soberanía con el concepto de dominio?
Si un extranjero adquiriese la titularidad de dominio de un inmueble rural, adquiere su propiedad, pero jamás podría llegar a ser el “soberano” de dichas tierras, porque es del Estado Argentino esa soberanía.
No debemos olvidar que el artículo 124 de nuestra Constitución dice que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El dictamen de la Unión Cívica Radical respeta la Constitución Nacional, es decir que, de esta manera será cada provincia la que fije los límites a la propiedad de extranjeros de sus tierras, ya que es sabido que no es lo mismo 1000 has. en la Pampa húmeda que en Formosa.
Por el contrario, el proyecto de Ley de protección al dominio nacional presentado por el PEN invade la esfera de la jurisdicción provincial y por lo tanto es de imposible aceptación en esta Cámara de Diputados.
Nos equivocaríamos si definiéramos la tierra como “recurso no renovable escaso y estratégico”, como lo hace el proyecto oficial. La tierra es un recurso renovable, es decir, que se puede regenerar por procesos naturales, siempre que se le dé tiempo para que lo haga y si la trate correctamente.
En el caso de que este proyecto llegue a ser ley, además estaríamos legislando con criterios diferentes entre tipos de recursos, ya que con la ley minera se le ha dado absoluta libertad y asimismo se fomenta la inversión internacional en la producción y extracción de estos recursos, a pesar de ser no renovables, es decir finitos. En el caso de la tierra, que es un recurso renovable, se busca limitarlo.
El proyecto del PEN presenta importantes debilidades ya que no es claro en los fines que se propone, no logra explicar para que legislar en este sentido al no tener sustento ni técnico ni científico para hacerlo.
Del proyecto oficial se destaca principalmente la inconstitucionalidad, y el establecimiento de límites que demuestran un amplio desconocimiento acerca de la estructura geopolítica y productiva de la Argentina, Además no contempla la potestad de las provincias sobre la tierra como recurso natural, y resulta de aplicación imposible ya que constituir un Catastro y un Registro Nacional implica nuevamente desconocer la realidad de cómo están organizadas las provincias.
Como diputado representante de la provincia de Formosa no estoy dispuesto a entregar a alguien la decisión de qué es lo que vamos a hacer en mi provincia. El proyecto oficial no asegura el respeto a mi provincia y a sus derechos.
Estamos haciendo una ley para evitar la extranjerización de la pampa húmeda. Pareciera que acá lo único que preocupa es dónde se siembra soja. La Argentina es mucho más grande.
¿Saben adónde van las inversiones de las que estamos hablando? A Santiago del Estero, a Misiones, a Formosa, a la Patagonia. Nadie vende una hectárea en Pergamino o en Venado Tuerto. Pido que cuando hablemos de lo que tiene que ver con estos procesos, hagamos abstracción de que en la Argentina no todo es soja.
Ejercer la soberanía para el progreso de la Nación, significa legislar pensando en el desarrollo integral de todo el país, sin discriminar por regiones, respetando el federalismo y el dominio originario que las provincias tienen sobre los recursos naturales existentes en su territorio.

Tierras, al recinto

Ámbito Financiero


El proyecto de ley que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros recibió ayer dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara alta y podría ser debatido en la próxima sesión. La iniciativa obtuvo ocho firmas de los integrantes de la Comisión que conforman el Frente para la Victoria y una en disidencia parcial del representante de FAP, Jaime Linares.

De ser aprobada, la iniciativa que fue reclamada por la presidente Cristina de Kirchner en su discurso de asunción el último 10 de diciembre se convertirá en ley debido a que ya cuenta con sanción de Diputados. El texto tomó como base la propuesta que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados en abril pasado e incorporó modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques, como el que redujo, por ejemplo, del 20% al 15% el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera. Además, según el texto -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos-, de ese 15% total no podrá haber más del 30% en manos de «personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad».