Por Claudia Chaves, Profesora del IUEAN
En los últimos años, la industria de la construcción en la Argentina presentó un destacado y sostenido crecimiento. Sin embargo, ni en los centros cosmopolitas, ni en las nuevos centros urbanos, se realizó un diseño urbano adecuado que permitiera planificar las mejoras y ampliaciones requeridas en la infraestructura.
Las consecuencias son observables: la falta de suministro eléctrico, la saturación de las redes cloacales, la provisión insuficiente de agua corriente y, más grave aún, los derrumbes de edificios cada vez más frecuentes. Si esta falta de planificación, la trasladamos al sector industrial, el problema es aún más grave.
El gobierno “intervino” en el desarrollo de algunos sectores industriales con políticas adecuadas. Parafraseando a Michael Porter (1991) cuando explicaba su ya famoso “Diamante”: “sólo el sector público es capaz de transformar desventajas en ventajas competitivas”, sea a través de políticas productivas, promociones industriales, beneficios fiscales, préstamos a tasas blandas o con períodos de gracia, etc.
A modo de ejemplo, menciono dos de esas acciones: La Ley 26.539, que consagra a Ushuaia “Polo Tecnológico”, y el apoyo al sector Agroindustrial de las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Estas actividades, son generadoras de empleo y tal vez, más importante aún, de empleo “en blanco”. En el caso particular de la agroindustria, se estima que la misma genera directa o indirectamente 90.000 puestos de trabajo, amén de exportar a mercados ‘no tradicionales‘ como la Federación Rusa, Kazajstán, Ucrania, Bulgaria y Polonia. Distintos organismos colaboraron con el posicionamiento que la Agroindustria alcanzó en estos mercados: la Fundación Exportar (acompañando y asesorando a los Empresarios), el INTA (con su asesoramiento en cuanto a técnicas de cultivo reconocidas mundialmente), el Banco de la Nación Argentina (acordando con la Banca rusa el financiamiento a los productos de fabricación argentina), el Gobierno Nacional (firmando acuerdos de colaboración con los gobiernos de esos Estados) y los gobiernos municipales (mediante beneficios impositivos).
Volviendo a Porter, dos de las actividades secundarias de su “cadena de valor” son el almacenamiento y la infraestructura, y en este punto cabe preguntarse: los insumos con los que cuentan estas empresas, ¿son suficientes para garantizar un mayor nivel de producción?; la infraestructura que poseen, ¿está preparada para el crecimiento esperado?; los servicios conexos o de apoyo existentes, ¿son suficientes?
Y, centralmente, ¿se realizaron las inversiones necesarias, en especial en materia energética, que permitan un mayor desarrollo industrial?
Éste último es el factor crítico que enfrenta en la actualidad la economía argentina: la problemática energética.
La energía eléctrica constituye uno de los pilares estratégicos para el funcionamiento del aparato productivo del país. Para lograr el desarrollo económico tan deseado, resulta indispensable mantener dicho servicio de manera permanente e ininterrumpida.
Es el Sector Público quien debe invertir de manera urgente en la generación de energía, empleando si es necesario reservas: seguramente John M. Keynes así lo hubiese propuesto.
