Por Daniel Gustavo Montamat. Economista
La reducción de subsidios y el consiguiente aumento de las facturas de gas y electricidad traslada a los consumidores de esos servicios un costo que antes asumían todos los contribuyentes con impuestos (incluido el impuesto inflacionario). La medida mejora el equilibrio de las cuentas públicas y la equidad distributiva, pero no resuelve el problema energético. La cadena de valor energética sigue con las mismas señales de precios y el país se prepara para importar más energía.
La madeja de los subsidios energéticos tiene tres grandes nudos que habría que desatar en simultáneo y gradualmente para revertir la declinación productiva y la caída de las reservas, además de aliviar la carga del desbalance sectorial sobre las cuentas públicas y externas a la vez. El nudo de los subsidios económicos al consumo energético, el nudo de los subsidios presupuestarios, y el nudo de los subsidios cruzados (multiplicidad de precios mayoristas para el gas y la electricidad).
El nudo de los subsidios económicos es consecuencia de las retenciones, los congelamientos y las administraciones y controles de precios. Implica el divorcio de los precios domésticos de la energía respecto a sus referencias, y tarifas reguladas que no recuperan costos. El barril de petróleo se vende a u$s 70 en el mercado doméstico pero cuesta más de 100 importarlo; el millón de BTU de gas natural se paga 2,80 a la producción doméstica pero se importa de Bolivia a 10,73 (entre u$s 13 y 19 el que viene por barco); el megavatio hora de electricidad mayorista está topeado en $ 120 desde hace años. Todo esto ha generado transferencia de rentas de la industria energética al resto de la economía, que, en general, ha beneficiado a los consumidores finales, sin un impacto presupuestario o fiscal directo. Estas transferencias han influido, sin embargo, en las decisiones de inversión y consumo y en la consiguiente pérdida del autoabastecimiento energético. Cuando importamos energía (gas natural, gasoil, fuel, nafta y electricidad) los precios internacionales a los que quisimos cerrarle la puerta se nos meten por la ventana.
El nudo del subsidio presupuestario es una consecuencia del nudo anterior. La escasez de energía de producción nacional debe ser suplida con importaciones a los precios de referencia internacional. Como el gas de Bolivia no se puede vender en el mercado interno a u$s 10,58 el MMBTU, el presupuesto tuvo que hacerse cargo de la diferencia.
Como las centrales térmicas no tienen gas suficiente para operar y deben comprar gasoil o fuel mucho más caro que el precio que le reconocen, el Tesoro se hacía cargo de subsidiar la compra de esos combustibles. Así con el gasoil importado con cupo, y con el que va subsidiado al transporte de pasajeros. Como los operadores de los segmentos regulados (transporte, distribución) no tienen tarifas para hacer las ampliaciones, hay que cobrar tributos y crear fondos fiduciarios que se hagan cargo de las obras. Todo esto ha tenido un costo fiscal creciente. Empezó en $ 3000 millones en el 2005 y llegó a los 45.000 en el 2011. Este es el nudo que procura desatar el Gobierno con el ajuste de las facturas de gas y electricidad, trasladando el costo fiscal a los usuarios y focalizando las excepciones en quienes acrediten necesidad de asistencia.
El tercer nudo de los subsidios cruzados es una consecuencia de la decisión de segmentar demanda para que el mismo producto se venda a distintos precios según la audiencia política en cuestión. Para desatar los nudos y desenredar la madeja ha primado la posición fiscalista. Los aumentos que vienen en las facturas buscan una reducción drástica de los subsidios presupuestarios, que a su vez contribuirá a reducir la brecha de subsidios cruzados. Pero el subsidio económico se mantiene. Como consecuencia, los precios del productor nacional de energía, incluidas las tarifas del que transporta y distribuye la energía, no se han modificado. Subió la factura para aliviar al Tesoro, pero el productor de gas argentino seguirá recibiendo 2,80 el MMBTU y el generador eléctrico $120 el megavatio hora. La inversión seguirá siendo escasa y habrá necesidad de importar cada año más. La opción realista impone una recomposición gradual y concomitante que reduzca el subsidio económico, alivie las cuentas públicas y converja a precios mayoristas únicos. Todo en una transición acordada de 4 a 5 años para que precios y tarifas energéticas vuelvan a reflejar sus costos económicos.
