Por EMILIO APUD EX SECRETARIO DE ENERGIA Y MINERIA DE LA NACION
Por imperio de las circunstancias más que por convicción, el Gobierno ha comenzado a andar el camino de la racionalidad y por qué no de la justicia, cosa que debería haber hecho en 2003 .
Los subsidios son, en este caso, una compensación a la tarifa con fondos públicos para cubrir la brecha respecto al costo de producción de determinado bien o servicio, costo que a su vez comprende: gastos de operación y mantenimiento, comercialización, rentabilidad, amortizaciones y costos de capital de inversiones.
Sin embargo hoy, a duras penas la tarifa mas el subsidio en los servicios de electricidad y gas alcanzan para cubrir y precariamente los cuatro primeros componentes del costo mencionados .
Entonces, la tarifa congelada desde hace 10 años más los subsidios ha deteriorado el servicio y la producción de energéticos pues en ese período todo el sector se ha descapitalizado , al no haber recursos genuinos para invertir en la expansión de la oferta. En otras palabras, el capital productivo existente en 2001, representado por las instalaciones en general y las reservas de gas y petróleo, no se ha modificado mientras que la demanda ha crecido permanentemente desde entonces .
Este comentario conduce a una interpretación real de los subsidios en el sector energético. La suma de esos subsidios – casi cero en 2003, este año rozará los 10.000 millones de dólares – y las tarifas, no alcanzan para remunerar la expansión del capital productivo. La eliminación de los subsidios transfiriéndolos a los usuarios, es solo un alivio a la difícil situación fiscal que encara el gobierno, pero de ningún manera revertirá la decadente situación del sector que tan solo en ocho años pasó del autoabastecimiento con saldos exportables a una dependencia creciente de importación.
Que quede claro: la eliminación de los subsidios no altera en absoluto el estatus quo del sector energético ya que ni un peso va a las empresas.
Estamos recién iniciando la primera etapa del sinceramiento tarifario.
En una segunda inexorablemente se deberá establecer, luego de un análisis serio de costos de los servicios, el valor de la tarifa de equilibrio. No olvidemos que los valores tarifarios de gas y electricidad los establece el gobierno por ser estos sectores regulados.
Las medidas iniciales, aunque confusa y demagógicamente anunciadas – se aplican a las odiosas empresas y algunos de los barrios donde habitarían los ricos – son auspiciosas aunque no llegan a eliminar el 10% de los subsidios. Pero a no engañarse, para eliminar los subsidios en serio hay que actuar sobre todos los sectores residenciales del consumo, salvo acotadas excepciones, pagando los costos políticos que sean necesarios.
Recurriendo a datos medios, se puede estimar que la eliminación de los subsidios significará pagar una cuenta con un valor dos veces el actual y luego para alcanzar la tarifa de equilibrio, a esa factura sin subsidios habrá que levarla aproximadamente al doble.
Es decir al final del sinceramiento estaremos pagando unas cuatro veces lo que nos habíamos acostumbrado a pagar. Hace 10 años estas tarifas significaban en promedio entre el 4 y 5 % de un presupuesto familiar tipo. Hoy es el 1%. Es decir que alguna vez ya pagábamos lo que corresponde.
Por supuesto que social y políticamente un ajuste de estas características que tímidamente acaba de emprender el gobierno tiene altos costos. Pero también lo es que parte del capital político acumulado por la gestión kirchnerista, representado en el 54% de los votos, es fruto de haber vivido en la ficción de tarifas congeladas durante casi 10 años y en consecuencia es justo y razonable que ahora recurra a ese capital político para resolver el problema tarifario y energético que originó.
Pero para que vuelvan las inversiones al sector no alcanza con una tarifa adecuada. Es necesario corregir otros condicionantes como la seguridad jurídica, reglas de juego claras, instituciones en vez de funcionarios agresivos, menor intervencionismo, mayor transparencia y políticas de estado.
En cambio, se persiste con señales contrarias a la inversión, siguiendo una de las máximas de los manuales del populismo: el cortoplacismo. En un momento en que es necesario seducir a inversores de todo el mundo para que participen en el proceso de recapitalización del sector energético y en general del país, hay gustos que deberíamos postergar. Al Gobierno ya no le alcanzan los agro dólares para mantener la fiesta del consumo , aunque esta le haya dejado réditos políticos que están a la vista.
Por: Fernando Navajas .Economista jefe de FIEL
Hace cinco años, un grupo de economistas y profesores universitarios empezamos a indagar la necesidad y los contenidos de los mecanismos de tarifa social, entendida de modo amplio como el conjunto de mecanismos que pueden evitar o suavizar el impacto de aumentos tarifarios sobre grupos vulnerables de la sociedad. La iniciativa terminó en un libro con varias enseñanzas, pero lamentablemente nunca fueron escuchadas por el Gobierno, que durante todos estos años demostró bastante arrogancia y autoconfianza. De hecho, el Gobierno no se cruzó de brazos en 2008, cuando empezó a buscar una salida de los subsidios por la vía de aumentos asociados a bloques de consumo. Ni mucho menos se está quedando quieto ahora, con una ofensiva abierta para volver sobre el mismo asunto. En 2008, lamentablemente, en vez de prestar atención sobre mecanismos tarifarios estudiados afuera y localmente, el Gobierno prefirió hacer las cosas «manu militari» y terminó cometiendo errores que le hicieron descubrir por la fuerza de la oposición de la gente y de la acción judicial, lo que se le hubiera podido explicar, preventivamente, en pocos minutos. Todo esta crítica, está dicha, sin embargo, reconociendo que hablar de correcciones tarifarias (o la reducción de subsidios, en la jerga que le gusta usar al Gobierno) es mucho más fácil hacerla en el pizarrón o en Excel que en la realidad política de una sociedad como la argentina.
Una de las enseñanzas de la revisión de la experiencia internacional que se hizo durante los estudios mencionados arriba es que no hay una fórmula única para implementar subsidios o eliminarlos. Una de estas dificultades proviene de lo que se conoce como la definición del «grupo meta u objetivo» al que se quiere proteger de los aumentos. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, se estaba implementando una definición de «pobre tarifario» (en realidad era pobre «energético» porque se trataba de precios de energía) que decía que si el costo de lo que uno pagaba era superior al 10% de su ingreso entonces uno entraba en esa categoría. Esta definición, que uno podría decir era demasiado laxa o particular como para exportarla a otros contextos, terminó siendo un problema en el mismo Reino Unido. En primer lugar se descubrió que familias con una configuración particular de tamaño o equipamiento podían estar fácilmente superando este umbral. La evidencia se hizo más notable este año cuando se supo que la «familia real» (es decir, la Reina) podía estar cayendo en esta definición por el uso intensivo de la electricidad que demandaban los palacios. En segundo lugar, y esto queda muy bien graficado por el ejemplo anterior, podía ocurrir que alguien sumamente rico gastara más del 10% de su ingresos en las cuentas de energía y de todos modos seguir siendo muy rico. Con lo cual la definición se desvanecía rápidamente como idónea o adecuada para definir quién debía recibir subsidios y quién no. Esto llevó a su vez a una revisión de los esquemas, muy en el estilo de una democracia abierta, a través de un pedido de un informe a un profesor de Ciencias Sociales de la LSE (London School of Economics and Political Science) que ahora está siendo debatido por la sociedad.
En la Argentina estamos lejos de semejante parsimonia institucional. Todo se termina haciendo rápido y muy «manu militari». Hasta que los errores afloran y aparecen las oposiciones o revueltas. Lo que estamos viendo ahora no merece una crítica acérrima porque es un intento «a la Argentina» de hacer las cosas (lo que sirve es lo que funcione, como en la película de Woody Allen). Además, es muy temprano para elucubrar críticas destructivas, porque no terminamos de conocer o de entender cuáles van a ser bien los mecanismos y procedimientos.
Aun así, podemos darnos cuenta, haciendo un paralelismo con los episodios de 2008/09, de que el Gobierno tiene que darse cuenta -valga la redundancia- de que no puede evadir el problema de la definición «grupo meta u objetivo» y que hacer las cosas de modo no explícito -a través de una supuesta declaración jurada que se parece más a un ejercicio de «autofocalización» que a lo que debiera hacer una política pública consistente- puede llevarnos a más de un problema. Permítaseme, modestamente, mencionar un caso nada trivial. Pensando ahora como macroeconomista, una cuenta relevante para evaluar el impacto y consecuencias de los aumentos tarifarios de electricidad, gas y agua es el impacto de bolsillo que esto va a tener en los trabajadores formales sindicalizados de la Argentina, que son uno de los actores que pueden dar lugar a una espiral salario-precio. Este grupo está compuesto por personas con ingresos familiares que (en promedio) no los habilitan para reclamar un subsidio por razones de vulnerabilidad económico-social. Sus miembros tienen trabajos estables y bien remunerados, y que (gracias al modelo, agregaría el Gobierno) han podido ver evolucionar hacia arriba sus salarios reales. Tanto es así que una parte significativa de este importante grupo social paga Impuestos a las Ganancias y de hecho han estado presionando en años recientes para que el mínimo no imponible sea ajustado para que dicho impuesto no los alcance. Supongamos un hogar que percibe ingresos de un trabajador formal sindicalizado y con un nivel de ingresos mensuales de 6.000 pesos. Este hogar, en los términos (oscuros para mí todavía) que el Gobierno dice que va a manejar las excepciones a los subsidios no podría pedir una excepción. Mis estimaciones preliminares indican que con los ajustes de tarifas que se están anunciando es muy factible que el impacto de bolsillo de los aumentos de electricidad, gas y agua de un grupo familiar de esta naturaleza esté cercano al 10% del sueldo de bolsillo. En la jerga de la (vieja) definición usada en Gran Bretaña este grupo familiar pasaría a ser «pobre tarifario». En la Argentina, en cambio, se va a producir un lío macroeconómico, excepto que -como hemos dicho más de una vez- los aumentos sean muy pausados en el tiempo.
Francisco Dos Reis Presidente Asociación de Pequeñas y Micro Empresas
Una de las banderas que hemos levantado bien alto durante toda nuestra historia política ha sido la de la redistribución del ingreso, ese histórico reclamo de dar mas a los que menos tienen. Estamos lejos de repartir la torta equitativamente, pero se están dando algunos pasos que permiten soñar que ese momento algún día llegue.
Hay dos formas de ver la quita de subsidios a aquellos sectores económicos y sociales que no los necesitan: Por un lado, el establishment reclama esta medida para achicar el gasto público, ese que tanto asusta a los que creen en las recetas del FMI y del capitalismo ortodoxo que está llevando a la quiebra a los países desarrollados. Pero también puede entenderse como una herramienta social muy fuerte, que permite al Estado dejar de pagar la luz, el gas y el agua de barrios privados, Puerto Madero y Barrio Parque, por ejemplo, para redireccionar esos recursos a los sectores más postergados económica y socialmente.
Pero no solo los barrios más acomodados deberán afrontar el pago de la tarifa plena, sin subsidios, sino que deberá ser un ejercicio de conciencia que hagamos todos y cada uno de los argentinos, para entender que la redistribución del ingreso es mucho mas que un enunciado, es una forma de entender la vida política de un país, es parte de un modelo económico solidario.
Y si se habla de solidaridad, las pymes sabemos de qué se trata. Se trata de salir a sostener una fábrica, una empresa, un emprendimiento, aunque eso signifique quedarnos sin nada; es dar empleo, es reinvertirlo todo; es caerse y levantarse; es enfrentar pagos e inversiones sin contar con el respaldo del sistema financiero; es saber que uno no se salva solo.
Y por eso es tan importante que en esta medida de quita de subsidios se haya creado un sistema voluntario de exclusión. Sería una verdadera revolución que la mayoría de los que no los necesitamos adhiramos voluntariamente; que muchos pongamos en práctica eso que pregonamos. Pero para que esta medida sea realmente efectiva, la gente tendrá que entender qué significa la quita, porque va a pegar en la víscera que más duele: el bolsillo. Quienes tenemos responsabilidades de dirigentes deberemos explicar, hacer docencia, para que se entienda que no es un ajuste o un tarifazo, como algunos nos quieren hacer ver, sino una medida de redistribución de recursos del Estado.
El fin de los subsidios para todos habla del cierre de un capítulo complejo para el país, donde hubo que salir a subsidiar los servicios básicos para sostener el trabajo y la producción. Hoy, podemos volver al punto inicial, y usar esos recursos para mejorar las condiciones de la base de la pirámide, hay que luchar contra la pobreza y la marginalidad e incrementar los índices de inclusión social.
Por eso, también es importante la exclusión de las pymes de los alcances de la quita. A las pequeñas y micro empresas hay que ayudarlas a reinvertir, darles tasas más razonables, más baratas. Esto producirá, en el futuro, más trabajo legal y legitimo.
