Por Marcelo Cantón
Alza en el costo de los servicios públicos, suba de tasas de interés, aceleración de la devaluación, discusión de techos para los salarios. Son pilares sobre los que se basaría un plan clásico de ajuste sugerido por el FMI en los 80 o los 90. Y también son datos de la realidad económica actual. Un ajuste para adaptarse a la realidad, dicen los economistas. Pero eso no implica que el Gobierno, claro, esté siguiendo (ni por mucho) lo que podría sugerir del Fondo.
“Sumado todo, parece una posición bastante ortodoxa, semejante a lo que hubiéramos recomendado en el Fondo años atrás -dice Claudio Loser, ex funcionario del FMI-. Es parte de lo que yo llamaría un programa clásico del Fondo”. “Pero -agrega con cierto grado de humor-, si bien la música es la adecuada, hay que ver si realmente están bailando al ritmo de esa música ”.
El ajuste en los servicios públicos apunta a reducir el gasto público y recuperar superávit fiscal. La suba de las tasas fue sugerida a toda América Latina semanas atrás por el FMI para enfriar la economía de la región, a la que diagnosticó “recalentada”. La aceleración devaluatoria busca recuperar la competitividad de las exportaciones, mejorando el alicaído saldo comercial externo. Los techos para la discusión paritaria son negados en público por empresarios y funcionarios, pero todos coinciden en privado que el objetivo deseado sería un alza de alrededor del 18%, por debajo de la inflación esperada para el año.
“Conceptualmente todo eso sumado es un ajuste , claro -dice el economista Carlos Melconián-. Pero hay que ver hasta dónde el Gobierno lleva estas políticas”. Según su punto de vista, hay algo que no tiene marcha atrás, la suba de las tasas.
“Eso lo decidió el mercado, cuando se lanzó a comprar dólares, no fue una decisión de política económica -señala-. Y tendrá impacto en el nivel de actividad , que se sentirá en los próximos meses.” Sin embargo, para Melconián las otras variables en juego habrá que verlas en la cancha . “¿Podrá el Gobierno poner un techo a la suba de salarios? ¿Seguirá la devaluación o habrá un freno por temor al impacto inflacionario y en la fuga de capitales?”, se pregunta.
Guillermo Rozenwurcel, investigador jefe de la Universidad de San Martín, coincide en que esas medidas sumadas parecen “un plan clásico del FMI, es cierto”. “Cuando hay desajustes económicos, los ajustes se producen, sea por decisión de política económica o como una respuesta espontánea de las variables ”. Pero no cree que tenga el impacto de un plan programado. “Tarifas, salarios, devaluación, etc., pero sin un anuncio formal, de manera descoordinada , no harán que los agentes económicos retomen la confianza. Y así, los costos recesivos de esas medidas serán mayores”.
Con ese impacto en el nivel de crecimiento coincide Claudio Lozano, economista y diputado por el Frente Amplio Progresista. “En tanto y en cuanto no aparezcan medida que planteen la situación en profundidad, así como está planteadas las medidas cambiarias, la suba de tasas, la apertura devaluatoria y la reducción de subsidios con impacto tarifario, afectarán la actividad . Si una pyme descuenta un cheque al 60%, eso golpea el nivel de actividad.
Para el analista político Rosendo Fraga, en tanto, hay otros temas para tener en cuenta. “Algunas medidas se parecen a lo que podría recomendar el Fondo, es cierto, pero aquí matizado con controles al dólar, al comercio exterior, con el INDEC ..., todas decisiones que van en contra de lo que recomendaría el Fondo. Es un clásico del PJ, medidas de una orientación mezcladas con otras totalmente contrarias. Esto parece un ajuste clásico, es cierto, pero por sobre todo hay que tener en cuenta cuánto se distanció la política del discurso de la campaña , cuando se hablaba de profundizar el modelo y más medidas de redistribución”.
Por Juan Miguel Massot Director Investigaciones Económicas USAL
Cuando el sistema monetario internacional nacido de los Acuerdos de Bretton Woods comenzó a derrumbarse se aplicaron algunas medidas correctivas que mostraron ser absolutamente insuficientes para evitar su colapso. Tales medidas trascendieron a la literatura económica por la frase “demasiado poco, demasiado tarde”.
En estas semanas los economistas argentinos analizan un caso que podría ser calificado el día de mañana de la misma manera. Se trata de los anuncios del gobierno sobre cambios en la política de subsidios estatales.
Esta medida parece el inicio de un cambio de enfoque en el tema que permitiría reducir progresivamente su peso económico y mejorar su asignación hacia los sectores social y económicamente más necesitados.
Si así fuese, la política fiscal contribuiría a la sustentabilidad macroeconómica del país por varios canales. Primero, facilitaría el restablecimiento de un nivel de superávit fiscal compatible con una política monetaria y cambiaria cuyos objetivos sean la estabilidad de precios y un tipo de cambio real alineado con el de equilibrio de largo plazo. Segundo, permitiría profundizar y mejorar la eficiencia de las políticas públicas orientadas a mejorar la condición social de los sectores más vulnerables. Tercero, la progresiva adecuación de la política tarifaria facilitaría elaborar y aplicar marcos regulatorios de los servicios públicos basados en un mejor uso del sistema de incentivos económicos.
Tal como se lo señaló en esta columna el mes pasado (6/10), en un contexto mundial signado por la crisis y en una Argentina que acaba de reelegir a su Presidente, sería muy oportuno una actualización de la política económica, tanto para enfrentar tensiones como las vividas recientemente en materia cambiaria como para facilitar la toma de decisiones que impulsen la inversión privada y la inclusión social.
En este sentido, las medidas se vinculan a dos desafíos para la política actual. Primero, una reorganización integral del Estado que permita brindar bienes públicos suficientes con una presión tributaria más baja y equitativa. Los anuncios sobre los subsidios parece un primer paso en el sentido correcto. Segundo, diseñar y aplicar progresivamente políticas sectoriales que incentiven la inversión privada, lo que implica necesariamente rediseñar las políticas de regulación de los mercados y, en consonancia con lo expresado, otorgarle un rol subsidiario del Estado. Esto último no es sinónimo de Estado mínimo, bobo o fofo, sino del Estado óptimo dada las preferencias de la sociedad argentina actual. En esta materia, también hay mucho por hacer, ya que las intervenciones y regulaciones del estado en la economía son mayoritariamente ineficientes, incluso para los fines de corto plazo impulsados por el propio gobierno.
Si en los trimestres venideros no se abordan con rigurosidad técnica la participación del Estado en la economía, las medidas de política monetaria y cambiaria que se tomen poco pueden lograr en materia macroeconómica. Por ello, dado que un programa económico concentrado en un crecimiento sustentable con inclusión social es ante todo una decisión política, el poder recientemente recibido por el gobierno constituye una ventaja inigualable para lograrlo.
Quizás podamos celebrar que aún no es demasiado poco ni demasiado tarde para tomar las decisiones más apropiadas a los nuevos tiempos que el país transita.
