Al final, el Gobierno debió meter mano en un sistema insostenible

Por Alcadio Oña

Es de rigurosa justicia que el Gobierno haya decidido eliminar los subsidios para Puerto Madero, Barrio Parque, countries y clubes de campo. Otro tanto le cabe a la resolución de la semana pasada, que dejó afuera del régimen, entre otros, a bingos, casinos, bancos, compañías de telefonía celular, petroleras y mineras. Pero las mismas medidas permiten una interpretación inversa. ¿Cómo es posible que, notoriamente desde 2005, el kirchnerismo les haya subsidiado la luz, el gas y el agua a sectores de altísimo poder adquisitivo y a empresas poderosas o con fuerte capacidad financiera? Nada menos que durante siete años.

Así, algo que hoy luce justo antes era injustificable por completo. Más aún, para muchos usuarios el sistema parecía una invitación al derroche de insumos escasos y estratégicos.

Por lo que ya se ve, cuesta asimilar el modelo a una política de redistribución de ingresos. Desde luego, favorece a las capas de bajos recursos pero también a las medias y a los ricos. Estudios privados cantan que en la cima de la pirámide social están los grandes ganadores.

Sólo un par de números revelan que, en plata, el ahorro de las decisiones conocidas hasta ahora es una gota en el mar de subvenciones. Incluidas las actividades incorporadas ayer, la suma no llega a $ 4.600 millones.

Según estimaciones de la consultora LCG, que dirige el ex ministro Martín Lousteau, este año al Estado se le irán unos $ 44.500 millones, en subsidios a la electricidad y el gas.

De momento, la ecuación refirma un dato adelantado por los ministros Julio De Vido y Amado Boudou: habrá más de la misma medicina.

La obligación de firmar una declaración jurada –un verdadero documento legal–, especificando si se quiere conservar o no la subvención, pone a tiro del ajuste a todo el mundo, empezando por la Capital Federal.

Así será, aun cuando finalmente existan sectores que mantengan el beneficio.

Clarito, eso significa que personas de recursos escasos, de clase media y pudientes estarán obligadas a justificar por qué necesitan los subsidios.

El control será riguroso, dado que se ha decidido movilizar a visitadores sociales y cruzar la información con planillas de la AFIP y la ANSeS. Pero, en cualquier caso, la última palabra la tendrá el Gobierno.

Llegado el punto, estará por verse si no serán vulnerados el derecho a la privacidad y el secreto fiscal. Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP, suele jactarse de que cuenta con una base de datos impresionante, que le pasa por arriba a la de la ex SIDE.

Equivalente a una radiografía de cada uno.

Frente a semejante chequeo, es nada el anuncio sobre countries, clubes de campo, Puerto Madero y Barrio Parque. Hasta se podría ser asimilado a una movida política.

A cuento de esos lugares privilegiados, vale un ejemplo que ayer dio el ministro de Planificación sobre el costo del servicio: dijo que de cada 5 pesos, los usuarios ponen 1 y el Estado otros 4. Traducido: durante años, el Gobierno estuvo bancándoles el 80% de los consumos.

Pese a que no fueron mencionados, los pobladores del conurbano bonaerense también tienen motivos suficientes como para inquietarse, pues pronto les tocará el turno. Si el rastreo fuese aplicado rigurosamente, también llegaría a Santa Cruz.

Medidos por habitantes, los subsidios en la Capital Federal, Buenos Aires y la provincia de los Kirchner so n hasta 56 veces mayores a los que perciben los de Santa Fe, Corrientes y Córdoba. Nuevamente, distorsiones e inequidades notables del sistema creado en la era K.

Todo el tiempo, De Vido elude hablar de tarifas: para evitar “las tapas de los diarios”, reconoció la semana pasada. Debería explicar, entonces, cómo será instrumentado el recorte de subsidios.

Cualquiera sea la forma, surge evidente que habrá aumentos en luz, gas y agua.

Aunque no alcancen a todos o sean limitados y progresivos para otros.

Jamás el Gobierno usará una palabra semejante y cualquiera puede ponerle el nombre que quiera, pero se trata, al fin, de un ajuste.

El kirchnerismo terminó pagando su propia herencia. Forzado por la enorme montaña de recursos fiscales que consumía, debió corregir un régimen que hace años expertos del sector consideran tan indiscriminado como insostenible. “Son los agoreros de siempre”, los descalificaba De Vido.

La fiesta terminó: llega el ajuste

La Nación

Por Carlos Pagni

No podría estar más claro. La fiesta terminó. Cristina Kirchner dispuso una racionalización progresiva sobre las cuentas públicas, cuya dimensión definitiva aún se desconoce.

El problema es muy preciso y se ha decidido atacarlo: el año que viene el Tesoro debe saldar deudas por US$ 7500 millones y 45.000 millones de pesos. De esa deuda en pesos, 20.000 millones están en poder del sector público y, por lo tanto, se pueden reprogramar. Pero hay $ 25.000 millones que, si no hubiera superávit primario, deberían ser emitidos. Y el Gobierno le ha tomado miedo a la emisión. Descubrió que con los pesos se pueden comprar dólares.

La modalidad con que se hace este ajuste reproduce a la perfección el mapa genético del kirchnerismo. El rasgo más reconocible es la oportunidad. Como en 2007, las malas noticias se dan entre el día en que se ganan las elecciones y el día de la asunción del mando. En aquella oportunidad, Néstor Kirchner se encargó del trabajo sucio antes de la entrega del poder. Aumentó las retenciones, la tarifa del transporte y el impuesto a la riqueza. Así su esposa podría asumir la Presidencia prometiendo la "profundización del modelo". Igual que el 10 del mes próximo.

La otra marca de familia del torniquete que Julio De Vido y Amado Boudou exhibieron ayer es el gradualismo. Están aplicando un impuestazo en cámara lenta. Y es lógico. Para un grupo político que se instaló en el poder cuando todavía retumbaban las cacerolas, aumentar la carga tributaria o las tarifas es asomarse al abismo. El Gobierno está tanteando el terreno porque tiene miedo. Ayer fue a lo seguro: Barrio Parque, extendido hasta la vereda par de Libertador, y Puerto Madero; es decir, zonas donde, salvo De Vido, Boudou, Florencio Randazzo o Aníbal Fernández, sólo vive gente acaudalada. Aun así, anoche los funcionarios analizaban la posibilidad de escalonar en la aplicación del cargo tarifario para evitar turbulencias.

El horror por las reglas generales y los mecanismos automáticos que adornó los anuncios de ayer fue otro alarde de kirchnerismo explícito. Serán los funcionarios los que van a decidir a quién le toca y a quién no el retiro del subsidio. Lo harán según las declaraciones juradas que presenten los interesados. Los que se atrevan a pedir serán tratados como vulgares compradores de dólares: los examinarán la AFIP, la Anses y vaya a saberse qué otro organismo de control. Además, como toda la información será exhibida en Internet -es el concepto que Boudou tiene de la transparencia-, el Gobierno pondrá a los consumidores de luz y gas a tiro de un escrache.

Para el oficialismo no existe el disfrute del mando sin cierto margen de arbitrariedad. Eso es el poder. Lo demás son facultades. De Vido y Boudou llevaron ayer ese estilo hasta la caricatura, cuando anunciaron que la guadaña comenzará a actuar sobre los porteños. ¿Hay alguna diferencia entre un consumidor de Barrio Parque y otro de las Lomas de San Isidro? Sí: que la Capital Federal votó a Pro, no al Frente para la Victoria. Es cierto que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires le dieron después el triunfo a Cristina Kirchner. Pero, por lo visto, siguen dando asco.

La segmentación discrecional de los subsidios según el sector de la economía en el que esté radicado el subsidiado esconde también una estrategia cambiaria. Asignar costos distintos a cada tipo de empresa es una forma de fijar distintos tipos de cambio. Es el sueño de Ignacio de Mendiguren, quien para no hablar de "devaluación selectiva" se refiere a "creación de espacios internos de competitividad". Habrá que ver cómo se los explica a los asociados de la UIA que se sienten castigados con las novedades de ayer.

La retórica con que se están comunicando estas medidas ofrece también una peculiaridad del Gobierno, que es un nivel razonable de demagogia: el retiro de los subsidios no es un ajuste para equilibrar los números del Estado sino una penalización ejemplar de la riqueza.

Es un modo de envolver el bisturí. Un montaje. Porque para esta etapa menos festiva de su gestión económica el kirchnerismo todavía no cuenta con una explicación. Es decir: De Vido y Boudou se abstienen de consignar la razón por la cual ahora retiran lo que antes venían concediendo. Y tampoco justifican un comportamiento aun más enigmático: por qué los sectores más acomodados de la sociedad recibieron durante ocho años de administración nacional y popular semejante ayuda solidaria.

Para encontrar esa narración -o, como diría el experto en metamorfosis Horacio González, "para encontrar la forma inherente a esta presencia"- la Presidenta debería reconocer dos fracasos: el de la política de precios y el de la política energética. Los subsidios se han vuelto insostenibles, por un lado, porque la inflación se ha ido devorando el presupuesto del Estado. Y, por otro, porque se ha vuelto cada vez más costoso importar gas a más de US$ 10 por millón de BTU, cuando al productor local se le reconocen sólo US$ 2 por el mismo producto.

Cristina Kirchner se niega a hablar de la inflación. Y también a que la energía tenga un precio. Es la razón por la cual lo que se está llevando adelante no es un aumento de tarifas sino la aplicación de un impuesto, llamado "cargo tarifario", que no se destina a las empresas que suministran los servicios, sino a fideicomisos administrados por el Estado con criterios que se conocieron bien gracias al caso Skanska. Boudou lo aclaró ayer cuando reveló que "pagarán más los que tengan mayor capacidad contributiva". Es decir, no los que consuman más. Se debe haber escapado, porque ese criterio ya fue objetado en tribunales, donde muchas empresas consiguieron hace tres años medidas cautelares en contra de los cargos que se están universalizando en estos días.

Las compañías energéticas que pretendan un incremento en sus ingresos deberán esperar a que Guillermo Moreno examine sus costos y les fije su rentabilidad. A su vez esa operación depende del nivel de asimilación social del reajuste impositivo de ayer, que para algunas familias significará multiplicar por tres o por cuatro lo que pagan por la boleta de la luz. En definitiva: se trata de una disputa entre el Estado y las empresas de servicios por el bolsillo de los consumidores.

El impacto en la capacidad adquisitiva del público es una dimensión crucial de la nueva orientación oficial. Porque la fiesta que termina se sostuvo en el consumo. Todavía no hay economistas capaces de definir la gravitación de estas medidas en el nivel de actividad ni en la competitividad de algunas compañías exportadoras. También este problema está en la naturaleza del kirchnerismo: su gerenciamiento de la economía es pro cíclico. En la expansión, ilusionado con un presente eterno, estimula el consumo. En la desaceleración, enfría. Con el mundo en retracción y Brasil bajando de velocidad, sería la hora de aumentar el gasto, los subsidios y el salario. Pero esos recursos ya fueron agotados y en el peor momento hay que ajustar. Para ese karma no hay relato..

Refranes y colores
Página 12

Por Mario Wainfeld

El segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner empezó, de facto, al día siguiente de la elección. Sin distraerse ni para celebrar, comenzó a delinear la agenda del 2012 y, aun, la de los próximos años. Un solo tema del repertorio fue introducido extramuros del oficialismo: el conflicto con un gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas. Los demás, incluida “la batalla del dólar” (que produjo reacciones y contraofensivas de alto voltaje), fueron propuestos desde la Casa Rosada. Los recortes a subsidios anunciados ayer por el ministro Julio De Vido y su colega (también vicepresidente electo) Amado Boudou corroboran la regla y la tradicional iniciativa hiperquinética del kirchnerismo.

En este caso no es aplicable un clásico refrán: el hilo (hasta aquí y ahora) no se corta por lo más delgado. Los subsidios cuya supresión lisa y llana se anunció beneficiaban a grandes empresas o a usuarios particulares con elevada capacidad patrimonial. Capitalistas poderosos o felices propietarios en parajes cinco estrellas que trasuntan (hasta ostentan o alardean) prosperidad. El único reproche serio imaginable es que debió efectivizarse antes.

Comenzar con quienes no tienen derecho al pataleo es un modo sagaz de incursionar en un terreno en el que existen zonas más grises, complejas. Lo será la ampliación a otros usuarios, a quienes se consultará por escrito si quieren seguir siendo subsidiados por el Estado. La falta de respuesta se considerará renuncia. La metodología propuesta parece sencilla, no hay que ser muy agorero para predecir que tendrá sus bemoles. Un universo mucho más numeroso y variado que el VIP al que se sisó ayer requerirá una implementación refinada. La nueva etapa del kirchnerismo exigirá sintonía fina en la gestión. He aquí uno de los primeros ejemplos y un caso piloto. La legitimidad electoral de la Presidenta le sobra para acallar protestas de los ricos, famosos y prebendados. Un porcentual, no menor, de los subsidios quedará podado de un saque. Aunque los cálculos oficiales o periodísticos son aproximados, cuando no a ojímetro, nadie parece discutir que comienza un ahorro fiscal de miles de millones de pesos. Un avance, una señal, cifras dignas de mención. No es poco, para los primeros días.

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Millones de no millonarios: Frente a las gentes de a pie, la labor será muy otra. En el medio, por así decir, hay una sociedad civil activa y celosa de sus derechos.

El cronista, abogado él aunque con mandato cumplido, destaca que una renuncia de usuarios-consumidores-ciudadanos debe gozar de un marco legal respetuoso de sus derechos. Por lo pronto, será de interpretación restrictiva, a favor de la parte débil del contrato, que es el usuario. El documento tendrá que ser explicado con detalle y transparentarse cuáles serán las tarifas que se pagarán en caso de cambiar la situación actual. Nadie puede ser intimado a asumir que puede pagar un costo mientras ignore de cuánto se trata.

Las asociaciones de consumidores se harán oír. La experiencia comprueba, reversionando otro refrán, que quien siembra vientos, cosecha recursos de amparo. Habrá quien judicialice la cuestión y los Tribunales rebosan magistrados con el “amparo fácil”, siempre dispuestos a frenar la acción ejecutiva, así fuera en base a demandas mal fundadas y peor resueltas.

La casuística de millones de “no millonarios” que no habitan Puerto Madero, ni Barrio Parque ni countries es interminable. Por imaginar un ejemplo: quien habilita una ventanilla para apearse de un beneficio debería abrir otra para que se reenganchen personas cuyo patrimonio o su patrimonio o su situación laboral empeorarán más adelante.

En promedio, el Gobierno comprueba que está al tanto de la necesidad de modificar ejes del “modelo”. Para conseguir objetivos similares a los concretados desde 2003 o para profundizarlos, es forzoso apelar a nuevas herramientas o aggiornar otras.

El modo de plantear la salida, empezando por los sectores de mayores recursos económicos, es un mensaje acerca de las prioridades oficiales. Conjugarlas con una realización acorde, otro de sus desafíos inminentes.

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De azul, pintado de azul: Nobleza obliga: apodar “azul” al dólar traficado ilegalmente es un dechado de corrección política. Basta de apostrofar al “negro” como sinónimo de malo, marginal o delictivo. El cronista supone que serán pocos los que juzguen discriminatoria la nueva elección de color. ¿Quién puede sentirse estigmatizado por el uso del “azul”? Los policías, acaso. ¿Los hinchas de seleccionados deportivos franceses (aunque éstos apoyan al “bleu”)?

Bromas de lado, el tratamiento mediático a las vicisitudes del dólar en estas semanas da material para los comunicólogos, cuyo principal problema en estas pampas es la abundancia de insumos. El aumento de la demanda, las correrías del “blue” fueron tapas de diarios y azote de los televidentes. La baja abrupta del dólar ilegal, en cambio, confirmó los proverbios de Andy Warhol: su cuarto de hora de fama tocaba a su fin, cuando menos en este capítulo.

La edición on line del diario Clarín del martes a la noche prodigaba un modesto record: las peripecias de la City colaban muy, muy abajo en la pantalla. La caída vertiginosa en el ranking lo posicionaba como menos interesante que la reconciliación de Martín Redrado con la vedette Luciana Salazar. El Golden Boy, otro que gozó de las mieles de los medios durante un ratito, podría reescribir otro refrán: “Desafortunado en el juego (político), afortunado en el amor”. Perdón, habíamos prometido no bromear, pero las tentaciones son demasiadas. No lo haremos en lo sucesivo, retornemos al buen tono.

Las repercusiones y operaciones ulteriores a las medidas de control de la AFIP fueron tremendas y lograron impacto en el “chiquitaje”. Las usinas de rumores de las cuarenta manzanas amañaron versiones apocalípticas, trazando semejanzas inverosímiles con tiempos diferentes. Algo arraigaron, de todas formas. El Gobierno pulseó fuerte, no se dejó prepear y definió la lid cuando puso a la vista una parva de millones de billetes verdes. En el camino quedaron informaciones capciosas sobre el “mercado paralelo” (¿cómo se calcula cuánta plata gira en un circuito ilegal? interroga este escriba, profano en esos saberes), sobre los reflejos de la City de Montevideo, sobre el entrañable blue.

A río revuelto, ganancia de especuladores, cabe concluir. También deslizar que el episodio es la punta de un iceberg: una serie de problemas de mayor calado, que no se desentrañan solo con decisionismo y muñeca fuerte.

Acrecentar las reservas, mejorar las cuentas fiscales en la etapa del purgatorio es otro reto de los años por venir. El oficialismo lo sabe, por eso empieza el nuevo período, restringiendo algunos gastos pero también apuntando a la recaudación. Para que haya “caja” debe haber un Estado capaz de fiscalizar y cobrar. La querella de los dólares insinuó la necesidad de seguir (perdón) “blanqueando” la economía y las resistencias contra lo que es un deber del Estado. Bastante se hizo a partir de 2003, pero no lo suficiente: queda un enorme camino pendiente por recorrer.

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Temporada de diciembre: El Estado tiene fortaleza financiera, la presidencia ha relegitimado poder democrático. Las bancadas parlamentarias del Frente para la Victoria engrosarán sus filas a partir del 10 de diciembre y se aprestan para un comienzo a todo trapo de la temporada de verano. Cristina Kirchner elegirá si prorroga las sesiones ordinarias o convoca a extraordinarias, la diferencia entrambas no es tan grande cuando el oficialismo y sus aliados tendrán mayoría.

Los compañeros diputados aspiran a conformar las Comisiones, proponer y aprobar dictámenes, llevar varias leyes al recinto, tenerlas aprobadas antes de que lleguen las fiestas. El Presupuesto, las prórrogas de la emergencia económica y los impuestos a las transferencias financieras son los pilares del paquete económico. La regulación de la producción y venta del papel para diarios, otro tema en carpeta. Esa perspectiva explica, en parte, movidas financieras de las semanas recientes. En ellas, se adujo capciosamente que el pronunciamiento de “los mercados” era similar (y contradictorio en su sentido) al voto popular. Un disparate mayúsculo, anti republicano e ideológico por donde se lo mire. Una expresión de deseos y una propuesta de la única oposición (los poderes fácticos) que no se interroga internamente por qué fue goleada en octubre. La dirigencia política cavila, trata de renovar liderazgos desautorizados por el veredicto popular. Ciertas corporaciones no se permiten la introspección, esa jactancia de los racionales.

“No aceptan que ganamos la elección –razona un operador oficialista, de esos que aguantaron los trapos en trances arduos, apenas ayer–, ya se van a enterar.” “El poder desgasta al que no lo tiene”, ironizó (observador, pragmático o cínico) un político italiano, años ha. También, glosa el cronista, a quien no lo ejerce, que de ese modo lo deja diluir. Ese riesgo no acecha al kirchnerismo. Ni lo tienta la ambición de encauzar la economía en base al recetario noventista o al que está en boga en la Unión Europea.

Lo que sí lo desafía es mantener la aprobación ciudadana. Es una tarea enorme, plagada de escollos y contradicciones. En los dos primeros gobiernos, el kirchnerismo lo consiguió, con alzas, bajas y momentos en que se preanunció su caída. Habrá que ver cómo le va en el tercer período que, como se mentó al principio, empezó ante tempus, el 24 de octubre.

Como el enfermero que le da tres golpes suaves a la piel del paciente para preparar la piel antes de la inyección. O el bombero que abre la puerta de una casa en llamas lentamente para prevenir que el egreso del fuego lo queme. Así, el Gobierno anunció hace dos semanas un recorte en los subsidios de los servicios públicos de bancos, petroleras, casinos y otras empresas que aprovecharon la bonanza del kirchnerismo y no cuentan con la defensa de asociaciones de consumidores que protesten en medios de comunicación ni juzgados.

Ayer, en cambio, la decisión fue más íntegra: con el período ventana de confianza casi ciega que otorga el 54% de los votos obtenidos por la presidenta Cristina Fernández en las últimas elecciones, cuentas conservadoras con respecto a la economía 2012 debido al fantasma de Europa y la imprevisibilidad de la soja, y la necesidad de apuntalar el pertrecho ahorro público que incomoda a los melancólicos del superávit fiscal bajo el colchón, propio de años anteriores, el Gobierno avanzó con aumentos en tarifas residenciales que en incontables veces rechazó el ex presidente Néstor Kirchner.

En la memoria de los funcionarios del gobierno nacional, sin embargo, aun está gravado a fuego el mal momento de 2009, cuando la tímida intención de reducir los aportes públicos que sostenían las tarifas congeladas fue refutada masivamente por la opinión pública, en los estrados –algo que podría repetirse ahora, según los especialistas– y hasta por una parte del mismo Gobierno que reconoció la manera de instrumentación como equivocada.

Es por eso que ahora tomaron mayores precauciones –“no queremos que nadie que no pueda pagar sufra aumentos en las boletas”, dicen y repiten en los pasillos oficiales–, para evitar esta vez resultar incendiados por una llama que ellos mismos encendieron.

Por Andrés Asiain, Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche

La política de subsidios a diversas empresas de servicios públicos nació al calor de las transformaciones económicas que siguieron al desplome de la convertibilidad. La pesificación de las tarifas de los servicios y su posterior reajuste por debajo de la inflación, son parte de una serie de medidas que buscan mantener una elevada competitividad industrial en simultáneo a una recuperación de los ingresos de los trabajadores.
La competitividad mejoraba porque se reducía el valor en dólares de la energía eléctrica, el agua o el gas que pagaban las empresas locales. Los salarios mejoraban en la medida en que aumentaban por encima del precio de los servicios básicos del hogar y del transporte.

Pero a medida que las tarifas se ajustaron por debajo del incremento de los costos, la consecuencia fue también una disminución de la rentabilidad en las empresas que brindan esos servicios que comenzó a compensarse a partir del otorgamiento de subsidios por el Estado. Y el monto de los servicios se incrementó año a año hasta alcanzar en el presente cerca del 4% del PBI del país y casi el 16% del gasto del Estado nacional.

Las medidas anunciadas de recorte de los subsidios de ayer, que se suman a las anunciadas a comienzos de mes, buscan un recorte en el monto de los subsidios de aproximadamente 8.000 millones de pesos (algo más del 10% de los subsidios presupuestados para el 2012). Pero lo hacen intentando preservar los ejes centrales que guió la política de servicios hasta el momento: la competitividad y el ingreso real de los trabajadores.

Es por eso que los recortes se concentran en sectores de alta rentabilidad como bancos, financieras, compañía de seguros, telefonía móvil, extracción y procesamiento de hidrocarburos, minería, biocombustibles y aceites de exportación y petroquímica, y que no necesitan de los subsidios para mantener su competitividad.

De la misma manera, a nivel de usuarios, los incrementos de tarifas se concentrarán en barrios donde habita la población de más altos ingresos del país, por lo que no afectan el ingreso real de las mayorías trabajadores.

Adicionalmente, en una coyuntura en que muchas empresas y sectores pudientes se vuelcan a la compra de dólares, los recortes anunciados al reducir el flujo de caja de los sectores afectados pueden contribuir –aunque sea marginalmente– a reducir la presión sobre en el mercado de cambios.

Los anuncios de ayer abrieron una serie de interrogantes:

Criterios.

En caso de que un usuario presente su declaración jurada reclamando pagar menos, ¿qué parámetros se utilizarán para responderle? Ayer no fueron explicitados. Sólo se dijo que se incluiría a jubilados de la mínima y quienes cobran la Asignación Universal, pero no se mencionó qué otros casos se contemplarían, como discapacitados, desocupados, etc.

Inquilinos.

El Gobierno dice que quien responderá la declaración es el consumidor final. Así, los inquilinos podrían pedir mantener los subsidios mientras dure su contrato de alquiler. La duda es si el servicio debe estar a su nombre para que su situación económica y social pueda ser cruzada con las bases de ANSeS y AFIP.

Edificios.

Los consorcios deberán pedir o no la continuidad del subsidio para los servicios que son comunes, como la energía de los ascensores o el gas de la calefacción central. Pero, ¿qué pasará cuando en un departamento viva un desocupado y al lado un rentista? ¿Corresponderá o no mantener el subsidio?

Como el ABL.

El ministro De Vido se refirió ayer en la conferencia de prensa a la aplicación de los criterios del ABL porteño para el avance de la eliminación de subsidios. Pero el ABL tiene alícuotas diferenciales según el poder adquisitivo de cada barrio. No paga la misma proporción una casa de Barrio Parque que un departamento de Liniers. ¿Los subsidios también serán eliminados de manera diferencial, como se aumentó en su día el impuesto porteño?

Inequidad.

En las empresas del sector ya esperan presentaciones judiciales de usuarios reclamando por la inequidad que regiría -al menos durante un tiempo- en las tarifas, pidiendo pagar lo mismo, por caso, que quien vive en la vereda de enfrente. Es la misma situación de quien reside en un barrio cerrado de clase media de Ezeiza, que pagaría aumentos, mientras que las Lomas de San Isidro quedará exceptuada por el momento de los mismos. Lo mismo podría plantearse sobre un departamento de dos ambientes del amplio área definido como Barrio Parque y los pisos de avenida Alvear, por ahora exceptuados

Congreso.

El Presupuesto 2012 prevé subsidios para los servicios públicos por unos $ 75.000 millones. El Gobierno aseguró ayer que no modificará el proyecto de ley que envió al Congreso, pese a las rebajas de subsidios anunciados. La oposición plantea que así el Ejecutivo contaría con fondos que ya se sabe que no tendrán destino.

Empresas.

El Gobierno había anunciado que habría diálogo con las empresas antes de cada rebaja de subsidios, para discutir el impacto en cada uno de los sectores. Hasta ahora no lo hubo, señalan las empresas afectadas, que dicen que se enteraron de que se les eliminaban los subsidios por los medios. Y no garantizan que, como reclama el Gobierno, esos ajustes no se trasladen finalmente a los precios.