Por Omar De Marchi DIPUTADO NACIONAL (PARTIDO DEMOCRATA DE MENDOZA, INTERBLOQUE PRO)
Todos los expertos parecen coincidir en que el Gobierno enfrenta hoy un problema fiscal, de inflación y de deterioro de la balanza comercial que está complicando las cuentas externas. Se suman problemas de pérdida de competitividad y de niveles de inversión, especialmente en infraestructura.
Los subsidios masivos a los usuarios se han multiplicado al punto de explicar casi la mitad del déficit fiscal estimado para 2011.
Los subsidios del sector energético fueron de $26 mil millones en 2010 (¡trece veces más que en 2005!) y podrían superar los $40 mil millones en 2011. El congelamiento y atraso extremo de las tarifas usado como ancla inflacionaria ha hecho cada vez más difícil introducir correcciones sin temor a provocar espirales en el comportamiento del nivel de precios.
El consiguiente desincentivo a la producción de energía causada por precios intervenidos y arbitrariedad regulatoria ha llevado a la Argentina de ser un exportador neto a un creciente importador de energía, por la que pagamos hasta ocho veces más cara que la producida en el país.
Por primera vez en veinte años, el balance comercial energético va a ser negativo en Argentina en 2011, superando los 3.000 millones de dólares, déficit que se elevaría a 7.500 millones en 2012.
Teniendo en cuenta que venimos de un sector energético que en 2006 aportaba la mitad del superávit comercial (más de 6000 millones de dólares), puede decirse que la crisis energética también explica gran parte del deterioro de balanza comercial y disponibilidad de divisas que enfrentamos hoy.
Dada la magnitud de las distorsiones, los espacios de maniobra disponibles y la historia de las decisiones adoptadas en las últimas dos administraciones nacionales, tiendo a pensar que las correcciones no irán mucho más allá de algún reequilibrio de cajas.
Muy distantes del coraje, y la capacidad de innovación y gestión que serán necesarias para relanzar el sector energético argentino del futuro, base de un crecimiento sostenible, equitativo y federal.
