La decisión oficial de constituir un grupo de trabajo para revisar y reducir los subsidios debe considerarse como un hecho positivo para comenzar a aliviar la deteriorada situación fiscal.

En lo que respecta a los servicios públicos, esta reducción deberá pasar obviamente por un ajuste de las tarifas, aunque al realizar el anuncio el Gobierno relativizó este efecto.

Los ministros Julio De Vido y Amado Boudou, al presentar la iniciativa, aclararon que en una primera etapa serán eliminados totalmente los subsidios que favorecen los consumos de electricidad, gas y agua de bancos, aseguradoras, casinos, petroleras, mineras, puertos y aeropuertos. En una siguiente etapa se alcanzarán otros sectores y también los usuarios residenciales y el transporte. La resolución N° 693 del Ministerio de Economía, que materializa la medida, abarca todas las actividades y prestaciones que reciben subsidios. Aunque no hace referencia a los planes sociales, las explicaciones expuestas hacen pensar que están excluidos del cometido del grupo de trabajo.

Los mecanismos actualmente empleados para canalizar subsidios son diversos y complejos. Tras los congelamientos tarifarios, fueron instrumentados procedimientos de compensación en algunos casos relacionados con el consumo y el retraso tarifario, y en otros casos, como en los de Aerolíneas Argentinas y AySA, compensando el déficit resultante. Las empresas de colectivos reciben un subsidio por vehículo y, además, combustible a menor precio. Otros concesionarios transfirieron al Estado la responsabilidad de invertir. Destejer esta madeja no será sencillo.

El monto estimado de subsidios a la energía en 2011 alcanzará los 45.800 millones de pesos. La cifra estimada de un ahorro de 600 millones en una primera etapa no parece relevante en relación con aquel monto, por lo que cabe esperar otros avances.

Las contribuciones estatales al transporte público superarán este año los 19.000 millones. Estas cifras han crecido fuertemente. Sólo en el último año aumentaron un 76% a la energía y un 43% al transporte, y desde 2006 se multiplicaron por 11 y por 4 veces, respectivamente. A pesar de estas inmensas compensaciones, las empresas prestatarias debieron limitar sus inversiones, y se perdió la capacidad de responder a la demanda con reservas suficientes y adecuada calidad de servicios. La inseguridad en la recepción de los subsidios y el congelamiento tarifario afectaron las decisiones de invertir.

Por este efecto y por el creciente déficit fiscal que debe financiarse en gran parte con expansión monetaria, el desborde de los subsidios debe necesariamente corregirse. Por lo tanto, la iniciativa encarada no puede menos que apoyarse, aunque haya mucho por delante por hacer. El juicio definitivo dependerá de la profesionalidad, seriedad y ecuanimidad con que se resuelvan los ajustes tarifarios.

La intención expresada en el anuncio es la de continuar con empresas y grandes usuarios, afectando al mínimo a los consumidores de menores ingresos. Debe saberse que hay límites para cobrar precios muy distintos de un mismo bien en el mismo ámbito geográfico. Superados esos límites, las filtraciones y el fraude en el uso se multiplican y pueden desvirtuar el propósito redistributivo que había motivado el diferencial tarifario. Estas consideraciones no serían necesarias si se estuviera hablando de retrasos tarifarios pequeños, pero hoy las propias facturas de electricidad o gas muestran cuán grandes son las distancias con los precios en otros países. Lo mismo ocurre con el transporte público. Un viaje en colectivo o en tren cuesta en la ciudad de Buenos Aires entre 5 y 20 veces menos que en cualquier otra ciudad del mundo. Hoy estas diferencias no pueden justificarse ni por los precios del combustible, ni de los vehículos, ni tampoco por los salarios.

La tarea del grupo de trabajo deberá evitar la discrecionalidad, en particular si se pretende diferenciar las tarifas residenciales según el nivel económico de cada abonado. Esto abriría un espacio amplio para injusticias, amiguismo y también corrupción. Deberían preferiblemente aplicarse mecanismos de subsidio a la demanda, o sea, asignaciones directas a quienes consumen o demandan, si es que no tienen ingresos suficientes para pagar una tarifa normal. En el caso del transporte, una solución de este tipo se hace posible mediante la tarjeta SUBE, a través de la cual se pueden asignar viajes a menor precio o a costo nulo a determinadas personas carenciadas.

Los ajustes tarifarios, aunque persigan retornar en siguientes etapas a una situación previa a los congelamientos, afectarán una situación existente de hecho. En este sentido, es recomendable que los cambios se hagan con gradualidad, para permitir una necesaria adaptación, ya que deberán reducirse otros consumos. No debe olvidarse que los subsidios que se tratará de reducir están aplicados a servicios esenciales y en algunos casos ineludibles, como lo es el transporte. En definitiva, la iniciativa debe ser conducida con prudencia, pero no demorarse su inicio..