Tras las elecciones, llegó el tiempo de los ajustes

Por Alcadio Oña

Era un secreto a voces que, pasadas las elecciones y asegurado el triunfo de Cristina Kirchner , el Gobierno iba a meter mano en los subsidios. Porque, además de indiscriminado, si no irracional, el sistema ya luce definitivamente insostenible y pega directo en cuentas fiscales cada vez más apretadas. Así de claro.

Entre enero y septiembre, se gastaron $ 31.200 millones en sostener las tarifas de luz y gas, casi tres veces más que el costo de la Asignación Universal por Hijo . Y $ 14.400 millones, en trenes, subtes y colectivos. Parece muchísimo, pero será poco al fin del año, pues esas partidas están hoy prácticamente agotadas.

Es una factura que ha crecido de manera exponencial. Sólo comparados con los del mismo período de 2010, los subsidios energéticos aumentaron nada menos que un 74 % y arriba del 60 % los del transporte.

El Gobierno decidió avanzar por el costado políticamente menos doloroso : entre otras, perderán el beneficio las compañías petroleras, las telefónicas y los grandes aeropuertos. Pero aún incluyendo el traspaso del subte a la Ciudad, el ahorro de $ 1.300 millones anunciado ayer parece nada contrastado con la montaña de plata en juego.

Quedó claro, en las declaraciones de Amado Boudou y Julio De Vido, que pronto les llegará el turno a los consumos domiciliarios de electricidad y gas : el ministro de Economía habló de Puerto Madero, su barrio, y de los countries. Eso sí, evitaron usar la palabra tarifas: por “las tapas de los diarios”, admitió De Vido.

Pero no hay manera de reducir los subsidios domiciliarios si no es a través de las tarifas. Así sea con aumentos graduales, que dejen afuera a los sectores de bajos recursos y caigan, de menor a mayor, sobre las capas medias y altas : justamente, el modelo en el que trabaja Planificación.

Boudou dijo que habrá equidad en la distribución de las cargas, algo parecido a aceptar que hasta ahora no la hubo.

Y efectivamente no la hay: estudios privados han demostrado que los sectores de altos ingresos sacan mucho mayor provecho del sistema que aquellos anclados en los últimos escalones de la pirámide social .

Tampoco sobra equidad, cuando en el interior la luz, el gas y el transporte salen más caros que en la Capital Federal y el conurbano.

Nadie cuestiona, ya, los subsidios, a condición de que vayan de verdad a quienes los necesitan . Tal cual fueron aplicados hasta ahora fomentan, incluso, el derroche de bienes tan escasos como electricidad, gas y agua: se entiende, entre los más pudientes.

Hay otro requisito básico: que sean dirigidos directamente a los usuarios, en vez de a las empresas, como pasa actualmente. Además, eso serviría para despejar las sospechas que siembra un régimen enmarañado y poco transparente .

No vendría mal que la calidad de los servicios fuese incorporada al paquete. ¿Alguien puede asegurar que con tarifas más razonables desaparecerán los cortes de luz y la gente viajará mejor en trenes y colectivos? Finalmente, una pregunta cae por su propio peso: ¿ por qué no se decidió empezar antes , si el sistema tiene los defectos que los funcionarios reconocieron? Y la respuesta es igualmente obvia: porque reportaba votos y porque el kirchnerismo siempre eludió pagar costos políticos. Como otros, el problema fue arrojado debajo de la alfombra, hasta que encararlo resultó inevitable .

Jamás el Gobierno llamará ajuste a las decisiones que han empezado a tomar forma. Así suenen a razonables, se le parecen bastante.

Si bien se esperaban medidas sobre los subsidios de los servicios públicos, los anuncios de ayer dejaron al descubierto una marcada desprolijidad y un evidente apuro del Gobierno por salir al ruedo para tratar de descomprimir la tensión generada con las nuevas reglas de juego cambiarias.

Desde principios de octubre, los técnicos de Planificación venían evaluando distintas hipótesis de aumentos tarifarios que se iban a definir este mes. El cronograma de trabajo prevía el anuncio de los ajustes antes del 10 de diciembre para que la “nueva” administración no tuviera que afrontar el costo político de las subas.

Pero la pulseada por el tipo de cambio llevó al Gobierno a anticipar los anuncios con el fin de desviar la atención de los últimos días que ha estado focalizada en las restricciones impuestas a los que quieren comprar dólares.

El apuro quedó en evidencia en varias imprecisiones y detalles que surgieron tras la sorpresiva conferencia de prensa de Amado Boudou y Julio De Vido.

En primer lugar, los funcionarios no aclararon cómo se llegará a la reducción inicial de los subsidios por $ 600 millone s que anunciaron para determinados sectores empresarios.

Respecto a los consumos hogareños, sólo se anunció la creación de un “Grupo de Trabajo para el análisis y estudio de la incidencia en los distintos sectores de los subsidios establecidos por el Poder Ejecutivo”.

Curiosamente ese “Grupo de Trabajo” estará presidido por los subsecretarios de Presupuesto (Economía) y de Coordinación y Control (Planificación) y no por los secretarios de Energía y de Transporte que son los responsables de pagar mensualmente los millonarios subsidios que ahora se buscan reducir.

Además se anunció que a partir de ahora la SIGEN deberá auditar “la estructura de costos de cada uno de los servicios subsidiados”, tarea que se supone que ya vienen haciendo las áreas de Energía, Transporte y Obras Públicas cada vez que aprueban el desembolso de subsidios para las empresas que están en sus órbitas.

Otro dato llamativo es que la resolución anunciada por los ministros no menciona expresamente los servicios de colectivos, trenes y subtes.

Según indicó De Vido “en 3 o 4 meses se realizará un estudio de los usuarios de colectivos para luego determinar que sectores necesitan los subsidios y cuales no los necesitan”.

Clarín

Por Eduardo Van der Kooy

Es probable que la Presidenta y su minúsculo círculo de poder estuvieran maquinando algunas de las medidas de ajuste – la eliminación de subsidios– que los ministros Amado Boudou y Julio De Vido hicieron públicas ayer. Es seguro que aquel libreto se hubiera mantenido en análisis y afinado, tal vez, de no haber mediado la inestabilidad de la confianza económica que se acentuó después de la rotunda victoria electoral de Cristina Fernández. Los síntomas fueron la presión sobre el dólar, las dudas sobre la paridad cambiaria, la incesante fuga de capitales y la viabilidad futura del modelo económico colocado bajo una lupa.

Cierta improvisación del Gobierno no pudo ser ocultada ni por la sonrisa de Boudou ni por el gesto hosco de De Vido. Hasta el lunes el ministro de Economía formaba parte de la delegación que viajaría con la Presidenta a Francia para la reunión del G-20. Los corcoveos del mercado financiero lo indujeron a bajarse del avión. El ministro de Planificación abundó en generalidades para referirse al recorte de subsidios, pero patinó cada vez que le fueron solicitados algunos detalles . El Gobierno tiene pendiente todavía la letra chica y la instrumentación de las medidas.

Editor sensible, De Vido se preocupó, sobre todo, por las portadas de los diarios de hoy. De allí que subrayó que el final de los subsidios para las empresas de electricidad, gas, agua y telefonía no implicaría un aumento en las tarifas para los consumidores. Pareció un atajo o una metáfora: cuando el monto del subsidio deje de estar impreso en las boletas se añadirá automáticamente al monto que cada ciudadano deberá abonar. Salvo que el Gobierno suponga que ese costo deba correr por cuenta de las empresas. Algo muy improbable si se tiene en cuenta que los subsidios apuntaban a que las empresas mantuvieran equilibrada su rentabilidad .

Otra huella del apuro con que el Gobierno actuó fue la comunicación del traspaso de los subtes al Gobierno de la Ciudad. La decisión abrupta, casi de prepo , no se condijo con los gestos cordiales y de civismo que habían cruzado en los últimos tiempos Cristina con Mauricio Macri. Felicitaciones que fueron y vinieron por los triunfos de ambos en las urnas. El macrismo se desayunó de la novedad mientras celebraba ayer por la mañana una reunión de gabinete.

De Vido cubrió las formas del arrebato K e invitó a Macri a un encuentro a realizarse pasado mañana para comenzar a resolver el traspaso del subte. Un conflicto espera en la puerta: el jefe porteño aceptó con gusto la invitación y la idea del traspaso, pero exige que sea con recursos . El Gobierno se los quiere ceder para no gastar, en ese rubro, una moneda más.

El subsidio, al margen de los recursos operativos, orilla los $ 2,5 por pasaje que hoy tiene un valor de $1,10. Serían aproximadamente $ 700 millones anuales. A Macri y a sus hombres, esa cifra les provoca escozor.

Habrá que reconocerle, pese a todo, dos cosas al Gobierno. Su enorme capacidad para virar el discurso público sin la más mínima señal de pudor. Puede hacerlo porque la oposición está noqueada. No fue tampoco una casualidad la advertencia de De Vido al periodismo: son los medios de comunicación los únicos en condiciones de contrastar siempre, como se debe, la palabra del poder.

El otro mérito podría ser adjudicado a Cristina. Aunque la realidad la fue cercando, aun después de su gran triunfo, no vaciló en comenzar a gastar ahora mismo, en plena transición, un capital político y electoral que tenía pensado administrar desde diciembre .

También es cierto que las medidas anunciadas serían apenas el comienzo. De Vido y Boudou anunciaron una eliminación de subsidios que, aproximadamente, significan el 1% del total.

Hay una madeja aún por desovillar que tendrá costos más pesados para la Presidenta.

Aunque se tenga contemplación en el ajuste con los sectores más desposeídos, no podrá olvidarse que la reciente victoria presidencial se nutrió también, como novedad, de los sectores medios. Así como llegaron seducidos por el consumo y espantados por la orfandad opositora, podrían emigrar a zona neutral ante los primeros castigos.

Cristina habría perseguido, con los muy módicos anuncios de ayer, reiniciar la construcción de una confianza perdida o lábil sobre el futuro económico. La señal del ajuste encerraría el mensaje de “hacer lo que haga falta hacer” al menos para sanear una de las patas del modelo que sostienen la paridad cambiaria: el superávit fiscal, que hace rato no es tal, y que se ve amenazado por el gasto gigantesco y los menores ingresos producto de la crisis internacional.

Habrá que ver si la maniobra sirve. Habrá que observar cómo se conjugan dos conductas antagónicas surgidas desde el propio Gobierno: el gesto racional para acotar el derroche y la reacción policial para querer controlar el dólar.

CANTADA. La medida se veía venir.

En la mira hay $ 7.000 millones

Carlos Burgueño

La decisión de comenzar a avanzar en la reducción de subsidios a las tarifas, es la primera que desde el Gobierno se toma para reconocer un capítulo fundamental para los cuatro años de gestión del segundo mandato de Cristina de Kirchner: la racionalización del gasto público. La variable, se reconoce oficialmente, no se encuentra en el último año en los mismos niveles de solidez que el período 2005-2009, y se buscará con medidas como la anunciada ayer volver a un parámetro superavitario que tranquilice a los operadores económicos.

En la mira hay aproximadamente $ 7.000 millones en subsidios tarifarios, según los datos del Presupuesto para 2012 que aún debe ser tratado por el Congreso. El anuncio de ayer se enfoca sólo en los primeros $ 600 millones. Políticamente se decidió que la mejor manera de comenzar a presentar este camino de reducción de subsidios es mostrar a los clientes favorecidos socialmente menos demostrativos; comenzando por bancos, empresas de celulares, casinos, bingos, etc. Es sólo el primer paso. En poco tiempo, casi semanalmente, comenzarán a aparecer nuevos listados de sectores privados a los que se les reducirán o eliminarán los subsidios; para luego, a partir de las acciones de la comisión biministerial, diseñar el nuevo cuadro tarifario residencial urbano y suburbano.

Los $ 7.000 millones forman parte de un total de 17.000 millones de pesos, de todo el cuadro tarifario general en cuanto a las de servicios públicos de electricidad, gas y agua. Forman parte además de los $ 69.186 millones proyectado al 31 de diciembre de este año. La reducción hasta los $ 7.000 millones surge de un exhaustivo cálculo que desde hace meses se diseña en algunas oficinas del Ministerio de Economía; para la medida que debió esperar los resultados de las elecciones del 23 de octubre para hacerse pública.

La decisión incluye además que no haya incrementos en los transportes de colectivos y trenes, ya que se considera que este gasto está dentro de la ayuda social que el Gobierno debe seguir manteniendo en grandes núcleos de la población. En los casos del transporte además, los aumentos salariales de los trabajadores del sector serán nuevamente negociados entre los gremios y las empresas contratistas, con la intervención del sector público, que en definitiva será el que aporte el efectivo para concretar los aumentos. La idea oficial es controlar las paritarias de estos gremios vinculados a ATE.

Más allá de la forma en que se aplique la política de rebaja de los subsidios, lo cierto es que el Gobierno buscará reducir el ritmo de incremento de este gasto para que no supere el nivel de este año: un 4% del PBI totalizando $ 78.000 millones. Lo que no quiere Economía, es que se repita el esquema de este año, cuando el nivel de gasto subió más que el de los ingresos, volviendo al equilibrio que se mantuvo durante 2010. Concretamente, la meta de fondo es que vuelva el superávit fiscal con que clásicamente el kirchnerismo manejó las cuentas públicas y con que azotó las visiones más liberales y defensoras de los ajustes.

Para esto, el Gobierno quiere frenar también los ritmos de incrementos salariales de este año, congelando los sueldos de la administración pública en alzas no mayores al 18% para todo 2012. En Economía son optimistas con la meta fiscal superavitaria. La clave, aseguran, es continuar con la racionalización de algunos gastos y esperar la ayuda de la recaudación impositiva.

Junto al cuestionado índice de inflación que divulga mes tras mes el Indec desde enero de 2007, la discusión por los subsidios que otorga el Gobierno a sectores económicos se ubica en el pedestal de los temas ignominiosos al interior del kirchnerismo. Nacieron al calor de una demanda concreta de la maltrecha economía de 2003, que necesitaba de estímulos para ponerse de pie, pero se hicieron resistentes a la bonanza de los años siguientes y hoy se llevan más de un 4% del PBI. El motivo tiene nombre y apellido: Néstor Kirchner. El ex presidente era un hombre convencido de la necesidad y conveniencia de mantener las subvenciones del Estado para conservar las facturas de servicios públicos congeladas aún en épocas de vacas gordas, cuando la mayoría de los consumidores podría pagarlas. Su tozudez condujo a más de una pelea con los funcionarios de su riñón patagónico, como el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Energía, Daniel Cameron.
El laberinto de los subsidios llevó al entorno de De Vido a plantear ideas alocadas para sortearlos. Una de ellas proponía que cada consumidor, a la hora de pagar su factura, no sólo hiciera el desembolso correspondiente a su consumo, sino que también realizara un “aporte voluntario” debido al bajo precio que pagaba. La sugerencia no prosperó.
Cameron, quien consideraba a Kirchner su amigo, al igual que De Vido, se enfrentó varias veces por el tema con el ex presidente. Estaba convencido de que las subvenciones masivas eran una mala señalar para los inversores petroleros y eléctricos. Cameron tiene un defecto condenatorio para la política grande: suele decir la verdad cada vez que se le pregunta algo, sin acudir a los discursos cuasi memorizados habituales en funcionarios. Fiel a su estilo, poco después de la muerte de Kirchner reconoció ante un grupo de empresarios que tenía razón el ex presidente. “Pensé que había cosas que no iban a aguantar, pero tenía razón Néstor”, reconoció.
José Luis Lingeri, secretario general de Obras Sanitarias y director de AySA, pasó por una situación similar. En varias oportunidades acercó propuestas para incrementar la tarifa y reducir subsidios. Lo desvelaba la idea de que la empresa fuera sustentable en sí misma, sin tanta necesidad de aportes del Fisco, al menos para su operación cotidiana. En su entorno llegaron a elaborar otra alternativa heterodoxa: aplicar subas de $ 1 por mes, un número insignificante, para cada factura. Ninguna de sus propuestas salió airosa luego de ser presentada a la pareja presidencial.
Un pedido en la misma dirección realizó en varias oportunidades su par de Luz y Fuerza, Oscar Lescano. El sindicalista llegó a obtener un supuesto visto bueno de Cristina, que casi al instante cambió de opinión.
Recién en 2009, en el marco de la crisis financiera internacional que amenazaba las arcas domésticas, el Gobierno avanzó en un plan para reducir subsidios. Pero segmentó los aumentos por cantidad de consumo. Así, por caso, una familia multitudinaria de bajos ingresos, que por falta de gas se calefaccionaba con electricidad, llegó a recibir una factura varias veces multiplicada y despertó la ira de consumidores, las asociaciones que los representan y la oposición fortalecida por aquellos días en el Congreso. De Vido tuvo que dar la cara y aplicar la marcha atrás de la medida casi en su totalidad.
Es uno de los pocos errores estratégicos importantes que le reprochó a Planificación el matrimonio presidencial. Es por eso que en esta ocasión el ministro tomó la mayor cantidad de recaudos a su alcance y prometió una aplicación paulatina del retiro de los subsidios que hasta cosechó las felicitaciones de las asociaciones de consumidores que hace dos años lo habían denostado.

Con tiempo y con votos

Página 12

Por Mario Wainfeld

Sin poder o con el poder menguado o con plazo de vencimiento es mucho más arduo hacer política económica. El politólogo Perogrullo estableció ese apotegma, del que pueden dar cuenta tantos estadistas europeos, sin ir más lejos. A principios de este año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entraba en el último tramo de su mandato. No se sabía si sería reelecta y menos aún por qué márgenes y con qué ecuación en el Congreso. Posiblemente, la mandataria estuviera entre los más optimistas o agudos para predecir (e inducir) el resultado, pero éste era virtual: no había ocurrido. La gestión del 2011 estuvo signada por esa circunstancia: se debía mantener la gobernabilidad, evitar sofocones y motivar la máxima aprobación social posible. Por eso, entre otros motivos, este año fue de “paz y administración” (en los términos relativos en que puede serlo para un gobierno kirchnerista y colocando la expresión entre comillas). Un lapso de escasas innovaciones, sin giros rotundos. Un tiempo particular, escribió el cronista el domingo pasado, por eso mismo irrepetible.

Con un horizonte temporal despejado y una dosis de poder adicional, está comenzando ya el segundo período de Cristina Kirchner. Las medidas iniciales arrancaron la mismísima primera semana postelectoral, que hubiera podido limitarse a los festejos y al duelo. En la Casa Rosada no hay intenciones de apelar al piloto automático ni hay distracción respecto de los desafíos del cuatrienio.

La supresión de los privilegios de empresas mineras o petroleras para liquidar divisas, los nuevos controles para la compraventa de moneda extranjera y la eliminación de subsidios a consumidores de alto rango son jugadas diferentes, enlazadas por un hilo común. En el Ejecutivo se advierte que hay que apelar a nuevas herramientas, emprolijar otras, acentuar la presencia estatal. Los alcances de esas decisiones se irán dejando ver y corresponden más a la competencia de los colegas avezados en Economía. Desde el ángulo político, las señales son nítidas: el Gobierno ocupa el centro de la escena e interpela a actores poderosos. Los equilibrios fiscales, la formalización de la economía, la firme presencia estatal y el sustento de una caja suficiente siguen siendo prioridades. Los fines, en sustancia, continúan. La caja de herramientas incorpora nuevas piezas, lubrica otras.

Algo había anticipado la Presidenta en discursos de campaña, en el sentido de que para “profundizar el modelo” habría que introducir reformas. La frase fue repetida, con mínimas variantes, por el ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou.

Las decisiones reseñadas son también señales, en especial a “grandes jugadores” del sistema económico. Se emiten desde la envidiable (aunque siempre asediada) legitimidad presidencial. La sorpresa y la premura forman parte del paquete. No hay tiempo para perder cuando las correlaciones de fuerza son propicias.

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La enorme masa de subsidios, coincidían tirios y troyanos, era insostenible en el mediano plazo, el único disponible para cualquier gobierno, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Grecia o en Argentina. Las supresiones informadas ayer cortan el hilo por los beneficiarios más gruesos, a quienes les costará ponerse de punta contra un gobierno popular plebiscitado diez días atrás.

Ajeno a la astrología y conocedor del sigilo que es marca de fábrica del kirchnerismo, el cronista escapa a cualquier predicción acerca de otras normas o decisiones. Va quedando claro que las habrá y que en el primer nivel del Ejecutivo se registran ciertos límites o disfunciones del “modelo”, con la foto de hoy. También es seguro que la intención es mantener sus objetivos fundamentales.

En ese devenir, es básico recomponer el esquema de gastos y también garantizar el creciente flujo de ingresos fiscales. Para que no haya ajuste, ni nada que lo remede, es forzoso mantener la caja bien provista.

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De nuevo, sin hacer anuncios ni profecías, repasemos una serie de acciones posibles del costado de los ingresos que se vienen analizando, intramuros del oficialismo. Las retenciones a la minería, tal como describe el economista norteamericano Bob Dylan en su lengua vernácula, are blowing in the wind. Es de manual fijar la mira en un sector hiperrentable, con alta capacidad contributiva, casi intocada hoy día.

Otro proyecto, en el que vino trabajando el ministro de Agricultura y Ganadería Julián Domínguez, es modificar el comercio exterior de granos. La finalidad sería doble. En parte, propiciar mayor intervención de cooperativas y pequeños productores para aminorar la concentración de la actividad en un puñado de multinacionales. Además, uniendo lo bello a lo útil, capturar parte de la elevada renta en danza.

La hipótesis de crear algún tributo a los activos bancarios o bursátiles se discurre hace rato y, acaso, recobre vitalidad. Baqueanos del sector dicen que la resistencia de los grandes bancos sería bastante menor que si se emprendiera una reforma integral del sistema financiero. Habrá que ver.

Un lugar común remanido en los meses recientes, en especial en medios opositores, es que el Estado “meterá mano” en los fondos de las obras sociales. Nada es imposible pero esa perspectiva se complejiza, ya que se entremezcla con varias cuestiones que deberán dilucidarse en paralelo y que, tal vez, antecedan en prioridad. Puntea la relación del Gobierno con la CGT y en particular con su secretario general, Hugo Moyano, cuyo núcleo no es tanto la conducción de la central obrera cuanto el reconocimiento del liderazgo de Cristina Kirchner dentro del magmático movimiento peronista. Acaso, más propone que supone el cronista, sea más acuciante una reforma del sistema de salud que hace agua por varios lados y en el que hay que tocar intereses poderosos de los gremios y de las prepagas.

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Como fuera, yerran quienes quieren creer que el Gobierno comenzará a “hacer los deberes” (de una currícula escrita por sus adversarios) o a producir un ajuste más o menos clásico amparado en el aval popular. Quieren creerlo y presionan para imponer su fantasía. La trayectoria del kirchnerismo, que siempre mantuvo su norte, aun con el 22 por ciento de los votos o después de la derrota electoral de 2009, contradice esas lecturas interesadas.

Es difícil saber cuáles serán las principales acciones del nuevo mandato. Al fin y al cabo, sus principales iniciativas a partir de 2007 (logradas o fallidas) no estaban en el radar cuando asumió la Presidenta: las retenciones móviles, la recuperación del sistema jubilatorio, la ley de medios, la Asignación Universal por Hijo. El futuro se va develando semana tras semana y la experiencia comparada prueba que eso no es en el siglo XXI una peculiaridad criolla.

Nada garantiza que el nuevo gobierno alcance sus objetivos, todo indica que éstos serán consistentes con lo que produjo desde 2003, que la ciudadanía (detalle interesante) plebiscitó.

Racionalidad tardía
La Nación

Por Carlos Pagni

ristina Kirchner suspendió el subsidio energético con el que venía beneficiando a varios sectores de la economía. Desde el punto de vista político, corrigió una inequidad que se le reprochaba desde hacía años: obligar a todos los contribuyentes a pagar parte de la factura de luz y de gas de casinos, mineras, petroleras, bancos, compañías de seguros o telefónicas. Las familias más pudientes, en cambio, seguirán disfrutando de esa ayuda solidaria.

Desde la perspectiva fiscal, también fue un anuncio alentador. Reveló que la Presidenta advierte que el gasto público es insostenible. Aun con una recaudación récord como la que anunció anteayer, de $ 47.500 millones, decidió ajustar las cuentas.

Sin embargo, la resolución que anunciaron Julio De Vido y Amado Boudou exhibe limitaciones que son constitutivas del modo en que el kirchnerismo entiende la economía. En materia energética, la eliminación de subsidios no supone aumento de tarifas. Por ahora, las empresas que proveen la energía seguirán con sus ingresos congelados, a pesar de que están en déficit operativo y de que algunas bordean el default. Con este enfoque del negocio, la Presidenta seguirá alejándose del objetivo de atraer inversiones al sector, más allá de las de chinos y rusos.

Nadie sabe si la revisión casuística de todos los subsidios que prometió ayer De Vido entraña un cambio en la gestión de la energía. Por no ser universales y automáticas, estas reglas producen distorsiones y estimulan corruptelas. No es casual, por ejemplo, que entre los transportistas que reciben una ayuda mensual de hasta $ 50.000 por colectivo -la cuarta parte del precio de una unidad- estén los acusados y procesados por sobornar al ex secretario Ricardo Jaime.

Pero la decisión de ayer tiene una falencia más importante, aunque, tal vez, inevitable. Boudou intentó justificar el ahorro en que la economía internacional se moverá a un ritmo más lento. Hubiera sido mejor ocultar ese dato. Para enfrentar una ola de menor crecimiento mundial sería más recomendable que el Gobierno incremente el gasto, expanda la base monetaria, estimule el aumento de salarios y tolere un poco de inflación. Pero el kirchnerismo ya hizo todo eso en la fase ascendente del ciclo, exacerbando el crecimiento y el consumo, hasta alcanzar una suba de precios del 25% anual. Cuando necesitaba ser austero, fue expansivo. Ahora, que es el momento de ser expansivo, no le queda otro remedio que ajustar. En consecuencia, a la retracción internacional agregará la contracción derivada de sus propias decisiones.

Cristina Kirchner, que podría salvar su "modelo", está haciendo mucho para hundirlo. Por desafiar a quienes le señalan inconsistencias, amaga con llevar a una situación económica más calamitosa que la que esos profetas vaticinan. Es la paradoja que asoma detrás de las tácticas para frenar la fuga hacia el dólar.

El crecimiento de los últimos años estuvo basado en una fiesta de consumo. Para los economistas, la inflación no es sólo la consecuencia, sino también la causa de esa expansión. La gente fue impulsada a gastar porque la tasa de interés, inferior a la inflación, no protegía los ahorros. Además, los salarios se ajustaron con los precios, alrededor del 25%, pero el tipo de cambio se devaluó un 7%. Es decir, el poder adquisitivo en dólares de los trabajadores creció un 18%.

Una señal microscópica
Las empresas exportadoras pagan este juego. Sus ingresos en dólares evolucionan mucho menos que sus costos en pesos. El consumo se sostiene en el aumento de las importaciones. El "modelo" es cada vez menos productivo y su matriz, cada vez menos diversificada.

El déficit de la balanza comercial industrial es similar al de la gestión Martínez de Hoz: US$ 25.000 millones. Para sostener esta dinámica haría falta que la soja fuera 20% más cara. Como es improbable, el público ve la oferta de dólares y se cubre de una devaluación.

Sin embargo, con la eliminación de subsidios aberrantes, la Presidenta ayer envió una señal microscópica a quienes temen por el futuro. Podría ir más allá, como pronosticó Guillermo Moreno ante varios empresarios, replegando al 18% el aumento del gasto, de los salarios, de la base monetaria y de la inflación. Y dejando que el dólar flote hasta $ 4,70, como Hernán Lorenzino explicó a varios financistas. La economía crecería, en ese caso, un 4%.

Como no suponen que eso vaya a ocurrir, los ahorristas se desprenden de sus pesos: ya ubicaron el dólar paralelo en $ 4,70 y el de contado con liquidación en $ 5.

Los dos fenómenos más relevantes de estos días se explican por ese cuadro de variables. El pueblo premia a Cristina Kirchner por haber disfrutado de un presente encantador. Pero como no da pistas confiables de cómo piensa enfrentar las amenazas del futuro el mercado compra dólares. El Gobierno se resiste a creer que pueblo y mercado son, en muchos sentidos, lo mismo.

El Gobierno reaccionó escondiendo los billetes, igual que antes escondió las estadísticas para suprimir la inflación.

El principal efecto de ese enfoque fue frenar la apertura de depósitos bancarios. Son cada vez menos los que suscriben plazos fijos para preservar sus pesos, porque nadie sabe cuánto valdrán, en dólares, dentro de un mes.

Sin depósitos no hay préstamos. A las grandes empresas esta semana se les comenzó a negar el crédito. Algunas han tenido que devolver los préstamos. La tasa de interés sube; el dinero se encarece. La actividad podría caer mucho más de lo que lo haría si la Presidenta atacara la inflación y sus consecuencias. Pero ella no quiere enfriar la economía. Prefiere congelarla.

Ni el más ortodoxo de los economistas pediría tanto. Por menos de lo que está por provocar, la señora de Kirchner conseguiría en el Fondo Monetario Internacional los dólares que le faltan (fuera de bromas, ayer los holdouts saludaron la cumbre del G-20 pidiéndole a ese grupo que expulse a la Argentina por negarse a la auditoría del FMI).

Podría pensarse que no hay mal que por bien no venga. Aunque innecesario, un feroz ajuste sobre el nivel de actividad retraería la inflación. No es seguro. Los sectores que se mueven en negro, es decir, con el tipo de cambio paralelo de $ 4,70, están aumentando los precios porque no saben con qué dólar repondrán su mercadería. Y los tenedores de pesos que no quieren quedar atrapados en un plazo fijo, pero tampoco pueden comprar dólares, terminan gastándose la plata en plasmas o automóviles. Conclusión: Cristina Kirchner podría conseguir que caiga el crecimiento y se mantenga la inflación. El peor de los mundos.