Por Marcela Valente
En un lapso de 48 horas, el gobierno de Argentina inauguró un reactor nuclear y un parque eólico, revelando una apuesta múltiple, y ambientalmente dudosa, para responder a la demanda eléctrica.
Desde que el producto interno bruto comenzó a crecer a ritmo casi constante en 2003, Argentina pasó de generar 17.900 megavatios (MW) a 23.400. A fines de este año llegará a 27.000 MW, según cálculos del Ministerio de Planificación Federal.
Para lograr este incremento, el gobierno alega haber destinado cuantiosos fondos a diversificar la matriz energética. Pero el reparto de inversiones es desparejo, y mucho más inclinado a fuentes contaminantes, indican críticos.
Un parque eólico "es un gran paso en la dirección correcta", pero se trata de una inversión marginal para el Estado, dijo a IPS el especialista en energías Juan Carlos Villalonga, miembro del movimiento social y político Los Verdes y exdirector de campañas de Greenpeace Argentina.
"Hay un abismo entre lo que el Estado invierte en energía nuclear y lo que destina a subsidiar la tarifa de electricidad proveniente de la (fuente) eólica, que además es generada por privados", dijo. "Se destina mucho a un sector y poco a otro".
La presidenta Cristina Fernández inauguró el 28 de septiembre la central atómica Atucha II en el partido de Zárate, norte de la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de generación de 745 MW y un costo de más de 2.000 millones de dólares.
Poco antes, en mayo, se llegó a la cota máxima de la gran represa argentino-paraguaya de Yacyretá, que aporta 15 por ciento de energía eléctrica a Argentina pero cuya construcción forzó el desplazamiento de unas 100.000 personas.
La obra, que aporta 3.000 MW, costó unos 15.000 millones de dólares, incluyendo indemnizaciones y obras para los desplazados.
La nueva central atómica, erigida junto a Atucha I, de 370 megavatios, es la tercera del país. La otra es Embalse, en la provincia central de Córdoba, que genera 648 MW y cuya vida útil se prolongó mediante una inversión de 1.366 millones de dólares.
Pese a las críticas de ambientalistas por las inversiones en una energía que consideran costosa y peligrosa, para 2020 el gobierno proyecta una cuarta central que producirá otros 1.000 MW.
Esto sucede inclusive en un contexto mundial cada vez más reacio a lo nuclear, después del desastre de la central japonesa de Fukushima.
Con Atucha II, la participación de la energía nuclear en la matriz eléctrica pasará de 5-6 por ciento a 12 por ciento. El resto proviene del petróleo, el gas y el carbón, las grandes centrales hidroeléctricas y, en menor medida, de fuentes nuevas y renovables.
La mayor parte de la electricidad se genera de combustibles fósiles, con largo historial en liberación de gases de efecto invernadero, entre otros efectos contaminantes. Las fuentes renovables, como la energía eólica, solar, biomasa y geotérmica, apenas suministran tres por ciento de la oferta eléctrica.
Dos días después de Atucha II, la presidenta inauguró el Parque Eólico Rawson, en la austral provincia de Chubut, de la región de Patagonia, azotada por vientos casi constantes.
El parque, construido por la empresa privada Emgasud, se desarrolla en dos etapas. En la primera se inauguraron 27 molinos, y los restantes 16 entrarán en funciones en 2012. Cuando los 43 aerogeneradores estén funcionando, producirá 77,4 MW con una inversión que no llega a los 150 millones de dólares.
La cercanía de los dos estrenos permite comparar cuánto más costosa es la energía nuclear respecto de la que se produce con el viento.
Greenpeace, que había convocado a protestar contra Atucha II, celebró la puesta en marcha del parque eólico y pidió abandonar la energía atómica y aumentar inversiones en fuentes renovables.
Los hechos muestran que el país "puede y debe abandonar sus proyectos de expansión del carbón", de otros combustibles fósiles y de "la energía nuclear", dijo Ernesto Boerio, de Greenpeace, a IPS.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales también criticó la ausencia de debate y consultas públicas sobre la expansión nuclear, y planteó la urgente necesidad de mostrar a la sociedad los beneficios de la energía renovable.
Para Villalonga, todo lo invertido en Atucha II desde su primera etapa, cuando la obra quedó inconclusa, y a partir de 2004, cuando se retomó su construcción, suma entre 5.000 y 6.000 millones de dólares.
"Esto no es ni remotamente comparable con el subsidio a la tarifa de la electricidad que generarán los molinos eólicos, o sea que si el Estado quisiera podría invertir mucho más en energías renovables", señaló.
En su opinión, el gobierno habilitó una serie de proyectos limpios a fin de cumplir con la ley que lo obliga a llevar a ocho por ciento en 2016 la provisión eléctrica proveniente de fuentes limpias y alternativas.
Pero incluso con el nuevo parque, la provisión eólica apenas llega a los 100 MW, y la solar, que se expresa en otro proyecto privado en la noroccidental provincia de San Juan, es mínima en comparación con otras fuentes.
Si se concretan otros proyectos renovables, se producirán cerca de 1.000 MW de esas fuentes, frente a un total de 27.000 megavatios.
Villalonga también cuestionó que la presidenta pidiera a empresas nacionales que sustituyeran la importación de tecnología eólica, un esfuerzo que no se demanda al sector nuclear ni a otros que se abastecen en el exterior.
