Los nuevos enfiteutas del subsuelo petrolero argentino

Urge reactivar la exploración petrolera en la Argentina paralizada por los errores de la política energética vigente. Las distorsiones en los precios producidas por las retenciones y los controles, y la discrecionalidad de un intervencionismo arbitrario y cortoplacista han desinteresado a muchos inversores que reúnen antecedentes técnicos y capacidad financiera. Como secuela, muchas áreas exploratorias que las provincias han adjudicado fueron a parar a amigos del poder, con más vocación de intermediar con las potencialidades del subsuelo que de despejar las dudas sobre sus posibilidades geológicas.
Los permisos exploratorios otorgados en varias provincias fueron adjudicados en procesos poco transparentes, y con pretensiones de apropiación y reparto de renta poco realista (sin tener en cuenta la experiencia comparada). Como los derechos exploratorios no comprometen pagos al contado, sino compromisos de inversión futura (el canon anual por mantener el bloque no es gravoso), los procesos licitatorios en algunas provincias terminaron direccionados a empresas nuevas que no reúnen antecedentes técnicos ni solidez financiera. Sentados en sus bloques de exploración, los nuevos “petroleros” esperan la oportunidad para ceder en todo o en parte sus derechos a cambio de una renta de intermediación.
La idea de la enfiteusis que se atribuye a Rivadavia no fue mala. Las Provincias Unidas habían declarado su independencia, trataban de darse una organización institucional y mantenían esfuerzos bélicos en distintos frentes. No había crédito, pero había un vasto territorio improductivo de tierras públicas. El derecho real de enfiteusis comenzó a implementarse en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, cuando Martín Rodríguez era Gobernador y Bernardino Rivadavia Ministro de Gobierno. Cuando Rivadavia accedió a la Presidencia en 1826 presentó una ley para nacionalizar el régimen. El derecho real de enfiteusis permitía otorgar esas tierras en explotación (dominio útil) por 20 años renovables (no a perpetuidad como señalaba el antecedente europeo), a cambio del pago de un canon anual que se revisaba cada diez años. El gobierno se hacía de un recurso extra, movilizaba producción, valorizaba la tierra, y, como preservaba la propiedad inmueble, podía a su vez usarla en garantía para obtener créditos. Los errores de instrumentación del esquema (muchos asociados al desconocimiento de cómo operan los incentivos en la apropiación y distribución de la renta agraria), y los intereses espurios de los amigos del poder de aquella época, desvirtuaron la implementación de una buena idea. La mayor parte de las tierras fiscales afectadas fue a parar a los amigos del poder; el canon fijado fue bajo, irrisorio en algunos casos, y no se revisó en los plazos previstos. Como consecuencia, hubo pocos nuevos emprendimientos agropecuarios, y muchos enfiteutas se convirtieron en parásitos que subarrendaban a otras personas grandes extensiones improductivas. Mutatis mutandi, también fue una buena idea la de revertir a las provincias una cantidad de áreas exploratorias que estaban ociosas para que, como nuevos titulares del dominio de los hidrocarburos, buscaran interesados en explorarlas. Es asimismo aconsejable incorporar nuevos actores al desafío exploratorio, a condición de que reúnan condiciones técnicas y económicas. Pero, otra vez, como sucedió con la enfiteusis antes, el otorgamiento de los permisos fue defectuoso en varios estados provinciales. De nuevo, una combinación de ignorancia sobre cómo operan los mecanismos de apropiación y distribución de la renta (esta vez petrolera), con intereses non santos. Como resultado, más del 50% de las 166 áreas exploratorias licitadas por las provincias fue a parar a manos de empresas amigas del poder que no cumplen con sus compromisos de inversión. Hay ejemplos paradigmáticos de descalificación de empresas internacionales para direccionar la adjudicación a empresas locales sin antecedentes. Las consecuencias las sufre el país y las propias provincias productoras donde la exploración quedó estancada. No en todas las provincias fue igual. Algunas aprendieron de las malas experiencias de otras y usaron mecanismos más abiertos, atractivos y transparentes para licitar sus áreas con logros concretos. Otras provincias ya empezaron a reaccionar, a rescindir contratos y a buscar exploradores serios. Las que tienen los mayores problemas deberán seguir el ejemplo de las mejores. El estado nacional tiene el desafío propio del mar continental y el de articular una política exploratoria para toda la Argentina.