Por Carlos Calvo
El paradigma de la poca eficiencia de las empresas públicas y de sus magros o adversos resultados económicos y/o financieros, fueron el gran motor de la comunicación social para justificar ante los habitantes de la república todas y cada una de las medidas que en pro del mercado se fueron tomando, sin importar bajo ninguna circunstancia (“ramal que para, ramal que cierra”) el resultado que en la vida social y cultural provocaba semejante reorganización de la matriz económica y social.
Al mismo tiempo, se puso en marcha un proceso de reforma constitucional que se cristalizó con la aprobación de un nuevo marco constitucional en 1994, que no sólo fue una herramienta que sirvió para la transformación política del país, sino que también ha tenido una impronta muy fuerte en aspectos económicos. Algunos de ellos con peso sustantivo en la región, como es la gestión de los hidrocarburos, ya que determinó con absoluta precisión que la titularidad de los recursos del subsuelo es de los estados provinciales, perdiendo en consecuencia la nación, pero fundamentalmente los equipos técnicos que formaban parte de los organismos públicos de contralor, toda potestad sobre los mismos.
Tamaña modificación en la autoridad de la propiedad de un recurso --tan importante-- en el desarrollo económico del país, fue contemporánea con el proceso de desmembramiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por medio del cual los activos valiosos de la empresa se incorporaban una parte a una sociedad anónima mixta, con participación pública (estado nacional y estados provinciales) y privada --YPF S.A.-- y el resto de estos activos, se “licitaba” en una mesa de oferentes con menos actores que los dedos de una mano.
La conjunción de la reorganización económica de la industria del petróleo y gas, con el cambio de las responsabilidades en la planificación y control de hidrocarburos del país, es la gran responsable de la realidad del mercado del petróleo y gas de la República Argentina, y por ello debe ser un tema de agenda a ser abordado de manera eminente por las autoridades de los estados productores de hidrocarburos y el estado nacional.
Transcurridos ya casi veinte años desde el inicio del proceso descripto, es imperioso de revisar el mismo en pos de encontrar las soluciones al creciente déficit energético. Este columnista piensa que la lógica de revisión debe ser para modificar el sistema imperante en todo aquello que a las claras ha perjudicado a la sociedad toda, y ello debe ser por medio de cambios en las políticas del sector, como así también la implementación de premios y castigos a los buenos y malos actores del sistema, que claramente los hay.
La creación de una agencia federal de hidrocarburos, la implementación de un plan nacional de exploración onshore y offshore, aprobación de una ley de carga impositiva para la industria del petróleo y gas, la implementación de normas que restrinjan las posiciones monopólicas.
Optimizar el control y limitar el área de responsabilidad de cada actor del sistema, apuntalar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, reconsiderar las políticas de explotación de petróleo y gas de los actores del sistema --entre otros-- son tópicos que la sociedad en su conjunto debe debatir. Es el principio para salir de la difícil realidad en la cual nos encontramos, como así también debe ser práctica permanentemente para transitar en una senda de mejora continua.
