Laura Montero
Para LA NACION
Los que queremos que en las próximas décadas la Argentina alcance el nivel de una economía desarrollada debemos fijarnos como premisa la utilización de los recursos productivos y humanos de todo el territorio nacional. Para esto es fundamental que la inversión dinamice la formación de eslabonamientos productivos, a fin de desarrollar un mayor nivel de industrialización y una matriz productiva diversificada. Así, se generarán puestos de trabajo de calidad y productos de alto valor agregado, que podrán insertarse en un mundo cada vez más exigente, dinámico y globalizado, creando rentabilidad empresaria y recursos para el Estado, dándole a éste la posibilidad de implementar, con estos recursos, políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente y sus oportunidades.
Más allá de estos objetivos, hay que diseñar una serie de políticas para corregir los problemas y las fuertes distorsiones de la actual política económica, dando cumplimiento a un programa integral de desarrollo sobre la base de una planificación acertada de mediano y largo plazo de los factores de producción, como base de sustentación del sistema productivo.
El próximo gobierno deberá bajar la inflación, recuperar la solvencia fiscal, combatir el alto ritmo de apreciación cambiaria, mejorar la solvencia financiera del BCRA y solucionar temas externos pendientes, poniendo énfasis en mejorar el funcionamiento de las instituciones y en corregir políticas que atentan contra la producción. Pero la tarea más ardua será la de atacar certeramente los procesos críticos que afectan la competitividad, como lo son el problema energético, el del sistema logístico y el de la provisión continua de recursos humanos y tecnológicos, adecuándolos a las demandas de un sistema productivo cada vez más exigente a la hora de buscar competitividad en escenarios globales.
El sistema energético es producto de la improvisación y de la irresponsabilidad que operó sobre él en los últimos años. En tiempos kirchneristas, la falta de reglas de juego y las distorsiones en la comercialización provocaron desinversión en un momento de precios altos, y llevó a que las reservas comprobadas hayan caído un 10% en petróleo y un 17% en gas.
Llegó el desabastecimiento
Hoy nos encontramos en situación de desabastecimiento parcial, con largas colas en estaciones de servicio como muestra del fracaso de la política energética. La imposibilidad de responder a la demanda radica en que no sólo cayeron las reservas, sino en que la capacidad de refinación del país ha estado estancada y se han cerrado el 50% de las estaciones de servicio existentes. La solución que encontró el Gobierno es importar gas licuado caro y combustible venezolano, hecho que se habría producido bajo fuertes cuestionamientos de corrupción. Modificar esto es el desafío que el próximo gobierno deberá enfrentar desde la perspectiva de una visión clara de la necesidad de diversificar y ampliar la oferta energética. También de la necesidad de trabajar sobre la racionalización de la demanda, atacando el régimen de subsidios, sincerando gradualmente tarifas y alentando un menor consumo sobre la base del uso eficiente y responsable de la energía que se dilapida. Otros factores productivos, como la falta de infraestructura y desarrollo logístico, se suman a la falta de desarrollo energético reduciendo el desarrollo de inversiones productivas y disminuyendo la competitividad. Actualmente, sólo el 5% de las cargas interurbanas se trasportan en tren y las rutas están colapsadas en los principales puntos urbanos del país. El sistema portuario muestra también bajos niveles de eficiencia.
Desde el punto de vista de los recursos humanos, habrá que trabajar intensamente para mejorar la calidad del sistema educativo, el cual perdió posicionamiento respecto a nuestros principales competidores, y también intensificar el modelo de formación profesional dual entre sector público y privado, en el que las partes cooperan entre sí (centros de formación, empresas, cámaras y sindicatos), pero se interactúa con las empresas para la configuración concreta de la formación profesional. Además se deberían profundizar políticas que mejoren la empleabilidad de la población más vulnerable (especialmente los jóvenes) mediante acciones de formación para el trabajo y crear marcos de regulaciones especiales para microempresas y pymes que fomenten la reducción del empleo informal.
El próximo gobierno tiene la inmensa responsabilidad de realizar un cambio profundo y estructural de los factores que dinamizan la producción. No sólo para sostener crecimiento económico y empleo, sino, y prioritariamente, para que el Estado cuente con los recursos necesarios para revertir la necesidad de millones de argentinos que no pueden acceder a sus derechos sociales. La acometida es más que importante y esto requiere de políticas efectivas que igualen, desde la convicción de ser solidarios, y sin hipocresías.
La autora es senadora nacional (UCR-Mendoza)
