Chile enfrenta un dilema energético
DF
Varios gobiernos chilenos han luchado para hacer frente a las debilidades energéticas estructurales del país en un contexto de demanda interna creciente y costos de energía en alza.
Un controvertido nuevo proyecto hidroeléctrico en la región de Aysén recibió luz verde el 9 de mayo, pero desencadenó protestas masivas de los activistas del medio ambiente y ha puesto en duda la política energética actual del gobierno de Sebastián Piñera.
El proyecto, que será construido por el consorcio HydroAysén, implica la construcción de cinco centrales hidroeléctricas con una capacidad conjunta de 2.750 MW en la Patagonia, en el extremo sur del país.
Este megaproyecto fue diseñado en 2006 como parte de una alianza entre Colbún, una empresa local de generación eléctrica, y Endesa (España). Se espera que cueste unos US$ 8.000 millones, incluida la construcción de una línea de transmisión de 1.900 kilómetros para llevar la electricidad generada a la región metropolitana de Santiago.
Concesiones del consorcio
El proyecto HidroAysén enfrenta la oposición apasionada de grupos de presión ambientales locales e internacionales, que han logrado retrasarlo por años. Su presión obligó al consorcio HidroAysén a rediseñar su esquema original para minimizar su impacto ambiental y mejorar sus posibilidades de ser aprobado.
El nuevo diseño reduce el área que será inundada por las represas de 21.000 a 5.900 hectáreas. El consorcio también ha mejorado su oferta inicial de iniciativas de mitigación y compensación para obtener el apoyo regional, estos esfuerzos incluyen la reforestación de 15.000 hectáreas, una importante actualización de la infraestructura social y de transporte local, y reducir a la mitad las tarifas eléctricas en la región de la Patagonia.
Estas iniciativas fueron valoradas en conjunto en US$ 430 millones y permitieron que el proyecto se asegurara un apoyo considerable dentro de la población patagónica, pero no impresionaron a los grupos ambientalistas. Estos esperan ahora detener a HidroAysén impidiendo la construcción de su línea de transmisión de 1.900 km.
Considerando la escasa población y la belleza natural intacta de la Patagonia chilena, los ecologistas abogan por mantenerla en su totalidad como área protegida, sin desarrollo industrial. Sin embargo, el potencial hidroeléctrico de la región es indiscutible, debido a las abundantes precipitaciones.
Así, la explotación de la energía limpia y barata en la región parece cada vez más necesario en un país que prácticamente no tiene hidrocarburos propios, es peligrosamente dependiente de las importaciones de petróleo y carbón, tiene un historial en rápido deterioro en términos de emisiones de dióxido de carbono y padece de tarifas eléctricas entre las más altas del mundo.
Las tarifas ya elevadas se han agravado considerablemente este año debido a una sequía que ha dejado fuera de acción gran parte de la capacidad hidroeléctrica de Chile.
Dado que las tarifas eléctricas para los clientes a gran escala varían en función de los costos marginales de generación de electricidad, las empresas que operan en Chile tuvieron que pagar en marzo de 2011 exorbitantes US$ 261 por MW/h, según un estudio de Montamat & Asociados, una consultora argentina, en comparación con US$ 20 por MW/h en Perú, US$ 29 por MW/h en Argentina y US$ 31 por MW/ en Colombia.
Obstáculos al crecimiento
El aumento de los costos de energía y la incertidumbre sobre la política energética actual se consideran debilidades estructurales fundamentales que podrían afectar adversamente el crecimiento económico general. El problema es magnificado por la frecuencia inquietante con la que las cuestiones relacionadas con la energía desencadenan protestas públicas (como las de Coquimbo en 2010 y en Magallanes a principios de 2011).
Para solucionar este problema, el presidente Sebastián Piñera y su ministro de Energía, Laurence Golborne, recientemente invitaron a expertos en energía y protección ambiental de todo el espectro político para participar en una comisión que proponga una política energética a largo plazo para el país.
Esta tarea implica encontrar un equilibrio razonable entre las normas de protección del medio ambiente, los costos de la energía y niveles de subvención asequibles para promover un aumento gradual en el uso de tecnologías de energía renovables no convencionales. También tendrá que hacer frente a la muy controvertida cuestión de si Chile debe considerar la energía nuclear.
