Todos recordamos las promesas efectuadas por una ex funcionaria del gobierno justicialista del doctor Menem, sobre el plazo de terminación de las obras de saneamiento ambiental por realizarse en la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, también las de distintos funcionarios del último gobierno y del actual. Lo cierto es que es éste uno de los casos paradigmáticos en los cuales el Poder Ejecutivo, en sus distintos estamentos, no cumple con su deber funcional, desprotege la comunidad y en el tema que nos ocupa daña el medio ambiente y la salud de millones de argentinos.

Recordamos también cómo el Poder Judicial, en memorable actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en julio de 2008, en la causa "Mendoza", amparó a los ciudadanos de la Capital Federal y el conurbano, y conminó a las autoridades ejecutivas a dar solución efectiva al escándalo ambiental que significa el altísimo grado de contaminación del Riachuelo, desechando argumentos meramente dilatorios y retóricos de la funcionaria de turno a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

A raíz de esta decisión judicial, se lograron algunos avances en la tarea, que fundamentalmente tienen como responsables a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA), así como a 14 comunas, al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y a todos los particulares que, de una manera u otra, afectan la cuenca en cuestión con sus residuos y otros elementos contaminantes.

Es de destacar que el juzgado federal de Quilmes -una vez más la Justicia-, supliendo una notoria carencia e ineficacia del Ejecutivo, ha conminado a los interesados precedentemente mencionados a que presten una colaboración intensa y activa con las tareas de limpieza de las márgenes del río y sus arroyos tributarios, utilizando para ello todos los elementos que el poder de policía les confiere.

El mismo tribunal advierte que, de no cumplirse su mandato, hará responsables concurrentemente al presidente de Acumar, a los intendentes de los 14 municipios involucrados, y al jefe de gobierno de la CABA, y que les impondrá una multa diaria sobre sus propios patrimonios por cada día de incumplimiento.

También ha dicho que los responsables deberán denunciar en el expediente si han advertido la "interferencia en sus labores por cuestiones políticas, falta de idoneidad de alguno de los cooperativistas implicados o cualquier otro tipo de entorpecimiento u obstaculización de hecho o de derecho que distraiga la efectiva obra proambiental".

En cuanto a los particulares, observa el magistrado que algunas empresas se resisten a despejar el espacio de 35 metros desde la ribera, conocido desde antiguo como "camino de sirga", invocando derechos de propiedad u otras defensas.

Sobre el punto dice el magistrado que si bien los intereses privados son respetables, hay casos en los cuales el interés público se les equipara. En el caso se trata de la recomposición del ambiente en la cuenca aludida, objetivo que la comunidad toda reclama desde hace décadas. Intima gravemente a las empresas a que faciliten y despejen el área en cuestión con fuertes apercibimientos, solicitando el auxilio de las fuerzas de seguridad al efecto.

La situación es a la vez lamentable y admirable. Penoso resulta que los diversos poderes administradores involucrados no puedan por sí solos actuar conforme a lo que deberían ser sus objetivos primeros, y son sus deberes propios. Admirable, que tengamos una Justicia, desde la Corte Suprema hasta el juez federal involucrados en tratar de dar satisfacción a la ciudadanía amparando un derecho constitucional, el medio ambiente sano, tan groseramente conculcado como es el caso.

Exhortemos, pues, a la ciudadanía a que exija el efectivo cumplimiento del plan de saneamiento acordado y a los políticos a que incorporen el tema en sus campañas, a fin de que este impulso no caiga y se logre tener de una vez por todas un Riachuelo limpio y sano.