Por Roberto Dvoskin Profesor Universidad De San Andrés
Cual si fueran las reglas que rigen los ciclos económicos, el Gobierno, a través de su Secretaria de Comercio Interior, vuelve a amenazar con la muy controvertida Ley de Abastecimiento (20680). No es este el lugar de discutir si la ley es buena o mala, de por sí categorías equivocadas, sino los alcances de la misma y si su aplicación en este momento de la economía argentina es útil o tiene razón de ser.
En primer lugar es interesante comprender el espíritu de la Ley, el momento histórico en que fue promulgada (año 1974).
Y en segundo lugar, determinar si ese espíritu de la Ley se mantiene cuando la aplican o amenazan con su aplicación.La Ley de Abastecimiento (que no es una Ley de Precios ) es necesaria como instrumento del Estado cuando situaciones de extrema gravedad sobrevuelan a una sociedad.
Un ejemplo concreto y obvio podría ser una guerra, otro una gravísima crisis económica institucional como diciembre del 2001, que obliga a una rápida participación del Estado a fin que ningún sector social especule. Pongamos el ejemplo de un atentado terrorista con decenas de heridos; no es posible que laboratorios medicinales, droguerías y farmacias puedan especular ocultando productos o subiendo los precios. En esos casos el Estado tiene la obligación (no sólo el derecho que le otorgaría la Ley) de actuar en consecuencia e impedir que dicho grupo económico obtenga beneficios extraordinarios de la tragedia. Ese es a mí entender el espíritu de la Ley.
Si, en cambio, la ley se convierte en un instrumento de política económica para bajar la tasa de inflación, en el mejor de los casos estamos utilizando una itaca para matar a un pajarito y en el peor de lo casos, el gobierno se convierte en no creíble.
La amenaza de la Secretaría de Comercio (actual organismo de aplicación de la ley) de la utilizar la ley de abastecimiento para que empresas o grupo de empresas bajen sus precios es, al menos, suponer que el país está atravesando una grave crisis económica o que un cataclismo haya ocurrido sin que nos hayamos enterado.
La aplicación de un instrumento de tanto poder como la Ley de Abastecimiento para anomalías del mercado, algunas injustificadas, deben ser corregidas por instrumentos adecuados como la ley de Defensa de la Competencia o Defensa del Consumidor.
Tan grave como no usar el instrumento correcto es utilizarlo sólo como mecanismo de amenaza. El Estado se maneja con actos administrativos (como los jueces con sus fallos) y no con expresiones, gritos o amenazas.
Estoy convencido de la necesidad de políticas activas por parte del Estado, creo que los marcos regulatorios son instrumentos adecuados para una sociedad institucionalizada. Y que es fundamental respetar el espíritu de la ley. La ley de abastecimiento fue pensada para resolver problemas graves ante situaciones críticas, no como mecanismo para luchar ( ineficientemente ) contra la inflación.
Por Manuel A. Solanet Ingeniero
Es sabido que a los gobiernos les resulta fácil entrar en el control de precios, pero muy difícil salir. En un marco inflacionario la dificultad se agiganta. A medida que transcurre el tiempo crecen las distorsiones y una corrección resultan cada vez en consecuencias más dolorosas e impolíticas. Esto está sucediendo en la Argentina. Desde enero de 2002 las tarifas de diversos servicios públicos han permanecido casi congeladas, con ninguno o muy pequeños ajustes en comparación con la inflación realmente ocurrida. El Gobierno se ha visto obligado a compensar con subsidios directos o indirectos a las empresas prestadoras requiriéndose fondos presupuestarios que han crecido año a año. La imaginación oficial ha recurrido además a otros arbitrios, por ejemplo controlar el precio de ciertos insumos relevantes de esas cadenas productivas. Por ejemplo, también se congeló la tarifa del transporte de gas por gasoductos y el precio pagado en boca de pozo. Ahora Guillermo Moreno ha vuelto a intentar congelar el precio de los combustibles en los surtidores, aplicando aunque no esté vigente la Ley de Abastecimiento. Se suman los disparates y las distorsiones.
El precio del petróleo crudo en las refinerías se ha mantenido por debajo del precio internacional introduciendo una retención móvil, que hoy supera el 50%. Esto se agrega al ridículo precio del gas reconocido a los productores y explica porqué ha caído la producción. Con todas estas intervenciones del gobierno la cadena de comercialización de combustibles trabaja con márgenes insuficientes y las inversiones no se hacen o van a otros países. Hoy se importa gas licuado a un costo que es más de cuatro veces el reconocido a los productores locales. Las insignificantes tarifas del gas por redes han inducido a consumos suntuarios como es el de la calefacción de piletas, mientras que en barrios marginales sin acceso a redes se debe usar la garrafa con un costo por caloría diez veces superior. El transporte ferroviario y por colectivos en la región metropolitana de Buenos Aires, que está bajo regulación nacional, no cubre con sus tarifas ni lejanamente sus costos. Por lo tanto recibe subsidios. Además, las empresas de colectivos tienen cupos de gasoil a precios inferiores a los del surtidor, con cargo al presupuesto público. Todo esto no solo desvirtúa el manejo eficiente y desalienta la inversión en estas actividades, sino que crea amplios espacios de corrupción. Un boleto de tren u ómnibus en Buenos Aires cuesta entre cinco y quince veces menos que en cualquier ciudad de otro país. El argumento social de estos enormes subsidios resulta poco comprensible cuando se observa que no se aplican en similar proporción en otras provincias del país.
Las deformaciones en las tarifas eléctricas son también impresionantes. Para 2011 el monto de los subsidios por controles de precios probablemente superará los 60.000 millones de pesos. El creciente y palpable deterioro de la situación fiscal hará necesario en algún momento ponerle fin a este dislate. Pero ¿cómo se sale del embrollo? ¿Qué dice la historia frente a situaciones parecidas? Lo que dice es que cuando las correcciones se demoraron más de lo debido ya no pudieron adecuarse a un plan controlable, y como consecuencia no fueron graduales sino abruptas e impuestas por las circunstancias. Las experiencias han sido similares a los casos de fijación artificial del tipo de cambio. Este gobierno ya lo experimentó con la carne, no sin antes haber logrado destruir el stock ganadero. No debiera por lo tanto esperarse más para sincerar toda la estructura de precios de la energía, el transporte, los productos alimenticios y otros servicios con precios controlados. El impacto social para los que verdaderamente no puedan pagar los aumentos, debería solucionarse con subsidios específicos a la demanda y no a la oferta.
Con un ritmo inflacionario que supera el 25% anual, la demora en resolverlo hasta después de las elecciones configurará un cuadro para nada deseable para quien se haga responsable de la futura gestión de gobierno.
