Santiago Urbiztondo, Economista Jefe, FIEL
En la última semana de 2010 los usuarios de Edenor, Edesur y Edelap sufrieron cortes de luz que motivaron una denuncia del gobierno nacional ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) solicitando la aplicación de multas por un total de $ 70 millones y el examen de la eventual rescisión del contrato con Edesur. Para poner en contexto el tema, es ilustrativo recordar el “Apagón de Edesur”, ocurrido en febrero de 1999, en el cual unos 150.000 usuarios estuvieron sin servicio por hasta 10 días y se aplicaron multas y compensaciones a los usuarios afectados por un total de $ 90 millones.
Hay varios puntos en común. Primero, ambos episodios ocurrieron ante altas temperaturas estivales que provocaron picos de demanda y fallas en los sistemas de distribución. Segundo, Edesur estuvo involucrada en ambos. Tercero, los contratos de concesión -que establecen las compensaciones y penalidades según sea la duración de los cortes y la afectación a la seguridad pública- han sido sólo marginalmente modificados desde entonces (en el contexto de una renegociación contractual inconclusa). Sin embargo, las diferencias son mucho mayores. Primero, mientras que el evento de 1999 fue de carácter geográfico acotado y relacionado con una falla severa en una estación de distribución de la Capital inaugurada pocos meses antes, lo ocurrido ahora fue de naturaleza sistémica (con cortes muy dispersos en distintos puntos de la Capital Federal y el conurbano) luego de varios años sin inversiones significativas para ampliar la capacidad del sistema de distribución (a pesar de que el consumo de energía no industrial en GBA aumentó un 30% entre 2001 y 2010).
Segundo, el cumplimiento contractual por parte del Estado ha sido radicalmente diferente. En 1999 las empresas concesionarias enfrentaban las obligaciones consistentes y derivadas del pleno ejercicio de sus derechos (en particular, tarifas fijadas según contrato y marco regulatorio), mientras que en 2010 tienen prácticamente las mismas obligaciones formales a pesar de que desde 2001 sus tarifas aumentaron mínimamente (frente a una inflación mayorista acumulada del 350% desde entonces).
Tercero, dado que las compensaciones y penalidades previstas en los contratos de concesión están referidas al valor de la energía no suministrada, pero ésta ha aumentado debido a los nuevos cargos tarifarios creados en 2008 para cubrir los mayores costos de la generación eléctrica, la situación en 2010 resulta más gravosa para las distribuidoras: respecto de sus ingresos propios como distribuidoras, cortes de igual magnitud darían lugar a multas y compensaciones mucho mayores. De hecho, en 1999 la duración promedio de los cortes a los 150.000 usuarios fue de unos 3 días, por lo cual los $ 90 millones aplicados entonces aproximaron un promedio de $ 200 por día de corte a cada usuario afectado, mientras que en 2010 -tomando por cierta la estimación oficial de 30.000 usuarios afectados, y suponiendo una duración promedio de 3 días por corte- la multa requerida por el gobierno al ENRE promediaría unos $ 770 por día de corte a cada usuario afectado. Es decir, con una tarifa de distribución levemente mayor que en 1999, la penalidad promedio sería 285% superior.
En definitiva, aunque el gobierno pretenda igualar ambas situaciones, lo ocurrido a fines de 2010 es “la crónica de una gran falla anunciada”. En efecto, tal como fue señalado desde 2003 por quienes el gobierno y sus voceros llaman “agoreros de la crisis energética”, no recomponer los contratos post-2002 y mantener tarifas artificialmente bajas llevaría a un crecimiento de la demanda y a sobrecostos insostenibles en el tiempo (que demandan correcciones más difíciles a medida que se profundizan las distorsiones).
Resulta infantil -o malicioso- negar que el precio y la calidad del servicio deben ir de la mano: tarifas de distribución deprimidas no permiten el repago de inversiones que excedan el mantenimiento mínimo de las redes, y son por ende consistentes con una calidad del servicio más baja que la alcanzable con tarifas mayores y contratos e instituciones regulatorias consistentes. Puede que alguna de las distribuidoras eléctricas de GBA haya deteriorado su gestión y sea pasible de reclamos razonables, pero avanzar en penalidades millonarias y el análisis de una eventual rescisión contractual requiere primero que el Estado, por medio de su rol como concedente y regulador, haga posible el cumplimiento de las responsabilidades ajenas que reclama.
Estamos a tiempo de entender y corregir lo que está pasando. Hace falta valor para no echar la culpa a terceros y para estar dispuestos a pagar el servicio de la calidad exigida. Pero si como sociedad preferimos creer que todo es culpa de la caprichosa e irresponsable falta de inversiones e inoperancia de los accionistas de las distribuidoras eléctricas, sustentando así la negligente estrategia exculpatoria del gobierno, tendremos show para rato.
