Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El martes, por la resolución de la Secretaría de Comercio, se decidió liberar el precio de venta de los combustibles, que había quedado congelado por otra resolución del 17 de agosto pasado. Curiosamente, esta resolución se tomó aplicando la vieja Ley de Abastecimiento, justo en un momento en el que no había problemas y se liberan ahora, cuando por la mayor demanda pueden existir problemas para abastecer.
Lo cierto es que la liberación tiene varias aristas. Las empresas aducen incrementos en los costos (por la inflación y salarios) y aumentos en el precio de la materia prima. Con estos niveles, los precios de los combustibles (en parte por el atraso cambiario) ya están por encima o igualando los precios de los mismos en los países vecinos.
Pero lo más grave es que liberan los precios y se convalidan aumentos, cuando se sigue manteniendo "pisado" el precio del petróleo crudo en el mercado interno, perjudicando seriamente a las provincias productoras que están sacrificando, en promedio, un 50% anual de regalías. En el caso de Mendoza, la pérdida por la decisión política del Gobierno nacional es de casi 100 millones de dólares anuales (unos 400 millones de pesos).
Como parte de la hipocresía con la que se manejan los discursos y los argumentos del Gobierno nacional, siempre se dijo que mantener pisado el precio del crudo, alejado de los precios internacionales, era para que no hubiera inflación y para que los combustibles fueran accesibles.
Todo mentira y se puede verificar sólo revisando los datos. En lo que va del año, con mini aumentos, las naftas Premium han aumentado un 36%, mientras que la súper creció más del 28%.
Estamos claramente frente a un acuerdo corporativo que beneficia, principalmente a YPF, que tiene la porción mayoritaria del mercado y, de esta manera, el Gobierno ayuda a los empresarios argentinos a amortizar más rápidamente sus inversiones.
Lo real es que las provincias son las verdaderas perjudicadas, pero hasta ahora ningún gobernador, incluido Jaque, han hecho nada por revertir esta situación. El gobernador mendocino tuvo un atisbo de reclamo en la inauguración de una ampliación de la refinería para reclamar por los precios al público en Mendoza, que son los más caros del país, pero los empresarios hacen lo que quieren.
El precio, según argumentos de YPF, se aplica tomando un anacrónico sistema de medición que es el "import parity", es decir, el precio de importación puesto en el puerto de Dock Sud, al cual, luego, se aplica el costo del flete Buenos Aires-Mendoza. Todo es un verdadero disparate porque Mendoza tiene una refinería propia desde la que se abastece y tiene producción propia, con lo cual el argumento no tiene pies ni cabeza.
Pero es más grave cuando se comparan los precios al público en otras jurisdicciones más alejadas de Buenos Aires, como Jujuy o Misiones. En estas provincias, los combustibles son más baratos que en Mendoza.
En concreto, en Mendoza producimos petróleo, por el cual nos pagan algo más de la mitad del precio internacional y tenemos una refinería modelo, pero pagamos la nafta más cara del país.
Si no hay caminos políticos, deberían ensayarse caminos judiciales, pero debería terminarse con este abuso. Lo peor es que nuestros gobernantes son socios del abuso al no hacer nada para frenar este atropello que no sólo nos cuesta en los bolsillos sino que afecta directamente la competitividad de nuestra producción.
Quizás a algún ministro de la provincia se le ocurra la idea de vender directamente combustibles o estatizar estaciones de servicio para sacar un plan "nafta para todos".
Lo real, y de esto debemos ser conscientes, los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner han perjudicado notablemente a Mendoza, con la anuencia de gobernadores obsecuentes como Cobos y Jaque. No sabemos cómo seguirá la historia pero sería bueno que algún día tengamos algún mandatario que defienda en serio los recursos provinciales.
