Confirmado: Cristina es Kirchner

SI todavía alguien guardaba una mínima esperanza sobre la idea de que la muerte de Néstor Kirchner iba a cambiar el clima de la Argentina y el estilo de gobierno, esa módica expectativa se vino abajo con los anuncios de la última cadena nacional. En no más de doce minutos, la Presidenta, por momentos con la voz entrecortada por el recuerdo de su compañero, volvió a demostrar que no tiene la mínima intención de negociar o consensuar nada con la oposición. Y que a los argentinos nos espera más de lo mismo: nuevos anuncios sobre anuncios que ya se hicieron y no se cumplieron; golpes de efecto para sacar de la agenda los asuntos inconvenientes, como las ofertas de dinero a los diputados para aprobar el presupuesto oficial, y uso discrecional de los fondos públicos, como si la plata del Estado fuera de la primera mandataria o de los ministros. La única diferencia entre el ex presidente y Cristina Fernández es que el primero manejaba con mano de hierro las negociaciones sensibles, y las ofertas políticas y económicas se hacían con más cuidado y anticipación. Ahora, las "propuestas indecentes" las formulan varios interlocutores y la superposición de gestiones las hace menos "efectivas" y más escandalosas.

¿Tiene derecho el Gobierno a diagramar un presupuesto y pretender que se lo apruebe sin tocar una coma? Sí, si se entiende el presupuesto como la elección de prioridades del gasto público. Y si la oposición no le facilita el uso de ese instrumento estará incumpliendo su obligación. Así presenta la jefa del Estado el asunto, pero no dice toda la verdad. Porque se trata de un presupuesto mentiroso. Un presupuesto que subestima la verdadera recaudación. Un presupuesto que le permitirá al Ejecutivo contar con más de 100.000 millones de pesos de libre disponibilidad. Es decir, sin pasar por el filtro o el control del Parlamento. Una enorme cantidad de dinero que podría ser utilizado, como sucede desde 2003, para disciplinar intendentes, gobernadores, dirigentes sociales, sindicalistas, medios y periodistas y para financiar, de manera poco transparente la próxima campaña presidencial. Una parte de la oposición pretende usar parte de esos fondos para pagar el 82 por ciento móvil de los jubilados. Otra parte desea, por lo menos, que a semejante excedente se le asigne un destino cierto y determinado. Eso no tiene nada que ver con poner palos en la rueda, colocar en riesgo la gobernabilidad o impedir que la Presidenta gobierne como se lo impone la Constitución Nacional. Es una cuestión de sentido común: el Poder Ejecutivo gobierna y el Congreso controla.

¿Es un delito que los funcionarios del Gobierno traten de convencer a diputados de distintas fuerzas para que aprueben el presupuesto oficial? Primera respuesta rápida: el ámbito natural para hacerlo son las comisiones de trabajo y el recinto. Segunda respuesta urgente: desde la restauración democrática, el ejercicio de seducción de ministros y secretarios se viene haciendo sin que nadie, hasta ahora, haya puesto el grito en el cielo. Recuerdo aquella confesión del fallecido senador radical Adolfo González Gass cuando reconoció, ante el estupor generalizado, que su bloque canjeaba nombramiento de jueces por leyes que necesitaban aprobar. Con el tiempo, el canje se hizo más sofisticado y tangible. La Banelco en tiempos de la Alianza fue la más escandalosa, pero no la única. El "pedí lo que quieras" denunciado por Emilio Rached en el medio de la discusión por las retenciones al campo fue un botón de muestra de la desesperación de Kirchner por ganar la pulseada. Una cosa es el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tratando de convencer al diputado del PJ disidente Marcelo López Arias para que vote a favor del presupuesto, aunque la llamada haya sido de madrugada, y otra muy distinta es ofrecer dinero negro, desde 50.000 hasta 500.000 pesos, por vender la conciencia y las convicciones. ¿Pudo la Presidenta no tener conocimiento de semejantes propuestas? La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostiene que no hay negocios por debajo de la mesa si los jefes políticos no hacen un guiño. El ex presidente Fernando de la Rúa podría ser condenado por el mismo motivo. El ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto reconstruyó la ruta de las coimas a los senadores para aprobar la reforma laboral y explicó por qué De la Rúa no podía ignorarlo.

Todo el sistema político sabe que el dinero por debajo de la mesa existe. Como existen los aprietes públicos y privados a los gobernadores para que los legisladores de sus provincias voten a cambio de obras públicas o de liberación de fondos. ¿Se atreverá la presidenta de Asuntos Constitucionales, Graciela Caamaño, a investigar a fondo, o simulará que lo hace, como parte integrante del sistema?

La cadena nacional de la Presidenta tuvo un doble propósito: generar un golpe de efecto con el anuncio del pago de la deuda al Club de París sin pasar por el monitoreo del FMI y correr de la agenda la investigación por el intento de torcer la voluntad de diputados nacionales que no quieren aprobar el presupuesto a libro cerrado. Honrar las deudas está bien, pero pagar al mismo tiempo tasas del 16 por ciento a Venezuela no es progresista ni antiimperialista. Y pagar tan rápido una deuda que en buena parte es ilegítima y fue contraída por la dictadura militar es, desde el punto de vista ideológico, por lo menos discutible. En fin: si cualquier gerente financiero de la empresa más importante le aconsejara al dueño pagar semejante deuda en menos de un año, éste lo despediría o, por lo menos, rechazaría la sugerencia.

Sin embargo, Néstor Kirchner convenció a la militancia de que esta política de desendeudamiento es revolucionaria, porque "nos libera" de la vigilancia del Fondo. Y ésta también es una verdad a medias: porque el Fondo sigue monitoreando a la Argentina, aunque sus directores ya no nos visiten tan seguido. Y porque la "ruptura mediática" con los organismos financieros es una de las causas de la falta de inversión directa que padece nuestro país.

Néstor Kirchner ya no está, pero Cristina Fernández de Kirchner es más de lo mismo: prepotencia disfrazada de convicción, medias verdades presentadas como logros históricos y el uso de la caja para conservar y acrecentar el poder de cara a las presidenciales del año que viene.