Una nueva política petrolera
EL CRONISTA
Por Daniel Gustavo Montamat. Economista.
Ningún régimen de explotación de los hidrocarburos puede asegurar el 100% de la renta petrolera al dueño del recurso. Cuando el estado monopoliza la actividad productiva y se apropia de la renta (diferencia entre precio y costo) mediante una empresa pública, debe ceder una parte de esa renta a la empresa estatal para la reposición y desarrollo de nuevas reservas, exploración incluida.
A su vez, si la política oficial mantiene precios internos divorciados de los precios internacionales, cede otra parte de la renta a los consumidores. En el esquema de explotación privada, los concesionarios de la explotación hacen la inversión para explorar y explotar a cambio de una participación en la renta, y el estado se apropia de otra parte de la renta a través de regalías e impuestos. Como en el caso anterior, si los precios internos están divorciados de los internacionales (subsidio económico) también el consumidor aguas abajo se apropia de una parte de la renta.
Argentina se deshizo de la YPF estatal que producía petróleo y gas por sí (70%), y con la asistencia de contratistas privados (30%), y adoptó el actual esquema de concesiones privadas. La YPF del estado era criticada por perder plata, y las empresas privadas hoy son criticadas por explorar poco y sobreexplotar las reservas probadas.
Cuando YPF daba pérdidas, la renta petrolera quedaba en el camino (contratistas, “ñoquis”, proveedores, consumidores); y, cuando los privados invierten poco en nuestros campos, parte de la renta argentina migra a otras geologías.
En contra de la percepción generalizada, el gran beneficiario de la renta petrolera argentina generada entre el 2002 y el 2009 fue el consumidor aguas abajo de gas natural y productos refinados. De los 95.691 millones de dólares de renta generada en el período, el consumidor aguas abajo se apropió del 57%, el estado (nacional y provincial) del 28% y las empresas del 15%. De los 95.691 millones, 35% es renta gasífera y 65% renta petrolera.
La renta transferida al consumidor aguas abajo se tradujo en un subsidio económico total de 54.573 millones de dólares: el 53% fue a los consumidores finales de gas natural y el 47% restante a refinerías y consumidores de productos derivados del petróleo.
A no confundir, estos subsidios no tienen impacto presupuestario, pero son decisivos al fijar los incentivos y señales de precios que determinan la distribución de la renta del petróleo y el gas natural. La apropiación y el reparto de la renta atraen o disuaden inversiones. Peor, pueden alentar la reposición de reservas en otras geologías más atractivas o que ofrezcan más certidumbre, reduciendo al mínimo la exploración y los riesgos donde prevalece el oportunismo y la falta de atractivo geológico.
Colombia acaba de reactivar con éxito la actividad exploratoria a partir de contratos que reducen la apropiación de renta del gobierno del 75 al 50%; el otro 50% va para el inversor de riesgo.
El Perú ha impuesto un límite máximo de un 50% a la renta que puede apropiarse el gobierno. Las licencias exploratorias otorgadas por los ingleses en las cuencas adyacentes a las islas Malvinas establecen un reparto de 60/40 para empresa y gobierno. Ni Perú, ni Colombia, ni Brasil sometieron a la industria a precios políticos y retenciones.
Brasil y Colombia preservan petroleras estatales (Petrobras, Ecopetrol) que lideran la actividad exploratoria y productiva en sus países, pero a través de distintos esquemas se han abierto a la inversión privada. Los resultados exploratorios y productivos de uno y otro están a la vista.
La descapitalización sectorial de estos años no es irreversible (pérdida de reservas y declinación productiva), pero remontarla requiere de otras reglas que establezcan mecanismos previsibles de apropiación y reparto de la renta petrolera teniendo en cuenta la experiencia comparada.
Hay que explorar el mar argentino y potenciar la producción doméstica con una nueva política petrolera de largo plazo que traduzca consensos y se erija, en consecuencia, en una política de estado.
