Por Jorge Lapeña, EX SECRETARIO DE ENERGIA DE LA NACION
Los argentinos estamos comprendiendo que algo tenemos que cambiar si queremos finalmente acceder a un objetivo trascendente: el logro de una república democrática de alta calidad . Se trabaja en acuerdos interpartidarios que aseguren gobernabilidad y que implican asumir reglas de juego institucionales respecto a los ejercicios de los roles del gobierno y de la oposición. Por otra parte, la oposición parlamentaria enhebra acuerdos de alta calidad institucional en el Parlamento que si bien no son programáticos buscan poner límites al Ejecutivo y llevar a primer plano la división de poderes y el cumplimiento de la ley.
Se habla en estos días también de la necesidad de acordar políticas de Estado que aseguren continuidad a pesar de los cambios de gobierno que la alternancia democrática impone. Vaya un ejemplo: nuestro país en sus albores fundacionales con la sanción de la Constitución de 1853/60 tuvo una exitosa política de Estado de la cual casi todos somos consecuencia directa: la inmigración. Una política que se cumplió hasta la última posguerra.
La educación, la salud pública, la política previsional, la energía, el medio ambiente requieren de políticas bien concebidas y con grandes acuerdos que aseguren una aplicación racional y perdurable de las mismas hasta alcanzar sus objetivos estratégicos.
Una política de Estado -a diferencia de la política de un gobierno- es patrimonio de la nación y expresa el pensamiento y la ética de un tiempo dado.
Sin embargo, cuando entramos en lo concreto, en lo que trasciende a lo discursivo no son muchos los ejemplos que se pueden exhibir de estos acuerdos.
Hace 18 meses ocho ex secretarios de Energía de los gobiernos democráticos precedentes al actual hemos propuesto a la sociedad una nueva mirada sobre gravísimos problemas de este sector y hemos alertado a las fuerzas políticas democráticas sobre la conveniencia de hacer acuerdos de largo plazo . Pero el ejemplo no prendió en otras áreas.
Un tema que hoy requiere acuerdos es el de la realización de las obras de infraestructura : qué obras hacer, qué autorizaciones se requieren, cómo realizar las obras. No es un secreto para nadie que este ámbito se presta a la corruptela y a la corrupción . Tampoco es un secreto que la obra pública es utilizada por la mala política como instrumento del clientelismo, de la demagogia y de la financiación espuria de la política. ¿Por qué no erradicar estas malas prácticas con un acuerdo que modifique este statu quo y que sancione moral y jurídicamente las malas prácticas? Para ello sería suficiente comprometerse con una política de Estado para la aplicación de buenas prácticas políticas y administrativas, que incluya la erradicación de la corrupción en la ejecución de la obra pública . Este compromiso debería tener como objeto instalar en nuestra cultura política la idea de que la ineficiencia en la gestión es inadmisible y que corrupción es siempre injustificable y corroe la confiabilidad de los ciudadanos en la ética pública de los funcionarios y políticos que es esencial en un Estado republicano. Los iniciadores deberían ser los partidos políticos, las instituciones representativas del empresariado, las universidades y ONGs y se debería expresar en el acuerdo explícito un conjunto reducido de proposiciones: 1) Cumplir las normas que faciliten el contralor ciudadano con relación a la gestión del Estado , propiciando la libre accesibilidad a la información, la publicidad de los actos de gobierno.
2) Planificar las inversiones del Estado y aprobar dichos planes en las instancias institucionales correspondientes según el caso. Utilización previa al lanzamiento de las obras de los mecanismos de información e intervención ciudadana previstos en la legislación.
3) Ejecutar sólo obras de infraestructura y servicios públicos que hayan sido desarrolladas conforme a buenas prácticas de la ingeniería, lo que implica proyectos completos con factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental aprobados por las instancias institucionales pertinentes.
4) Desterrar la práctica política de lanzar obras cuya financiación permanezca indefinida por ser ésta la mayor causal de sobre costos, corruptelas y corrupción en grandes obras.
5) Desterrar la práctica política generalizada de anunciar y lanzar obras en condiciones de no certeza que tienen sólo una finalidad demagógica . El no cumplimiento -total o parcial- de las promesas electorales degrada a la política toda y fomenta el descreimiento de los ciudadanos en la dirigencia.
6) Desterrar de la práctica política la utilización de las obras públicas como mecanismo de promoción de personas y partidos : la inauguración y reinauguración de obras con fines demagógicos constituye una inmoralidad que perjudica y degrada a la política.
7) Generalizar la licitación pública como medio de compra del Estado restringiendo la compra directa a casos de probada urgencia.
8) Asegurar la designación y promoción de los funcionarios públicos sobre la base de la idoneidad, honestidad y confiabilidad .
9) Propiciar que en las universidades públicas y privadas incorporen a la currícula de las carreras materias que promuevan la sanción moral y la erradicación de las prácticas y procedimientos corruptos y la denuncia penal de dichos actos.
10) Propiciar la aplicación de la figura del “arrepentido”, para los delitos contra la administración pública previstos en el Código Penal.
