Existe la creencia, en algunos círculos políticos e intelectuales, de que el kirchnerismo alumbró en estos años una nueva lógica de intervención estatal, que supondría una fuerte redistribución de ingresos en favor de los más pobres en detrimento del capital concentrado y de las clases medias altas y altas.

Sin embargo, por lo menos por ahora, la realidad abre un interrogante sobre esa idea tan difundida. El principal programa de redistribución de ingresos desde el Estado durante la era K es -como admiten los propios funcionarios- la asignación "universal" por hijo, que recién se instrumentó a partir de diciembre pasado.

Pero aun esa formidable y demorada medida luce exigua en su actual diseño frente a otras transferencias monetarias menos publicitadas por los medios oficiales. Veamos los números.

Según un estudio del diputado Claudio Lozano, asistido por un equipo de investigación encabezado por el economista Tomás Raffo, la asignación por hijo cubre actualmente a 3,4 millones menores de 18 años. Sobre la base del cruce de datos de la Anses y el Indec, todavía quedan en el país 2,8 millones menores pobres sin ninguna clase de protección estatal, a los que debería extenderse la asignación antes de ser llamada "universal".

De los 3,4 millones niños y adolescentes que perciben la asignación por hijo, sólo 1,5 millones estaban antes excluidos de toda asistencia social. En cambio, 1,9 millones fueron traspasados de otros planes (Familia, Madre de más de 7 hijos, Empleo y Capacitación, etc.), que se dieron de baja al empezar a cobrar la asignación.

Para este año se preveía un financiamiento total para la asignación por hijo de 8400 millones de pesos. Pero, según el informe de Lozano, se ahorrarán $ 4100 millones por las bajas de beneficiarios de los programas sociales antes mencionados. Así que el "costo fiscal neto" de la asignación será de 4300 millones de pesos. Es interesante la comparación de ese monto con otras "transferencias" fiscales que realizará el Estado en 2010. Por ejemplo:

El listado de transferencias "por arriba" podría ampliarse con los subsidios que otorga la Oncca a establecimientos agroindustriales ($ 6933 millones desde 2007), una porción de los cuales sólo mejora la ecuación de grandes empresas (aceiteras, molinos, usinas lácteas, feedlots ) sin traducirse en alimentos baratos para los más pobres. Los créditos para la compra de automotores destinados a la clase media financiados por la Anses, cuando el 80% de los haberes que paga el organismo ronda la jubilación mínima. O el régimen de "promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura" -que vence en septiembre próximo- con beneficios fiscales por $ 1500 millones para cinco compañías líderes en sus mercados.

Todas medidas que, a la hora de encontrar una lógica donde no siempre la hay, apuestan en teoría al derrame.