Carlos Pagni
LA NACION

¿Qué comprará mañana Cristóbal López? El enriquecimiento de este amigo de los Kirchner es tan acelerado que produce todos los días una noticia.

Ayer, Petrobras de Brasil informó que su subsidiaria argentina, Petrobras Energía, le vendió su refinería de San Lorenzo y 360 estaciones de servicio por 110 millones de dólares, precio que incluye esos activos y el stock de mercadería.

Anteayer, un consorcio integrado por otra empresa de López, Casino Club, adquirió Casino Magic, que explota juegos de azar en Neuquén.

En este caso se pagaron 40 millones de dólares. Hay más. Para estas horas ya se debería haber abierto el sobre con la oferta que presentó una empresa aliada de López, Casino Buenos Aires, en la licitación del servicio de captura electrónica de apuestas convocada por Lotería Nacional.

Si todavía no sucedió es porque los funcionarios de esa repartición han quedado paralizados por el escándalo judicial y político que estalló alrededor de ese concurso.

La expansión brasileña sobre la economía argentina es un signo de los tiempos. Sin ir más lejos, Banco do Brasil, equivalente en ese país del Banco de la Nación Argentina, acaba de comprar el 51% del Patagonia, lo que entraña también la adquisición de una marca de enorme valor simbólico.

Retirada llamativa

Esta oleada vuelve más llamativa la retirada de Petrobras del mercado energético. Aunque analistas de ese sector, que conocen bien la operación, explican: "La destilería San Lorenzo produce, sobre todo, asfalto y fuel oil. Si uno consigue ventajas para proveer a la obra pública, y a los generadores de energía a través de Cammesa, lo que hoy sirve de poco pasa a tener un enorme valor."

A la vez, para elaborar naftas rentables López debería hacer una enorme inversión. Salvo que consiga que el Estado le autorice productos de menor calidad. ¿Traerá López esos panes bajo el brazo?

Por lo pronto, necesita que las autoridades aprueben la operación.

La empresa compradora, Oil Combustibles, todavía no está registrada en la Secretaría de Energía.

Para saber cómo le irá a López conviene ver sus propios antecedentes con otras compañías, en otros mercados. La Cámara Empresarial Petrolera y Afines denunció en marzo pasado a YPF por dar prioridad a las empresas de López en la contratación de servicios.

Como YPF es gerenciada por la familia Eskenazi, el presidente de la Cámara, Ricardo Celli, habló de "afinidades kirchneristas".

Otro ejemplo es Alcalis de la Patagonia, la fábrica de soda solvay que López adquirió en las inmediaciones de San Antonio Oeste.

La soda solvay es un insumo de la industria del vidrio y de varios productos de limpieza. Buena parte de lo que se consume en el país se importa desde hace años por el puerto de Campana, especializado en esa comercialización por la proximidad de grandes productoras de jabones.

Sin embargo, a partir de enero pasado la Dirección General de Aduanas excluyó a Campana del listado de dependencias por las cuales se podría ingresar ese producto.

Como consecuencia, la mercadería importada aumentaría de precio por el mayor costo de los fletes.

A instancias del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, también se creó una licencia no automática de importación con finalidades estadísticas, creando trabas al ingreso de las cargas.

El resultado de estas regulaciones suele ser el mismo: asegurar un mercado a un productor, en este caso López, para que sus mercancías puedan venderse a mayor precio.

En el negocio de la captura de apuestas online de Lotería Nacional, el Estado es puesto al servicio de una empresa privada de manera más descarnada. La licitación de ese servicio ha resultado tan escandalosa que la jueza en lo contencioso administrativo Susana Córdoba la suspendió en dos oportunidades ante la posibilidad de que los pliegos fueran un traje a medida para Cristóbal López.

Un minuto después de una de esas interrupciones, el director de Asuntos Jurídicos de Lotería Nacional, Guillermo Mahle, fue descubierto en el bar 36 Billares con el abogado de la única oferente, Casino Buenos Aires, socia de López.

Para las costumbres de este empresario, el caso Mahle es apenas un desliz: Exequiel Espinosa, el presidente de Enarsa, sigue figurando como empleado de su petrolera Oil M&S en los registros de la Anses. Es por un error de la Anses, claro. Para terminar, la jueza Córdoba le agregó su propio toque psicodélico a la licitación de Lotería: como si no hubiera leído sus propios escritos, le dio vía libre sin explicar el cambio de parecer. ¿Qué le habrá pasado?

Estas rarezas se conocen por las denuncias de Gtech, una multinacional de capitales italianos con sede en los Estados Unidos que renunció a participar de la licitación por encontrarla plagada de vicios a favor de López.

Estado público

Es la primera vez que un escándalo ligado al juego adquiere estado público por la denuncia de uno de los competidores.

Es muy probable que esa peculiaridad se deba a que Gtech no tiene todavía actividad en el país y no forma parte del pacto de silencio y no agresión que domina a quienes participan del sector.

La relevancia del contrato de Lotería no podría ser superior para López. Por ahora, abarca las apuestas vigentes en la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un ingreso anual de $ 80 millones, que para él son monedas.

Pero el objeto de la concesión está abierto a juegos que todavía no están habilitados. Por ejemplo, las apuestas deportivas que en el futuro se hagan en todo el país, fabulosa mina de oro que se esconde detrás de la estatización del fútbol dispuesta por Cristina Kirchner.

Más allá de estas posibilidades, la controversia tiene un extraordinario significado político.

Denuncia ampliada

Les sirvió a Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Horacio Piemonte, de la Coalición Cívica, para ampliar su denuncia sobre asociación ilícita en contra de Néstor Kirchner y Cristóbal López, entre otros.

En esa causa, radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, se investigan también las comisiones que se cobraban para comerciar con Venezuela.

Por su parte, Gtech informó todas las irregularidades al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.

El objetivo es hacerle saber que una contratación amañada perjudicaría a la ciudad de Buenos Aires, que recibe una participación de los ingresos del juego.

Hay otra razón por la que Macri debería mostrarse inquieto: el contrato que se está concursando tiene una vigencia de 10 años; pero el convenio por el cual la ciudad le cede a Lotería la administración del juego porteño vence el año próximo.

De ese convenio depende también la consistencia jurídica del gigantesco negocio de tragamonedas que Cristóbal López y su socio Federico Achával explotan en el Hipódromo de Palermo y que Kirchner les extendió hasta 2037.

En diciembre de 2008, Macri intentó extender el acuerdo, pero se echó atrás cuando LA NACION adelantó ese propósito.

El alcalde explicó el giro en una razón categórica: "Es un negocio que goza de una enorme falta de transparencia". A pesar de ese juicio, en noviembre pasado se discutió una nueva redacción de ese contrato.

Los interlocutores no fueron la ciudad y Lotería, sino amigos de Macri y allegados a López.

La premura del empresario es comprensible: él no quiere que su asentamiento en la ciudad se discuta en 2011, en plena campaña electoral. Al parecer, Macri tampoco.