Néstor O. Scibona
Para LA NACION

Cada vez que la energía es noticia en la Argentina, suele convertirse en una fuente de suspicacias y sospechas. Esta situación no debería extrañar en un sector regulado de hecho, con reglas cambiantes, alta discrecionalidad del Gobierno y resultados más que precarios si se los analiza en perspectiva.

El repliegue de Petrobras en la Argentina, con la venta de una parte de sus activos al empresario kirchnerista Cristóbal López, no escapa de esta constante. A primera vista, se trata de otra compañía internacional que desinvierte en el país, para dejar paso a otro de los empresarios locales que forman parte del elenco del "capitalismo de amigos". Si para López es negocio lo que para Petrobras no lo era, podría deducirse que su cercanía con el poder es una ventaja de corto plazo que no posee la compañía de origen brasileño, habituada a planificar sus negocios con sentido estratégico. Su desembarco en la Argentina hace ocho años, cuando adquirió toda la operación energética y petroquímica al grupo Perez Companc, se inscribió en esa línea. Los antecedentes de la empresa de López (Oil M&S), que hasta 2004 sólo se dedicaba a brindar servicios a grandes compañías de hidrocarburos, también abonan aquella suspicacia: en el sector petrolero es vox pópuli que las áreas que opera en su provincia le fueron adjudicadas a través de licitaciones hechas a medida para firmas radicadas en Santa Cruz.

Sin embargo, no todo lo que parece necesariamente es lo que es. Por un lado, Petrobras Energía no se desprendió del corazón de su negocio de combustibles en la Argentina, que gira en torno de su refinería de Bahía Blanca (ex Isaura y luego EG3) y de su planta de reforming en San Martín (Santa Fe), además de mantener casi la mitad de su red de estaciones de servicio. Por otro, Oil Combustibles abonará 36 millones de dólares por una refinería pequeña y semiobsoleta como la de San Lorenzo (inaugurada en 1938) junto con su muelle de cargas fluviales, que José Estenssoro, cuando era presidente de YPF, le vendió hace 17 años a PeCom en poco más de 12 millones de dólares. A su vez, de la red de 350 puntos de venta que comprende la operación, apenas un 10% serían propios y el resto corresponde a franquicias. En el sector dicen que el negocio no luce brillante en el corto plazo. Quizá por eso Oil también firmó un acuerdo con Petrobras para adquirirle naftas durante los próximos 15 años. Para debutar como productor integrado e instalar la nueva marca, entonces, deberá invertir bastante en un lapso que excede el mandato del matrimonio Kirchner, aun con cualquier ilusión reeleccionista.

Hay quienes suponen que una clave podría estar en el precio interno de las naftas y el gasoil, que prácticamente se duplicó desde que el Gobierno, a través de Guillermo Moreno, dejó de controlarlo obsesivamente hace algo más de un año. Pero, en todo caso, esta flexibilización beneficia tanto a las refinadoras locales como a las extranjeras. Por ahora, al menos, es imposible determinar si López gana más con el petróleo, o con los casinos y sus máquinas tragamonedas: en el sitio web de su empresa los estados contables están pendientes de publicación.

Fueloil sospechoso
Las suspicacias que generó esta operación resultan minúsculas en comparación con las sospechas que despierta la importación de fueloil desde Venezuela y que se perfila como uno de los ejes del escándalo de las coimas. Dos semanas antes de que el ex embajador Eduardo Sadous destapara el caso ante la Justicia, los ocho ex secretarios de Energía de los gobiernos democráticos anteriores al de Néstor Kirchner le pidieron por escrito al titular del área, Daniel Cameron, que explicara por qué entre 2005 y 2008 la Argentina le compró a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) un total de 4,5 millones de metros cúbicos de ese combustible, cuando a la vez exportó ocho millones a distintos mercados. La respuesta oficial adujo que se buscó compensar la escasez estacional de ese combustible pesado para alimentar en invierno a las centrales termoeléctricas, que carecían de gas natural y de suficiente capacidad de almacenaje de fueloil.

Pero aun aceptando en general este criterio (y pese a que hubo importaciones entre seis y siete meses de cada año) la respuesta deja en el aire varios interrogantes. Uno, por qué no hubo licitaciones y sí compras directas a un solo vendedor. Otro, por qué se aceptó la importación de fueloil con mayor contenido de azufre que el local (incluso hubo un caso en que se amplió expresamente ese margen), pese a sus efectos contaminantes. Un tercero, por qué no se programó un mejor abastecimiento local, para ahorrar la diferencia entre el mayor precio CIF y el interno FOB, recortado por retenciones. Como dato anecdótico puede agregarse que después de que el ex secretario Alieto Guadagni denunciara en 2008, a través de una columna en La Nacion, la contradicción de que la Argentina importara fueloil venezolano siendo un país excedentario de ese combustible, al año siguiente la estadística oficial no registró exportaciones en los meses invernales, cuando más demanda interna se produce.

A falta de mayores precisiones, una conclusión preliminar indica que cuanto mayores eran esas importaciones desde Venezuela, más margen de intercambio quedaba para exportarles productos agroindustriales argentinos, con comisiones "legales", a sociedades intermediarias que recién ahora aparecen en la superficie. Ciertamente, hasta hubiera sido más lógico otorgarles a los exportadores un reembolso fiscal de 15%, en lugar de compensar esas ventas con la importación de un combustible no siempre necesario y que, además, es subsidiado internamente para la generación eléctrica. Por si fuera poco, el uso excesivo de fueloil puede dañar las turbinas diseñadas para funcionar con gas natural (además de elevar sus costos de mantenimiento) y, en el caso de las centrales más nuevas de ciclo combinado, hasta se corre el riesgo de perder la garantía de los equipos.

El único argumento a favor que podría utilizar el ministro Julio De Vido, quien dice enorgullecerse de cuánto aumentó el intercambio bilateral en esas condiciones, es que la Argentina ya no puede autoabastecerse de gas natural; pero difícilmente lo haga públicamente. Desde 1998 la producción bajó 6% y el horizonte de reservas a sólo ocho años de un consumo que no para de crecer, estimulado por los crecientes subsidios estatales. Por eso debe importar desde Bolivia (a 7,3 dólares el millón de BTU) y también gas natural licuado (a un valor algo superior), pese a que a los productores locales el Gobierno les reconoce un precio promedio de 2,3 dólares. En petróleo el panorama no es mejor: la producción cayó 26% en los últimos 13 años y casi 80% la exportación, gravada por retenciones de hasta 50% según la cotización internacional del crudo.

En medio de tantos datos decepcionantes, la buena noticia viene de una de las pocas políticas de Estado que encaró el kirchnerismo desde 2006. Con estímulos fiscales a inversiones privadas por 500 millones de dólares, la Argentina se convirtió en uno de los principales productores y exportadores de biodiésel (que ya se mezcla en 5% con el gasoil); y, con una inversión similar, avanza en la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar para mezclar con las naftas.