La creación local de una empresa estatal de energía no parece ser más que una iniciativa innecesaria y riesgosa, que sólo generará más burocracias cuyos miembros jugarán a ser malos empresarios con los dineros del pueblo.

La Cámara de Diputados de la provincia ha dado media sanción a un proyecto de ley creando una empresa que denominará Empresa Mendocina de Energía SA (Emesa). Dicho proyecto es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que fuera enviado a la Legislatura el año pasado.

En una provincia, en una sociedad abrumada de graves problemas irresueltos, que corresponden a las funciones propias del Estado, ocuparse de lo innecesario es una muestra de pérdida de rumbo. Debe señalarse, como agravante, que esta mala iniciativa el oficialismo ha sido acompañada por la oposición, a excepción del Partido Demócrata.

Se trata, por otra parte, de la réplica local de una de las tantas medidas de estatización de la economía adoptadas por el Gobierno nacional.

En efecto a finales de 2004, mediante la Ley 25.943, se creó Energía Argentina Sociedad Anónima -Enarsa-, que tiene por objeto la exploración y explotación de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados; prestación del servicio de transporte y distribución de gas natural; generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica y actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos.

Estas actividades las podrá desarrollar por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros. Citamos con algún detalle el objeto social de Enarsa, por que los de Emesa son similares pero aún más amplios, ya que puede intervenir en la minería en general. Por otro lado se le han delegado funciones propias del Gobierno como otorgar concesiones de servicios.

A esta altura del comentario es necesario recordar que la empresa nacional no ha producido en todos estos años ni un metro cúbico de petróleo y gas, que no genera energía eléctrica, habiéndose sólo limitado a la importación de estos productos.

En el lapso de vida de Enarsa se ha producido la mayor disminución, de los últimos cincuenta años, de las reservas comprobadas de gas y petróleo; la importación de gas a precios que hasta multiplican por diez los pagados a las empresas del país. La crisis energética está siempre a la puerta de un incremento de la demanda.

Los argumentos empleados para justificar la Enarsa mendocina son de una pobreza e improvisación propias de quien desconoce o ignora lo ocurrido con los temas de petróleo, gas, energía eléctrica en el país.

Un legislador oficialista ha dicho que “la empresa representa la gran posibilidad para poder intervenir en negocios vinculados a hidrocarburos, minería y otras explotaciones energéticas. Con ella facilitamos que el Gobierno pueda asociarse y desarrollar emprendimientos que le permitan generar dividendos similares a los que tienen los privados”.

Es decir que la función del Estado es ahora hacer negocios para tener ganancias como los privados. No mejor resulta la opinión de un legislador de la oposición que dice que “la empresa va a tener un sentido y porvenir fantásticos. El desarrollo en materia de energía en la provincia puede ser muy grande”.

Al parecer, parecen haber olvidado todo en materia de empresas del Estado que, sin reformas profundas -que nunca las hubo- sólo significará que algunas burocracias públicas jueguen a ser empresarios ineficientes apostando, para ello, el dinero de todos los contribuyentes.