Enfoque integral


Por Federico Bernal *


Al igual que con la resolución 125, la estatización de las AFJP, la nueva ley de me dios, la inseguridad y el caso Marcó del Pont, el análisis del sector energético (incluyendo petróleo, gas natural y productos derivados) no puede realizarse aislado de la actual puja de modelos, las particularidades históricas del país, los distintos actores en juego, el sector privado y los intereses ocultos detrás de los supuestos “expertos” de siempre. El cambio de época transitado por la Argentina amerita y obliga a plantear, estudiar y resolver los grandes asuntos nacionales desde un enfoque lo más integral y maduro posible, evitando caer en la crítica fundamentalista de izquierdas. Hecho este breve introito, vayan a continuación una serie de reflexiones en la materia de combustibles en el país.

1 En los últimos 30 años, YPF pasó de manos estatales a privadas. La empresa nació en 1922, comenzó a ser privatizada en 1992 y terminó en manos de Repsol en 1999. La YPF contemporánea es propiedad de Repsol, aunque con un 15 por ciento de participación de capitales privados argentinos. Con motivo del desabastecimiento de combustibles de la última semana, se escuchó y leyó en diversos medios que “por primera vez en 30 años que YPF debió importar combustibles”. La frase –astuta y maliciosa– se propone borrar de un plumazo no sólo la privatización de YPF, no sólo las nefastas consecuencias que tal decisión trajo aparejadas al país (muchas padecidas al día de hoy), sino también ocultar el verdadero rol que Enarsa debe tener y cumplir en el sector hidrocarburífero argentino.

2 La decisión de Repsol de importar naftas para cubrir el supuesto desabastecimiento es en realidad un hecho positivo. Podría no haber importado nada. Sin embargo, pone al descubierto la necesidad de avanzar sin más dilaciones en una política nacional de refinación. En este sentido, y de la misma manera que la seguridad alimentaria del país no puede depender de quienes desabastecen deliberadamente el mercado interno para imponer sus condiciones e intereses de sector, resulta claro que la seguridad energética del país no puede depender de los accionistas ni de los humores de Repsol, Shell, Petrobras y Esso, entre otros. Una política nacional de refinación debe involucrar y destacar a Enarsa (al Estado nacional) como empresa protagónica, rectora y testigo del sector. Pues es el Estado nacional el único garante de la “seguridad jurídica” del ciudadano consumidor, el único garante y reaseguro de la seguridad energética de la República.

3 Según últimos datos disponibles de la Secretaría de Energía (entre enero-septiembre de 2009), YPF representó el 58 por ciento de la refinación total de petróleo en la Argentina, Shell un 14 por ciento, Esso un 13 por ciento, Petrobras un 11 por ciento y Refinor un 3 por ciento. En segundo lugar y para el mismo período, YPF elaboró un 60,4 por ciento de la nafta súper, un 61,4 por ciento del gasoil y un 52,2 de fuel-oil, entre otros subproductos. Tal concentración en manos de Repsol, o bien tal comportamiento oligopólico para el segmento de refinación, es muy poco aconsejable. Ahora bien, ¿cuenta Enarsa con crudo propio? Sí. De confirmarse los volúmenes que la empresa argentina supone existen en la Faja del Orinoco (Venezuela), Enarsa podría convertirse en los próximos años en uno de los principales actores petroleros del mercado doméstico, con una producción diaria de 200 mil a 250 mil barriles (aproximadamente un 30 por ciento de la producción diaria).

En este sentido, una política nacional de refinación implicaría lisa y llanamente lograr una mayor presencia del Estado en el mercado hidrocarburífero mediante la construcción de nuevas refinerías, por ejemplo, de propiedad binacional con Pdvsa (socio estratégico de Enarsa en la Faja). Contar con refinerías propias permitirá además corregir lo gravoso y perjudicial que resultan a la economía nacional y a su aparato productivo los siguientes dos hechos: a) tener que importar gasoil (en 2009 se importó un 4,9 por ciento de la demanda local total; las importaciones vienen aumentando desde 2003); y b) dejar recaer en una empresa privada extranjera la fijación de precios testigos para el mercado interno.

4 Si las denuncias del gobierno nacional son ciertas, Petrobras y Shell habrían desabastecido deliberadamente el mercado doméstico de combustibles. En relación con la primera, el gobierno argentino ha decidido manejar su protesta directamente con Brasilia, en el marco de las fructíferas relaciones bilaterales con el país vecino. El caso Shell es completamente diferente, más aún en estos tiempos de avanzada petrolera británica en Malvinas. En consecuencia, y sobre todo advirtiendo la recurrencia de comportamientos dañinos a la seguridad jurídica del ciudadano consumidor, la relación entre la Argentina y la compañía Shell debería ser repensada en términos geopolíticos.

* Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (Clicet).



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Recuperar recursos


Por Hugo Palamidessi *


Hoy vuelven a ser los combustibles líquidos los protagonistas de un síntoma de la crisis en que se desarrolla la gestión de la energía. Hay escasez de naftas –con largas colas de clientes y venta con cupo en los surtidores de las ciudades– y de gasoil, que en el campo ya es acaparado en previsión ante el comienzo de las cosechas. Hay aumentos reiterados de precios, desde hace meses. Y llegamos a la importación de naftas (la de gasoil ya no era novedad): YPF ya anunció la compra en el exterior de 50 mil metros cúbicos (m3) para atender la demanda. El ministro De Vido acusó a las petroleras Shell y Petrobras de “cartelizarse” para desabastecer el mercado y empujar a YPF a aumentar los precios. YPF las había acusado –incluyendo a Esso– de reducir la oferta de naftas en 20 mil m3 entre enero y febrero. Hubo conversaciones con la Embajada de Brasil, advirtiendo sobre estas supuestas conductas por parte de Petrobras. El secretario de Comercio Interior envió inspectores para verificar stocks y el despacho en las estaciones de servicio. Las empresas respondieron. Shell negó que existieran acuerdos de “cartel” y aseguró que sus refinerías trabajan al 94 por ciento de la capacidad máxima y Esso señaló que el problema es el aumento de la demanda.

La demanda aumenta, aunque los precios han venido creciendo. Las petroleras han esgrimido diversos justificativos, como el aumento del precio de insumos que se pagan en dólares. Hasta se ha culpado a la mezcla de un 5 por ciento de biocombustibles, lo que es obligatorio por ley desde el 1º de enero de este año, y que todavía no se cumple. A su vez, los precios muestran grandes diferencias entre los de la Capital Federal (los más bajos) y las otras grandes ciudades en el interior del país. Muchas veces YPF marcó el rumbo de los aumentos, y el resto de las petroleras la han seguido. Pero en los últimos meses los precios de YPF se han retrasado relativamente, atrayendo a más clientes. Su porción del mercado creció en el último año del 50 al 56 por ciento en naftas, y hasta el 58 por ciento en gasoil. Hoy son principalmente las estaciones YPF las que muestran largas colas de autos.

Lo real es que, más allá de la posición dominante de YPF –a la que el ministro De Vido atribuyó el carácter de “empresa testigo”–, el problema es la escasez de petróleo para refinar –como alegan algunas petroleras– y también de subproductos, de la que YPF acusa a las otras refinadoras, Esso, Shell y Petrobras. Estas empresas se niegan a importar petróleo, a menos que el Gobierno se lo subsidie pero, igualmente, no hay capacidad extra disponible para refinación. Lo que ninguna de todas las empresas –extractoras y refinadoras– reconocerá es que la privatización de los recursos hidrocarburíferos les permitió desarrollar su política de maximización de ganancias, que se tradujo en la exportación indiscriminada de gas y petróleo y la falta de inversiones, tanto en exploración como en refinación.

Esa política fue alentada por el Estado argentino, que permitió la acumulación de áreas de explotación en manos de pocas empresas (en violación de la ley de hidrocarburos), no controló la extracción –aceptando que se contabilizara a través de una simple declaración jurada de las empresas–, y durante muchos años no limitó la exportación. Y no castigó el incumplimiento de los compromisos de inversión.

Por el contrario, el actual Gobierno intenta alentar esas inversiones con el otorgamiento de compensaciones (mayores precios y facilidades a través de los programas “Plus”, para exploración y explotación de petróleo y gas, y ampliación de la capacidad de refinación). Además se han renegociado las concesiones de las áreas más productivas del país a las principales petroleras, con gran antelación a su vencimiento y por plazos excepcionales: la prórroga de la concesión de Cerro Dragón (entre Chubut y Santa Cruz) hasta el año 2047 es quizás el ejemplo más notable. Pero el problema no se resuelve: la producción de gas y petróleo sigue disminuyendo y las reservas cayeron. Ya es habitual la importación de gas –a través de Bolivia– y la de gas licuado y de gasoil. Ahora llegó la de naftas.

Podemos concluir que el proceso privatizador no ha fracasado: hasta ahora está consiguiendo que el país esté perdiendo aceleradamente el alto grado de independencia energética que lograra hasta los años ’80. Desde entonces hemos pasado de ser un país autoabastecido a ser exportadores habituales, luego exportadores de excedentes y ahora entraríamos en la categoría de país importador. Paulatinamente el marco normativo, el proceder de las empresas y la política oficial, han coadyuvado a empujar a los precios internos al “arbitraje”, es decir a relacionar o condicionar dichos precios a los precios internacionales. A través de tarifas o de subsidios, los argentinos pagaremos y sufriremos restricciones.

Detener y revertir este proceso sólo es posible recuperando el dominio de nuestros recursos por parte del Estado nacional, en concurso con las provincias y con el control del pueblo argentino. Hay que anular los decretos privatizadores de Carlos Menem y las leyes del gobierno de Néstor Kirchner que cedieron a las provincias el dominio útil del subsuelo, revertir el poder del Estado nacional en las áreas de explotación que detentan las empresas violando la ley de Hidrocarburos, controlar a las empresas y auditar su producción. Sólo recuperando para el país la disponibilidad de los recursos naturales y la mayor parte de la renta petrolera, así como la minera, será posible encarar una política energética independiente y un desarrollo armónico del país.

* Grupo Moreno.