Por Gonzalo Neidal


De tanto en tanto, la gente se enfurece con la Epec.
Y también con sus funcionarios más prominentes.
Y con sus sueldos.
Y con el sindicato Luz y Fuerza.
Y con sus condiciones laborales, que son sumamente ventajosas, comparadas con el resto de los trabajadores.
Cada tanto, la prensa da cuenta de estas situaciones ya conocidas desde hace años, y provoca una nueva oleada de furor y rechazo.
En este juego de denuncias y enojos participan varios factores que resulta útil discernir a los fines de facilitarnos la comprensión de una situación que es complicada y que, probablemente, tenderá a enmarañarse más por el mero transcurso del tiempo.
¿Deben ganar altos sueldos los funcionarios de elevado rango? Desde esta columna siempre hemos dicho que sí: un gobernador, un intendente, un legislador, un juez o un director de la empresa estatal responsable de la provisión de energía a Córdoba, no puede ganar lo mismo que un empleado administrativo. Sus funciones suponen un grado de dedicación, compromiso y responsabilidad que deben ser cubiertos por una retribución a tono con ello.
El enojo de la gente por los altos sueldos puede atribuirse a varios factores. Uno es que muchos piensan que la Epec no es eficiente y que, por lo tanto, no es merecido que sus funcionarios más encumbrados ganen cifras astronómicas. Otro motivo es que, como corren tiempos en que los ingresos de la generalidad de empleados y trabajadores no son holgados, cualquier sueldo importante es considerado como un insulto para quienes apenas llegan a fin de mes con lo que ganan.
No pocas veces, el fastidio contra los directivos de la Epec se extiende también hacia la totalidad de los empleados de la empresa estatal. Son muy conocidas las ventajas con que cuentan: elevados sueldos, posibilidad de heredar el cargo por parte de hijos y otros parientes, el cobro de una suculenta retribución extra anual, la obtención de energía gratuita, elevadas jubilaciones, etcétera, etcétera. Dado el carácter estatal de la empresa, estas ventajas son percibidas por la población como una contribución que realizan todos los cordobeses al bienestar del puñado de empleados que tiene la dicha de trabajar en la Epec.
Si la empresa fuera privada, probablemente los cordobeses mirarían con admiración a los empleados por haber logrado tan altas retribuciones y tantas ventajas, producto -en ese caso- de su eficiencia en el cumplimiento de su labor.
Pero si la empresa fuera privada, muy probablemente los sueldos de sus empleados y las condiciones laborales no serían del nivel que son ahora, pues en las empresas privadas existe una correlación entre ingresos, sueldos, eficiencia y ganancias. Estos parámetros son omitidos por las empresas públicas, que cuentan con la caja del Estado para resarcir cualquier desnivel entre ingresos y gastos.
Ahora bien, cuando en Córdoba se planteó la privatización de la Epec, tal como se realizó en otros lugares del país durante los años noventa, esa medida contó con el fuerte rechazo de una amplia mayoría de cordobeses. No sólo fue resistida por los empleados de la Epec, que es comprensible teniendo en cuenta los beneficios que obtienen de ella. También fue rechazada por muchos de los que son simples usuarios y que ahora se quejan del servicio y se irritan por las condiciones laborales de los empleados de la empresa.
De todos modos, el caso de los empleados de la Epec no es único en la Argentina. Aquí, en algún tiempo de efímera prosperidad, se negocian condiciones de trabajo dignas de países desarrollados. Pero ocurre que poco tiempo después, cuando regresan los años de vacas flacas, estas condiciones se vuelven difíciles de cumplir, salvo para las grandes empresas, a menudo monopólicas.
Cuando tomamos conciencia de que todavía no somos Suiza, no resulta fácil convencer a los trabajadores de que los tiempos que corren reclaman ajustes a todo nivel.
Quien diga eso será acusado de explotador y traidor a la patria, aunque no haya hecho otra cosa que decir “el rey está desnudo”.