Alicia Miller

La prórroga anticipada de contratos petroleros, de apuro y sin una adecuada información, es una costumbre repetida por parte de los gobernadores de provincias hidrocarburíferas.

Pero lo habitual no pasa, por ello, a ser normal. Ni lógico. Ni deseable.

En Río Negro, sólo el letargo de una oposición distraída por sus rencillas internas y de una ciudadanía atareada con las compras de Navidad permiten al gobernador Miguel Saiz intentar la millonaria operación sin debate y sin generar por ello una verdadera andanada de críticas y pedidos de informes.

El gobernador neuquino Jorge Sapag lo hizo a fines del 2008 con YPF y luego siguió con el resto de las empresas.

También lo hizo Das Neves en Chubut.

Y, en estos mismos días, en Santa Cruz se analizó en sesión extraordinaria y con trámite rápido el tema de vital trascendencia. El viernes, la diputada santacruceña Gabriela Mestelán decía ante su Legislatura a punto de abandonar el recinto: "Tenemos una provincia que no discute lo que resigna y elige entregar lo que le queda". Antes había considerado escandaloso que sin discusión alguna se intentara la prórroga de contratos petroleros que vencían entre el 2015 y el 2017 "para empresas que no pasarían la mínima auditoría en cuanto al cumplimiento de las inversiones pactadas al momento de la suscripción de los contratos". Lo mismo podría decirse aquí.

Resulta paradójico.

La Patagonia es una región relativamente homogénea en su geografía y en su conformación humana. Hasta en lo político tiene rasgos similares, más allá de los arrebatos más o menos quejosos de Das Neves con el gobierno nacional. Y, sin embargo, sabemos tan poco de lo que sucede en otras provincias que nos asombramos al descubrir en casos como éste un espejo de semejanzas.

El 27 de septiembre de 2008, Tamara Pérez Balda anunciaba que el 2009 sería el año de la renegociación de los contratos petroleros en Río Negro. Sin embargo, el año transcurrió sin que el gobierno presentara el proyecto en la Legislatura ni brindara información para aportar al debate sobre el tema.

Ahora, a fines de diciembre, el apuro parece haber ganado a la gestión de Miguel Saiz, que hasta ha planteado la posibilidad de concretar semejante negocio por un decreto, algo impensable desde el punto de vista institucional y menos aún para la seguridad jurídica que requieren las empresas.

Las razones del apuro hay que buscarlas en la propia administración rionegrina.

Saiz llega a este fin del segundo año de su segundo período con las finanzas provinciales comprometidas por una crisis fenomenal.

La baja en la actividad general ha resentido los niveles de ingresos de la provincia, mientras que los gastos corrientes no paran de crecer, en gran medida por la incontinencia del propio Saiz al designar empleados públicos sin concurso y pasar a planta permanente hasta a los más recientes contratados.

El último trimestre logró pagar los sueldos. Pero sabe que el pago de aguinaldos y de los salarios del primer trimestre serán tareas complejas. Ni hablar de hacer obras, mejorar servicios o cumplir con erogaciones ante necesidades extraordinarias del Estado.

En ese marco, la renegociación de los contratos petroleros le ofrece a Saiz la posibilidad de hacerse de un dinero contante y sonante en forma rápida.

Ahora bien:

• Cuando la Nación transfirió los contratos petroleros a las provincias, lo hizo cediendo a éstas la posición contractual que ostentaba. Decir hoy que entre las provincias y las petroleras "no hay contrato" no se ajusta a la verdad.

• El petróleo es un bien de capital. Un recurso no renovable cuya extracción y venta se delega en empresas especializadas. Pero por su naturaleza resulta similar a las tierras públicas o a cualquier otra propiedad del Estado. Una vez que se vende, ya no puede disponerse de él.

• Por eso los constituyentes provinciales previeron en el artículo 79 requisitos especiales para preservar el dominio público de los rionegrinos, aun antes de que la reforma de la Constitución nacional declarara la propiedad provincial de los recursos naturales. La Constitución prevé expresamente que las concesiones deben hacerse por ley, asegurando inversiones sustitutivas en las áreas afectadas, que un porcentaje de la producción debe ser industrializado en el territorio provincial y que la provincia debe tomar los recaudos para controlar las cantidades de petróleo y gas que se extraen.

El negocio petrolero tiene ciertas similitudes con la minería y el juego: los tres contratan con los Estados, manejan cifras cuantiosas, la actividad está en pocas manos y el control ciudadano se vuelve difícil o virtualmente imposible. No es casual que todos los especialistas en derecho administrativo coincidan en que estos tres rubros suelen ser aún más propensos que la obra pública para los contratos condicionados por lobbies empresarios y sean habitualmente campo fértil para fenómenos de corrupción.

En concreto, Río Negro todavía no ha garantizado un control propio e independiente de las empresas para verificar la producción –más que alguna observación esporádica de inspectores– y tampoco ha brindado información suficiente para que la ciudadanía y la oposición parlamentaria puedan evaluar la razonabilidad de la operación que se impulsa.

Lo único que hasta el momento se advierte es una presión sobre el bloque oficialista para aprobarlo rápido y a libro cerrado, un pedido que, en nombre del gobernador, habría formulado días atrás el fiscal de Estado, Alberto Carosio.

El mismo gobierno que todavía no aclaró por qué avaló la instalación de "anexos" de casinos, y que prorrogó las concesiones del juego por una simple resolución de Lotería, ahora apura sin debate una renegociación de la que nada dice.