Manuel A. Solanet Ingeniero, Director de INFUPA ()

Frente al año que comienza vale tener presente la experiencia del 2001. Fue el año en que se transitó hacia la crisis y que dejó algunas lecciones que vale la pena recordar para no volver a tropezar con la misma piedra. El año 2000 había terminado con un déficit financiero de 3,3 % del PBI, con tendencia al deterioro. No es muy diferente a la situación de hoy. El último trimestre del año que acaba de terminar, sin artificios contables y sin los 2.500 millones de DEG del FMI, prácticamente produjo un resultado cercano a ese. Siguiendo con las comparaciones, el 2001 se inició con un riesgo país similar al actual, y como referencia en desventaja hoy el gobierno no tiene acceso a los mercados internacionales de deuda para financiar su déficit. La deuda pública, incluyendo el compromiso próximo a asumir con los hold out, alcanza hoy a 55 % del PBI, valor superior a los 45.7 % de comienzos del 2001.

En marzo de 2001, cuando Ricardo López Murphy reemplazó a José Luis Machinea, el default ya se veía en el horizonte. Había que evitarlo para no arrastrar a la convertibilidad y no entrar en una crisis bancaria, cambiaria y económica como la que luego lamentablemente ocurrió. La situación fiscal era entonces el Talón de Aquiles. También lo es hoy. El programa severo que propuso López Murphy no encontró comprensión ni apoyo en el gobierno de la Alianza y además concentró los ataques políticos del peronismo y del sindicalismo. No hubo poder presidencial para sostenerlo. El ministro fue despedido y se eligió el camino de una propuesta ofertista que especulaba con el efecto confianza que lograría el prestigio de Domingo Cavallo. Pero finalmente se impuso la dura aritmética fiscal. El gasto público continuó creciendo y los beneficios impositivos que suponían incentivar la producción no lo lograron, pero sí hicieron mermar los recursos. Los vencimientos de la deuda pública se refinanciaban con cada vez más onerosos canjes. El 2001 terminó con un déficit fiscal de 7% del PBI, con las provincias emitiendo cuasi monedas, una corrida bancaria y cambiaria que llevó al corralito. El caos marcó el final de De la Rúa. El default declarado por Rodriguez Saa fue la consecuencia, tal vez inevitable, y el comienzo de uno de los periodos más accidentados de nuestra historia económica, política y social.

La actual performance fiscal es tal vez más preocupante que la de comienzos de 2001. Hoy el gobierno nacional se beneficia con los aportes que iban a las AFJP. La presión tributaria, a pesar de superar a la de nueve años atrás en nada menos que 8 puntos del PBI, no es suficiente para alcanzar el fenomenal aumento del gasto. Hay algún rubro de gasto más fácilmente corregible, por ejemplo los subsidios que compensan el congelamiento de precios y tarifas, pero el factor de expansión de más peso ha sido el aumento del empleo público y del gasto burocrático injustificado. Frente a una inflación que antes no había, si bien Kirchner retiene aún una capacidad de maniobra mayor que la de De la Rúa para evitar un desborde salarial, está en declinación. Cuenta con el apoyo de la CGT, pero la CTA donde están los gremios estatales, es hoy más combativa e importante que entonces.

Sin posibilidad de aumentar la presión tributaria ni tampoco de financiarse externamente, el gobierno ha apelado a manotazos extraordinarios: la Resolución 125; los fondos de los jubilados; los fondos de las provincias y finalmente las reservas del Banco Central. Cada manotazo le resulta más difícil y trae consigo una crisis institucional como la detonada el 6 de enero pasado con el Banco Central. Con un Congreso adverso, al Ejecutivo ya no le será fácil pegar nuevos manotazos ni consumar atropellos. La crisis institucional desatada con el Banco Central lo demuestra.

Dentro de este crítico panorama, hoy juega a favor un marco internacional incomparablemente mejor que el del 2001. Los capitales internacionales buscan mejores rendimientos en las economías emergentes y los precios de los productos agrícolas están firmes y muy por encima de los promedios históricos. La tarea a realizar es interna. Aunque cualquier acción estructural requiere tiempo, el solo hecho de encararla decididamente aportaría la confianza necesaria para recuperar el acceso al crédito. Antes que sea tarde debe trabajarse sobre el gasto público y la recuperación plena de la seguridad jurídica y la confianza. Pero el giro necesario es de 180 grados.