Otra vez la intolerancia “ambientalista” dijo presente. En julio pasado, un encuentro minero realizado en la ciudad de Tinogasta tuvo un escandaloso final cuando un grupo de antimineros agredió verbal y físicamente a uno de los panelistas invitados, el docente universitario Luis Navarro García, quien quedó tendido en la calle y al día siguiente denunció el hecho en la Justicia. Si bien desde el punto de vista judicial el asunto llegó hasta allí, el repudio a la violencia fue unánime. La semana pasada, el fanatismo desequilibrado de estos grupos volvió a hacer de las suyas. En este caso, las víctimas fueron periodistas de la ciudad de Andalgalá, que concurrieron a realizar una cobertura del bloqueo de los vehículos identificados con las empresas mineras que los ambientalistas llevan a cabo desde hace 9 días. ¿La razón? Un reclamo de explicaciones de las autoridades de la Secretaría de Minería sobre un proyecto minero en ciernes.

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Los periodistas de Multimedios Andalgalá habían asistido al sector del piquete por motivos obvios: hacer filmaciones, tomar fotografías y recabar la información del caso sobre la protesta de los denominados “Vecinos por la Vida”, que en esa ciudad son identificados habitualmente como los “Autoconvocados”. Pero no pudieron hacer mucho, ya que cuando llegaron al lugar empezaron a recibir todo tipo de provocaciones, desde descalificaciones con respecto al enfoque editorial de la cobertura hasta insultos vulgares. Como aún así, los periodistas siguieron haciendo su trabajo, dos de los piqueteros -que no son oriundos de Andalgalá- se acercaron a ellos y les pusieron sus celulares a centímetros de sus rostros, en un claro intento de generar una reacción violenta. “¿Quieren filmar? No, nosotros los filmamos a ustedes”, les decían mientras persistían con su intimidación. Para evitar mayores problemas, los periodistas se retiraron del lugar.

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Por supuesto, no faltaron los comentarios clásicos de estos grupos respecto a que la prensa trabaja para las multinacionales, mientras que ellos lo hacen por la comunidad. Una línea discursiva que desnuda un fundamentalismo apocalíptico según el cual la razón sólo está de su lado y, por lo tanto, ninguna opinión que discrepe con ese punto de vista es aceptable. En teoría, “luchan por todos”, pero en la práctica carecen del más mínimo sentido democrático. La prueba más clara es precisamente el abierto rechazo a la libertad de prensa que demostraron al impedir el trabajo de estos periodistas. Así están las cosas en Andalgalá, el departamento minero por excelencia de la provincia, que cada tanto exhibe estas pequeñas miserias de gente que hizo del piquete “anti” una rutina de todos los días. Y así están las cosas en el país, donde estos grupos, con la inspiración que sea, salen a la calle, acampan, cortan rutas, agreden y reclaman derechos sobre la base del desenfreno irracional. Muchos de ellos, por cierto, gozan de una protección política a prueba de desalojo; otros, en cambio, no la tienen y buscan a toda costa no quedar afuera de la repartija.

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San José, el segundo municipio santamariano, sigue sumando capítulos a su novela de intrigas. El fiscal de Instrucción, Marcelo González, decidió ordenar la detención de la intendenta Mónica Hernández por la misma causa de las regalías mineras por la cual fue suspendida por el Concejo Deliberante. Pero Hernández, que se preparaba para reasumir en el cargo ante el vencimiento del plazo de su suspensión, decidió no presentarse en la Justicia y realizó una recusación formal del fiscal. Presentación que, por otra parte, hizo su nuevo abogado, Jorge Toledo, y no Gustavo Martínez Azar, a quien ya hizo a un lado en desacuerdo con la estrategia de éste de iniciar un juicio político al ministro de Gobierno, Javier Silva, por un supuesto tráfico de influencias debido a que, según conjeturó el letrado, el funcionario es o era socio de otros dos abogados que tenía la intendenta. Sea como sea, en las últimas semanas la cuestión de los abogados se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Hernández, tanto como el conflicto político que tiene en su comuna.