No conforme con las intervenciones en los mercados agropecuarios, las restricciones a las exportaciones agroindustriales y de otros sectores, la manipulación de las estadísticas que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los controles de precios, las intervenciones en las empresas privadas a través de los directores designados por la Anses o la reciente arremetida contra Papel Prensa, acompañada de increíbles e insólitas amenazas a los directores del Estado (que renunciaron), seguidas por el desplazamiento del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el gobierno nacional, a través de su cuestionado secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha vuelto a entrometerse indebidamente en el sector privado.

En esta oportunidad, ha sido por medio de una resolución emanada de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo dependiente de esa secretaría. En efecto, con el argumento de evitar distorsiones a la competencia, la CNDC dictó la resolución 131/09 mediante la cual obliga a bancos, tarjetas de crédito, centros comerciales y fabricantes de indumentaria a mantener los descuentos que sirvieron en los últimos meses para paliar el impacto local de una de las peores crisis mundiales de la historia. Beneficios que se pensaron para ser aplicados en forma transitoria y que no sólo sirvieron para reducir stock de productos, sino también para posibilitar la generación de caja por parte de los comercios, de manera de poder hacer frente a las obligaciones propias de la actividad.

La prohibición dispuesta por la CNDC no es un tema menor, ya que afecta de manera directa una variable muy sensible como lo es la rentabilidad de las empresas. La industria de la indumentaria obtuvo desde 2003 hasta 2007 muy buenos resultados, pero en 2008 los márgenes se achicaron y en 2009 directamente se volatilizaron. Cabe señalar que los fabricantes, en algunos casos, comparten la rebaja con los bancos, pero en la gran mayoría de ellos deben hacerse cargo íntegramente de la reducción en los precios, a cambio de la difusión publicitaria que realiza la entidad financiera.

La decisión de otorgar descuentos y beneficios a los eventuales compradores y consumidores es de la exclusiva competencia de quienes los brindan, sean éstos comercios, bancos o centros comerciales.

Por consiguiente, son ellos los únicos que están en condiciones de suspenderlos o mantenerlos, según sean sus estrategias de venta y sus necesidades comerciales y financieras. Cualquier injerencia del Estado sobre estas cuestiones, siempre que no haya motivos valederos que la justifiquen (por ejemplo, cartelización o conductas anticompetitivas), excede el ámbito de su actuación.

Hace pocos días, el futuro titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, hizo una lista de las cuestiones "donde el Estado se mete con los privados directa o indirectamente, y conspira contra sus ganas de producir", y concluyó de manera categórica: "Los países a los que nos gustaría parecernos poseen un Estado con un rol central que cumplir, pero sus empresarios saben además que allí existen reglas claras y un marco de leyes a partir de las cuales tienen la mayor libertad para operar y que, cuanto más amplio sea ese marco, más se estimula a los emprendedores y hay más actividad económica".

Lo dispuesto por la resolución 131 de la CNDC constituye un nuevo avance sobre el sector privado, va en dirección contraria al sentido común y afecta las decisiones futuras de los empresarios que, establecidos o por establecerse, piensan invertir en el país.