Durante los últimos encuentros del Consejo de Estado para la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en Mendoza, que implica la aprobación del Plan Estratégico Ambiental, quedó evidenciada no sólo la imperiosa necesidad de ordenar el uso del suelo y la preservación de las áreas productivas (que supo ser deuda legislativa desde hacía 15 años).

También se comprobó, con datos técnicos irrefutables, la no menos vital urgencia de definir una estrategia para la administración del agua escasa, condicionante de cualquier pretensión de expansión económica y social en la provincia.

Los técnicos y científicos de la UNCuyo hicieron una proyección de lo que sería la vida en 2030 si no se actúa hoy con premura y eficacia en aquel sentido. El estudio exhibió una imagen casi patética: una futura gran ciudad en expansión caótica, hacinada, con el agua en crisis y todos los desequilibrios actuales agudizados.

La depredación del suelo útil, las incomprensibles diferencias entre departamentos ricos y otros miserables; crecimiento de las villas miserias, con el desierto, la salinidad y el cemento inmobiliario avanzando sobre tierra fértil; con un crecimiento urbano hacia el oeste, caótico y sin previsiones; con las asimetrías sociales agravadas. Previenen que se retaceará el agua, escasa, contaminada y en disminución por el lento retroceder de los glaciares y los otros factores del “cambio climático” que vaticinan los científicos.

La Fundación del Agua caracterizó la necesidad de acelerar urgentemente la modernización de los sistemas de riego en Mendoza -sobre todo en el sur, donde la impermeabilización promedio de los canales no llega al 20%- porque en la red de distribución del agua para riego, la eficiencia en el uso del agua suministrada no supera el 35% (esto implica que el 65 % se insume).

Los técnicos advierten la vital necesidad de preservar el equilibrio del balance hídrico en los oasis centro (el área del río Tunuyán, en el Valle de Uco) y en el del Norte, que abastece el río Mendoza, en el que se desarrolla y vive el 75% de los mendocinos y se gesta el 80% del PBG. Es que, explicaron con varios estudios específicos, el oasis Norte está en riesgo de entrar en estrés hídrico.

Es decir: no abastecerá agua suficiente para atender las necesidades de alrededor de 1.500.000 personas que se calcula vivirán en 2030 en el Gran Mendoza. Este riesgo inminente incluye no sólo el agua del río Mendoza, dicen los especialistas, sino que incluye el balance ya negativo del denominado “acuífero norte El Carrizal”, donde se almacena el agua subterránea que se utiliza en gran parte del área urbana, se complementa el agua superficial y se abastecen las nuevas áreas productivas de Luján, Agrelo, Ugarteche y el pedemonte hacia el oeste en esa zona.

En definitiva, los técnicos sugirieron discutir y poner en marcha una política de Estado urgente, que implique la inversión suficiente para modernizar la red de riego -para llegar al goteo, la aspersión y al suministro medido- aumentar la capacidad de embalse -sobre todo en las áreas del Tunuyán y el Mendoza, en ambos casos deficitaria- y encarar rápidamente medidas que incentiven el uso racional del agua en los centros urbanos, industriales y de esparcimiento (aplicación de medidores para cobrar por consumo, por ejemplo).

Ya hay pautas para ordenar el desarrollo y uso del territorio, definir un modelo de integración entre las ciudades y el campo, presupuestar el gasto público para equilibrar la evolución en todo el territorio; preservar el uso del suelo de la degradación y del avance del cemento y los countries sobre el verde productivo (escaso, el 4% de la superficie provincial).

Los trabajos, aportes y propuestas de los organismos científicos y técnicos que participan en el Consejo de Estado para el Plan Estratégico Ambiental, proponen simultáneamente invertir lo necesario para preservar el agua escasa: si -por razones climáticas, ambientales o por derroches hoy inadmisibles- el agua no alcanza en el futuro inmediato para abastecer el desarrollo social y económico, nada tendrá sentido.

Los presupuestos de obra, las gestiones nacionales e internacionales y las prioridades de los gobiernos locales, deberán concretar en hechos esta demanda que tiene sustento científico y necesidad perentoria.