En lo que va del año el gasoil tuvo un aumento de 25 por ciento y las naftas de 19 por ciento. Se aduce que se trata de un reacomodamiento de las tarifas que no se habían modificado desde 2001 a 2005. Pero lo más preocupante es que en Mendoza se sigue pagando los combustibles mucho más caros que en Capital Federal, a pesar de ser una provincia petrolera y contar con una destilería.


Son porcentajes mínimos -poco más de 1 por ciento- pero la acumulación de los aumentos influye superlativamente en el bolsillo de los consumidores. Es lo que está sucediendo con los precios de los combustibles, que sufrieron cuatro aumentos en el curso de un mes, con incrementos acumulados durante el año de 25 por ciento en el caso del gasoil y de 19 por ciento en las naftas.

Pero el aspecto -también grave- se da en el hecho de que Mendoza, contando con petróleo y con una de las destilerías más importantes del país, debe pagar un precio bastante más alto que el que abonan los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

De acuerdo con lo señalado por las petroleras, los aumentos en los combustibles responden a una estrategia de reacomodamiento de los valores en la Argentina, en razón de que desde la crisis de 2001 y hasta 2005 no hubo aumentos en los precios de las naftas y sus derivados. De allí entonces que, a pesar de que el precio del barril del petróleo haya descendido a nivel internacional, en nuestro país se da una circunstancia inversa, con aumentos constantes.

A modo de ejemplo puede señalarse que el barril de crudo trepó a los 150 dólares el año pasado y actualmente no supera los 60 dólares. Así entonces, en países vecinos, como Chile, hubo bajas en los precios al consumidor.

Sin embargo, más allá del incremento de los precios finales, existe un aspecto en el que deberán trabajar, tanto las autoridades provinciales como los legisladores nacionales por Mendoza, a los efectos de modificar la situación. Porque resulta incomprensible que nuestra provincia, productora de petróleo y con una de las destilerías más importantes del país, tenga que pagar valores superiores a los de los habitantes residentes en las cercanías del puerto de Buenos Aires.

Esa diferencia de valores surge de la aplicación del denominado IP (Import Parity), que establece un “precio de importación” ficticio, a partir del cual las petroleras fijan los aumentos y sus variaciones por regiones, tomando como referencia el valor del combustible puesto en el puerto de Buenos Aires.

De esa manera, entonces, es más caro cargar nafta a medida que uno se aleja del principal centro urbano del país, a excepción de gran parte de la Patagonia, donde los valores son sumamente inferiores, pero es una medida destinada a promover la radicación de personas en esa desértica zona de la Argentina.

Ese aumento de acuerdo con las distancias puede ser aceptado en Chile, porque el vecino país, al no ser productor de crudo, se ve obligado a importar la totalidad de la nafta que utiliza y por esa razón el precio está dado por el costo del transporte entre el puerto de recepción y la estación de servicios que la distribuye.

Un estudio realizado por la senadora provincial Alejandra Naman, tomado sobre los precios de YPF, permite establecer que en Mendoza el gasoil es 17,8 por ciento más caro que en Buenos Aires; la nafta súper, 15,6 por ciento y la premium, 12,6 por ciento mayor.

La legisladora señala entonces que Mendoza se ve inexplicablemente desfavorecida por las políticas nacionales y dice que al ampliarse los márgenes de rentabilidad en aquellos lugares, la ventaja resulta equivalente a un subsidio encubierto, lo que deviene en un costo adicional que pagamos los consumidores del interior a favor de otras provincias. Expresa que en una oportunidad anterior, al tramitarse un proyecto sobre la materia, se consignó que en Capital Federal, La Pampa y San Luis la nafta aumentó entre 17 y 25 por ciento, mientras en Mendoza el incremento alcanzó a 30 por ciento.

La legisladora provincial solicitó entonces a sus pares nacionales que realicen los actos conducentes necesarios para gestionar que el Poder Ejecutivo Nacional promueva un proyecto de ley que disponga las modificaciones necesarias para que las provincias productoras y donde se refina el petróleo obtengan un precio final más ajustado.

Sería una forma de actuar en defensa de la concepción federal que establece nuestra Constitución. De lo contrario, de nada valen las regalías que Mendoza recibe por ser provincia productora si paralelamente ese dinero que obtiene la Provincia se devuelve a través de los mayores precios que deben afrontar los consumidores.