La citación judicial a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable, Romina Picolotti, en una causa por malversación de fondos, es un hito paradigmático de la falta de una política de preservación ambiental.

En junio de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner designó como secretaria de Ambiente a Romina Picolotti, directora de una ONG que había participado en las asambleas de Gualeguaychú contra la pastera Botnia. A poco de comenzar su gestión, menudearon las denuncias de ineficiencia y de manejos dudosos de los fondos públicos que derivaron en una causa judicial. A pesar de eso, el Gobierno la sostuvo activamente hasta 2008.

El fiasco de la gestión de Picolotti es parte de la política del actual y del anterior Gobierno, que combina esporádicos discursos en defensa del medio ambiente, aquí y en el exterior, con una inacción casi completa en el tratamiento de los graves problemas existentes en la materia.

Así lo prueban la persistencia de contaminación en el Riachuelo y el Reconquista, los avances en la deforestación y los peligros que podrían suponer las formas de explotación minera apoyadas por el Gobierno. Cabe recordar que la presidenta Kirchner vetó una ley de protección de glaciares, que podrían ser afectados por esas actividades.

Además de la investigación judicial sobre la gestión de la ex funcionaria, que se agrega a las numerosas que se sustentan sobre corrupción de funcionarios, es necesaria la implementación de una política efectiva de protección ambiental.




El caso Picolotti refleja la carencia de una política ambiental. Problemas como la contaminación de cuencas o de deforestacion, siguen sin resolver.