Gobierno por profundizar su intervención en la economía y en el control sobre empresas privadas en sectores básicos de la producción y los servicios.

La estrategia oficial parece seguir siempre acciones cuya secuencia se repite. Primero se afecta la solvencia de las empresas, impidiéndoles ajustar sus precios en consonancia con el aumento de sus costos. Estos últimos, a su vez, crecen por efecto de la inflación y las devaluaciones provocadas o decididas por el propio Gobierno. Se trata de un cepo que encierra y ahoga, sin dar opción ni salida a quienes invirtieron en su momento bajo reglas que garantizaban ciertos marcos regulatorios y jurídicos equitativos y razonables. Luego viene el default de la empresa afectada y, con esa excusa, el Poder Ejecutivo decide la intervención o la expropiación.

Es injustificable que el avasallamiento de los derechos contractuales y de propiedad continúe casi ocho años después de la crisis por la cual se sancionó la emergencia económica en medio del abandono de la convertibilidad, la pesificación forzosa y la descontrolada devaluación del peso.

Ha sobrado el tiempo para que se normalizaran las relaciones contractuales y se acordaran procedimientos tarifarios en las empresas privatizadas. Sin embargo, eso no ha ocurrido y las consecuencias son inevitables. El intento oficial de amortiguar la inflación destruyó la ecuación económica de estas empresas. Podemos asumir, además, que la demora en corregir estas intervenciones nocivas puede haber obedecido a otros motivos.

Claramente ha habido un discurso ideológico y populista y no debemos descartar el propósito de provocar expresamente razones para intervenir y expropiar, como sería el caso del constante hostigamiento que sufre Papel Prensa. Se sospecha, además, el intento de desvalorizar empresas para hacer sus activos accesibles a amigos del poder.

Hay dos nuevos casos que han motivado la atención pública en días recientes: Autopistas del Sol y Metrogas. En el primer caso se decretó la intervención por 120 días para que el funcionario designado cumpla "las funciones de coadministración societaria y tenga a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración habitual y de disposición que pueden afectar la normal prestación del servicio público de tránsito, que es objeto de la concesión".

La sociedad intervenida, controlada por la firma española Abertis, había anunciado dos semanas antes, a través de una comunicación remitida a la Bolsa, que iba a iniciar un proceso de reestructuración de su deuda, incluyendo el siguiente pago de 10 millones de dólares en concepto de intereses. Es la segunda vez que la empresa se ve obligada a refinanciar sus obligaciones. Lo debió hacer en 2002 luego de la devaluación y del congelamiento de sus tarifas en pesos mientras su deuda en dólares para financiar sus inversiones no había sido pesificada.

Desde entonces, la concesionaria debió soportar un permanente retraso en el ajuste de los peajes, mientras que fue sometida a presiones gremiales lideradas por el hijo del secretario general de la CGT, quien logró importantes aumentos salariales para los cobradores de peaje. Por otro lado, el órgano regulador, conducido hasta 2008 por Claudio Uberti, planteaba exigencias desmesuradas y despachaba frecuentemente a la empresa su tropa de inspectores con la consigna de poner multas sea como sea.

La situación de Metrogas, controlada por British Gas e YPF, es similar. El prolongado congelamiento de las tarifas ha deteriorado al extremo su situación financiera. Los aumentos recientes estuvieron relacionados con el cargo impuesto por el Gobierno para financiar las costosas importaciones de gas licuado y no para aportar fondos a la crítica situación de la explotación.

La empresa anticipó a la Comisión Nacional de Valores la posibilidad de tener que refinanciar vencimientos. El Gobierno ha lanzado la versión de que los problemas financieros se deben a un mal gerenciamiento, intentando de esta forma justificar la intervención. Se recuerda el precedente de una fuerte presión, casi una orden sobre esta misma compañía, promovida por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en 2007, pidiendo el despido del entonces gerente general por haber dispuesto cortes de suministro que no gustaron al Gobierno.

La estatización parece ser el final más probable para estos casos, como ya ocurrió con otras empresas de servicios públicos. No sería un final feliz. El Estado ha demostrado sus dificultades para operar empresas comerciales, más aún cuando ha entrado en serias insuficiencias presupuestarias. Hay, además, acreedores en condiciones de reclamar que se les pague, y accionistas de las empresas estatizadas que recurrirán a la Justicia o a los organismos de arbitraje y lograrán sentencias favorables a sus reclamos.

Es hora de que se comience a transitar por el camino del respeto a la ley, a los compromisos contractuales y a la propiedad. Esta fórmula tan simple es la que posibilitará el crecimiento, el aumento del empleo y del bienestar de los argentinos, particularmente de aquellos que más lo necesitan.