EN el sector agropecuario hay expectativa por cómo evoluciona el mercado de carnes, con proyecciones de oferta en declinación motivadas por reducciones que se vienen registrando en nuestro stock ganadero. Los pronósticos apuntan a un alza futura en el precio interno de la carne, como consecuencia de esta menor oferta futura, explicada por la disminución del stock en alrededor de ocho millones de cabezas (60 millones en el año 2007 y 52 millones el año próximo).

La opinión pública ya ha tomado nota de esta preocupante declinación en nuestra riqueza pecuaria, lo cual no es de extrañar, porque son numerosos los sectores y actores involucrados en esta actividad. Esta cuestión viene siendo ampliamente debatida desde hace ya algún tiempo. En el sector ganadero, los productores no sólo son numerosos, sino que también hablan con claridad y vienen desde hace meses alertando a las autoridades responsables.

Pero hay otro sector productivo (el de los hidrocarburos) en el que la descapitalización ?o sea, la disminución de reservas de recursos de petróleo y gas? es más grave y, sin embargo, los sectores involucrados no se expresan con la claridad requerida para alertar a las autoridades de que no están encarando esta realidad.

Si valuamos financieramente las disminuciones de stock, es decir, la evaporación por agotamiento de nuestros recursos naturales, tenemos la impactante conclusión de que la merma de nuestras reservas de petróleo y gas equivale, en términos monetarios, a más de 450 millones de cabezas de ganado, o sea, nada menos que 56 veces más que la disminución prevista en el stock ganadero. Veamos las cuentas.

Las reservas de petróleo vienen cayendo desde fines de los 90 y acumulan una disminución de casi el 20 por ciento, lo cual equivale a más de 2,4 años de producción. Pero la disminución de reservas es mucho más preocupante en el caso del gas, ya que, en lo que va de esta década, hemos consumido reservas por una cuantía que supera siete años acumulados de producción anual.

Entre 1990 y 2000, las reservas gasíferas treparon un 34 por ciento, pero a partir de ese año avanzó la descapitalización del stock. De este modo, hoy apenas tenemos la mitad que en 2000. Mientras que en 1990 las reservas cubrían 25 años de producción, en la actualidad representan apenas ocho años.

Si calculamos estas mermas en las reservas de petróleo y gas por los valores monetarios de más importaciones en el futuro, obtenemos un monto financiero equivalente al valor mencionado de más de 450 millones de cabezas de ganado. Dicho en otros términos: desde el punto de vista económico, hemos consumido ya esa enorme magnitud.

Este proceso de descapitalización está siendo alentado por la vigencia de reglas de funcionamiento para los hidrocarburos, que desalientan no sólo la producción, sino especialmente la inversión de riesgo en exploración y búsqueda de nuevas reservas. Además, como estas reglas implican grandes subsidios al consumo intensivo de energías fósiles, el resultado es el ahora observado en términos de agotamiento acelerado de las reservas.

Estos subsidios, que anualmente superan los 25.000 millones de pesos, al premiar la utilización de fósiles contaminantes, además establecen una barrera artificial que desalienta la adopción de nuevas energías renovables, limpias y amigables con el medio ambiente. Por otra parte, la forma regresiva en que se aplican estos subsidios premia proporcionalmente más a los sectores de altos ingresos.

La disminución de reservas es especialmente grave en el caso del gas, insumo central de muchas actividades y que representa en nuestro país la mitad de todo el consumo de energía. Somos líderes mundiales en el consumo de gas. Pensemos que en Brasil el gas representa apenas el diez por ciento del consumo energético; en Estados Unidos, el 22 por ciento, y en la Unión Europea, el 27 por ciento. Tenemos la flota automotriz con GNC más grande del mundo. El gas es crucial para la generación eléctrica. La industria petroquímica depende del gas y las familias y muchos sectores dependen del gas.

Claro que hay un país que nos aventaja en el consumo de gas, y es Rusia, donde el gas representa el 55 por ciento del consumo energético total. Pero la diferencia es preocupante: Rusia tiene reservas gasíferas para 70 años y nosotros, apenas para ocho, y cada vez menos. La declinación de nuestras reservas no refleja únicamente agotamiento geológico, sino que es el resultado de reducidos esfuerzos exploratorios. No se presta atención al futuro, un futuro que ya se está convirtiendo en un presente de escasez y creciente dependencia de costosas importaciones de Bolivia, el barco de Bahía Blanca y, en el futuro, eventualmente también Chile.

El año pasado, con precios de los hidrocarburos cinco veces superiores a los vigentes a fines de los 90, el esfuerzo exploratorio cayó casi un 70 por ciento comparado con esos años. Esto es una mala señal, porque los países no encuentran petróleo, sino que lo buscan. Fue así como Brasil, gracias a una clara política exploratoria, pudo triplicar su producción desde comienzos de los 90. Por su parte, Uruguay está encarando la exploración de su plataforma continental con la activa participación de YPF y Petrobras, que han ganado las licitaciones encaradas por el gobierno uruguayo.

En nuestro país, son las provincias las que poseen el dominio de los recursos de hidrocarburos (Constitución de 1994). Por eso, 15 provincias están convocando a inversores para las tareas exploratorias, habiéndose ya adjudicado 140 áreas con inversiones comprometidas por alrededor de 1700 millones de dólares.

De las licitaciones hechas por las 15 provincias se destaca, por lo original, lo ocurrido en la provincia de Santa Cruz, donde durante 2006 el gobierno provincial licitó y adjudicó 14 bloques que cubrían un extenso territorio de 7,2 millones de hectáreas. Las empresas oferentes debieron presentar en este concurso, como es de práctica, dos sobres: 1) antecedentes y 2)propuesta técnico-económica. Lo notable de esta licitación es que las autoridades descalificaron, al rechazar desde el inicio el sobre 1), a casi todos los oferentes. Se descalificó, así, a importantes y experimentadas empresas, como YPF (antes del ingreso del socio argentino), Petrobras, Pluspetrol y otras empresas más. Así, fue posible adjudicar siete áreas con 4,3 millones de hectáreas a una empresa vinculada con Cristóbal López y las otras siete áreas, con 2,9 millones de hectáreas, a empresas vinculadas con Lázaro Báez.

Las provincias están sumamente activas procurando ensanchar la base de sus recursos naturales. Este nuevo protagonismo impulsado por la Constitución de 1994 las ha convertido en protagonistas del esfuerzo exploratorio que nuestro país necesita con urgencia. Este es un proceso interesante y promisorio, que requiere ser perfeccionado en el futuro. Se deben seguir las reglas de transparencia del capitalismo de riesgo competitivo, que es bien distinto del afán de captura de rentas que caracteriza al capitalismo de amigos, que, como hemos visto, aún no ha sido erradicado.

Esperemos, además, que las provincias ejerzan el contralor requerido para que los nuevos concesionarios petroleros cumplan estrictamente con sus compromisos y con las obligaciones de inversión asumidas.

El Estado nacional tampoco puede estar ausente en el diseño de nuevas políticas eficaces para ensanchar la base de nuestros recursos energéticos. Para ello, es esencial la instrumentación de una política petrolera que sea previsible, transparente y que inspire confianza para importantes inversiones de riesgo. Los ejemplos sobran. Sobre todo, entre nuestros vecinos. No hay ninguna maldición geológica que nos condene a quedarnos sin gas ni petróleo. Es muy posible que repongamos en el futuro el equivalente a los 450 millones de cabezas de ganado consumidas.

El autor es economista