Sin un registro único y público de beneficiarios de planes sociales, cualquier plan social será vulnerable al clientelismo. Y lo que anunció la Presidenta apunta a transformarse en una colosal operación de compra de votos y punterismo para llevar de nuevo a Néstor Kirchner al ejercicio formal de la primera magistratura.

No hay ningún esquema que permita controlar que no lo cobren quienes tienen otros beneficios nacionales, provinciales y/o municipales. Si se controla bien, servirá para menos de lo que se pregona, pues no alcanzará a quienes ya tienen alguna clase de cobertura.

El plan tiene los siguientes puntos oscuros:

- Es un verdadero impuestazo a los actuales jubilados. Las prestaciones se pagarán con los aportes jubilatorios, legalmente creados y destinados al pago de jubilaciones obtenidas por los aportantes y a las asignaciones familiares de parte de los trabajadores aportantes. De este modo, el superávit de la Anses, una vez más, se destinará a cualquier cosa menos a pagar a los actuales jubilados. El esquema podría ser atacado judicialmente, puesto que por decreto de necesidad y urgencia se cambian los destinos de los fondos de la ley jubilatoria. La "opción redistributiva" es clara: serán los trabajadores, no los ricos, los encargados de asistir a los pobres y lo harán regalándoles los ahorros con los que deberían contar tras el retiro.

No impide el clientelismo, ya que corresponderá a una decisión discrecional decir quién tiene un hijo discapacitado o no, quién cumple el resto de los requisitos o no. El control de una comisión bicameral no es operativo. Las bases de datos no serán públicas. No habrá manera de saber si quien figura como desocupado lo es o no y si no recibe varios planes sociales. Decir que quienes trabajan en negro no podrán cobrarlo si ganan más que el salario mínimo es un artículo tan inoperante que hasta produce risa. ¿Se pedirá el recibo de sueldo a los trabajadores informales?

Reclama papeleo que facilita la corrupción. Decir que habrá que presentar el DNI de padres e hijos para que los desocupados puedan cobrar el beneficio es condenar a muchos a no tener nada. En una oficina del Registro Nacional de las Personas de la Recoleta renovar un DNI perdido o dañado toma más de un año. ¿Cuál es la demora donde viven los pobres? El vergonzoso sistema de identificación que tiene la Argentina y que es propio del siglo XIX garantiza pocas cosas: inexistencia de controles, facilidad de falsificaciones y una gigantesca oportunidad para la corrupción. El régimen crea, además, las condiciones para un mercado negro de certificados de escolaridad, vacunas y salud truchos. No hay un mecanismo seguro para tales documentos.

Los esquemas de asistencia generalizada a personas discapacitadas, como jubilaciones por invalidez o incapacidad o aumento de las asignaciones familiares generaron siempre "epidemias" estadísticas de discapacidades, que hicieron que la Argentina tenga, para el cobro de compensaciones, más inválidos que países que sufrieron guerras. Nada en el actual proyecto asegura que no volverá a ocurrir lo mismo.

Hasta el presente, los regímenes de pago directo de las asignaciones familiares generaron "empresas" de punteros que inscribían a las personas, les hacían el trámite, las llevaban a cobrar y les "cobraban" no menos de la mitad del beneficio por la gestión. En el anuncio no hay un solo atisbo de que se hará algo para impedir esto. Hay, en cambio, un reconocimiento de las vulnerabilidades, al poner un tope a la cantidad de hijos que pueden por familia recibir el beneficio. ¿Qué tan fácil es para los pobres conseguir los DNI, los certificados de escolaridad y de controles de salud? En un país donde hasta la clase media debe hacer colas de horas desde la madrugada para tratarse de una enfermedad en hospitales públicos hasta en el distrito más rico del país se pide a los millones de pobres desocupados que consigan un certificado médico. El esquema esconde una maniobra para bloquear reclamos de las provincias.

Los estados del interior cedieron en 1992 parte de la recaudación de impuestos coparticipados para asistir a la entonces deficitaria Anses. Pero hoy la caja de las jubilaciones es superavitaria y algunas provincias, como Córdoba, reclaman el fin de esa cesión. Ahora los Kirchner podrían decirles que quieren sacarle el pan de la boca a los pobres. Pero, por ejemplo, Daniel Scioli podría tener que explicar a los docentes de su provincia que no les va a dar aumento de sueldos porque cede parte de la coparticipación para que los Kirchner gasten.

El esquema, contra lo que su nombre indica, no es universal. El mismo régimen plantea exclusiones. La más obvia es, además, que el sistema actual en que se basa tampoco comprende a todos los hijos de los asalariados formales