Repercusiones disímiles han tenido entre los empresarios dos hechos contradictorios de las últimas horas. El primero es el reconocimiento del Gobierno de que es necesario reabrir el canje de deuda para aumentar el porcentaje de acreedores comprendidos y reducir el monto de la deuda que se mantiene en cesación de pagos. El otro lo constituye el conjunto de episodios de violencia y crispación que constantemente, y cada vez con mayor intensidad y gravedad, invaden el espacio político. El Gobierno, abroquelándose como una facción y celebrando la sanción de una ley como una victoria sobre el resto de la ciudadanía, no ha contribuido en nada a desactivar una escalada de acontecimientos peligrosos.

En la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) han visto con satisfacción los aprestos para reabrir el canje, que incluyen desactivar el cerrojo legislativo sobre la operación, que por sobreactuación se colocó en 2005. Es cierto que entonces el gobierno de Néstor Kirchner necesitaba mostrar firmeza para tratar de lograr una alta adhesión. Pero la ley cerrojo fue una sobreactuación innecesaria, un recurso "para la tribuna" predestinado a la desactivación. Les tocará desactivarlo a los mismos que lo elogiaron.

Tal vez pocos recuerden la grave y potente voz del oficialista José María Díaz Bancalari advirtiendo a los que no acordaran en la primera ronda: "Sepan que entran en el canje o van a tener que ir a cobrarle no sé a quién". O al entonces senador Jorge Capitanich exclamando: "Se establece muy claramente que no hay segunda vuelta para el canje".

AEA ha celebrado la vuelta al realismo, al camino de "volver a conectar a la Argentina con el mundo". Para cualquiera que no mirara la situación con anteojeras ideológicas era imposible que la Argentina dejara impago un monto de deuda equivalente al default de Rusia.

En cambio, el ataque al senador radical Gerardo Morales, los apoyos piqueteros al episodio delictivo, los ataques reivindicativos del primero en otras provincias, el lenguaje desafiante, revanchista y vengativo que baja desde lo más alto del poder son motivo de intensa preocupación.

"En países con climas semejantes nadie se animaría a invertir", se escuchó como frase de consenso en una reunión de AEA de esta semana.

Otras normas que se dicen destinadas a aumentar la inversión son causa también de preocupación. El proteccionista impuestazo tecnológico avanzó esta semana en el Congreso y encarecerá productos populares como los teléfonos celulares. Y también parece introducir superpoderes para que el Poder Ejecutivo extienda y profundice el golpe a los bolsillos.