Es una ley de hierro que los políticos, cuando ya no consiguen extraer su poder del encanto popular, pretendan obtenerlo del aprovechamiento burocrático de las estructuras y reglamentaciones partidarias. Néstor Kirchner, que despierta un rechazo social superior al 70%, entró en esa fase de emergencia.

La reforma política que la Casa Rosada pretende enviar al Congreso en la primera semana de noviembre aspira a potenciar con alquimias institucionales el escaso nivel de votos del oficialismo. El proyecto navega sin luces entre las oficinas de Aníbal Fernández y su segundo, el politólogo Juan Manuel Abal Medina. Aunque tiene menos sensibilidad para estas cuestiones, también Florencio Randazzo participa de la usina. Todos dependen del visto bueno de la joven Valeria Loira, vicesíndica de la Nación. Es la persona de confianza de Cristina Kirchner en cuestiones de derecho público desde los tiempos del Senado.

Un pequeño haz de dispositivos constituye el corazón de la reforma. El principal es establecer un sistema de primarias similar al que existe en Santa Fe, tal como la Presidenta anunció el 9 de julio. Es decir, los partidos estarían obligados a seleccionar sus candidatos en elecciones internas simultáneas, con el padrón general como cuerpo electoral.

Esos comicios serían obligatorios no sólo para los electores, sino también para los que aspiran a ser elegidos. No se podría ser candidato si no se pasó por un certamen de ese tipo. Un interrogante todavía insoluble: ¿qué debería hacer el candidato que no consigue opositor?

Los borradores, en la versión que se discutía ayer, esconden otra clave: el partido que no haya conseguido un piso del padrón general en todos los distritos no puede presentar candidatos nacionales.

Además, se estudia otra disposición crucial: quedará prohibido el financiamiento privado para los candidatos. Sólo se podrá hacer publicidad radial o televisiva en el lapso que asigne el Estado.

Cada aspecto de este proyecto tiene beneficiarios y víctimas muy identificables. Se los puede ir evaluando desde ahora, en un balance tentativo. La necesidad de contar con un piso de votos con determinada cobertura territorial es un gran anzuelo para el radicalismo. Después de haberlos dividido con distintos ensayos de transversalidad, Kirchner se propone ahora seducir a los radicales con el sueño de la reconstrucción bipartidista. La UCR sigue siendo el único partido capaz de competir con el PJ en extensión territorial. Si se impusiera un piso obligatorio en todos los distritos, Julio Cobos pasaría a depender de la UCR mucho más que ahora. Sin esa organización, acaso quedaría fuera de combate.

El rifle electoral que le preparan a Kirchner apuntará contra Elisa Carrió. A ella la obligación de conseguir un mínimo del padrón general en todas las regiones le plantea un desafío desconocido. Para evitarlo tendría que encerrar a la Coalición Cívica en el Acuerdo Cívico y Social y competir por la presidencia en ese marco. Sería obligarse a una interna con Cobos, sostenido por la red territorial de la UCR.

En su última versión, el Gobierno comenzó a descartar las internas por regiones y con un sistema indirecto, de cuño estadounidense, como habían sugerido los hermanos Rodríguez Saá durante la ronda del frustrado diálogo político.

La obligatoriedad de las internas y la utilización del padrón general harán que el sojuzgamiento fiscal que la Presidencia ejerce sobre los gobernadores juegue a favor de Kirchner. Además, al mantener al país como distrito único, la demografía bonaerense inclinaría la balanza a favor de quien controle el conurbano.

Interesante paradoja: mientras desde Olivos siguen imaginando estratagemas para beneficiarse del control sobre el aparato que integran los intendentes del Gran Buenos Aires, éstos promueven una reforma de la ley orgánica de municipalidades que les permita fijar el calendario electoral para liberarse de la boleta de los Kirchner.

La estrategia electoral del Gobierno es profundizar la feudalización del PJ. Pretende aprovechar el vínculo fiscal con los gobernadores en detrimento del vínculo político con la opinión pública. La víctima a la que apunta Kirchner es, en este caso, Carlos Reutemann. Se trata del mayor peligro que el esposo de la Presidenta ve en el horizonte. Kirchner apunta a evitar que su sucesor, de no ser él mismo, pertenezca a su propio partido. Es un propósito de todos los caudillos personalistas: si no consiguen estar en el Gobierno, por lo menos encabezar la oposición.

Como sucede siempre, todo lo que desmejora a Reutemann beneficia a Mauricio Macri. Al lado de Macri creen que los peronistas disidentes no están en condiciones de enfrentar a Kirchner dentro del PJ y que, por lo tanto, deberán resignarse a poner sus estructuras provinciales al servicio de Pro.

La veda para realizar publicidad con fondos privados es un gran guiño de Kirchner a la izquierda. "Debemos desterrar el mercado de la política": así será vendido. En rigor, se trata de una tardía venganza contra Francisco de Narváez y quienes se sientan inspirados en su modelo proselitista.

Por razones elementales de autoestima, el esposo de la Presidenta está convencido de que no perdió frente a un dirigente político preferido por el electorado, sino que fue víctima de la parafernalia de publicidad que puso en su contra un millonario. El argumento es muy deficiente. Pero puede volverse intolerable en la medida en que los candidatos del Gobierno no estén obligados a renunciar a la propaganda del Estado en los períodos preelectorales, como sucede en las democracias maduras.

La reforma que prepara el Gobierno merecerá reproches bastante obvios. El primero es que, por lo que se conoce hasta ahora, no contiene regulación alguna que reponga el equilibrio que le falta a la política argentina. En especial porque no establece limitaciones severas al uso de los recursos públicos por parte de los funcionarios durante las campañas. Este vicio, que está penado severamente en los sistemas evolucionados, es habitual en la Argentina. Y se volvió caricaturesco en las últimas elecciones, con el ardid de las candidaturas testimoniales.

La otra objeción es que el proyecto no sea el resultado de un ejercicio amplio de diálogo político. Tal vez sea inevitable, ya que el objetivo primordial de esta iniciativa no es traducir con mayor fidelidad el estado de opinión pública hacia el seno de la estructura del poder. Al contrario, apunta a desacoplar poder de representación, protegiendo a quien manda, a través de una malla de reglamentaciones, de lo que piensan y sienten los electores. No debería sorprender: es una reforma para que gane los comicios quien hoy los perdería.