No pocos televidentes que anteayer disfrutaban del partido entre Boca y Vélez por Canal 7 se vieron sorprendidos por la súbita interrupción de la televisación del encuentro deportivo para dar lugar, por unos instantes, a la llegada de Cristina y Néstor Kirchner al velatorio de Mercedes Sosa en el Congreso de la Nación.

Salvando las distancias, y en momentos en que se debate en el Senado una ley de medios audiovisuales que propicia una peligrosa interferencia estatal en la regulación de los contenidos que difundan la radio y la televisión, aquellas imágenes pueden enlazarse con las habituales apariciones del presidente venezolano, Hugo Chávez, que interrumpen las programaciones de canales de TV y estaciones radiales.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) ha elaborado una normativa para obligar a toda señal de televisión por cable que contenga un 70 por ciento de producción audiovisual nacional a transmitir las cadenas presidenciales.

Lo pintoresco del caso venezolano es que, desde hace bastante tiempo, hay un permanente abuso de esa cadena. A tal punto que no sólo se transmiten en directo los discursos del presidente, sino también cualquier acto que contribuya a reforzar los valores del régimen político chavista.

Una semana atrás, de visita en la ciudad venezolana de Valencia, donde participé de las Primeras Jornadas Internacionales de Comunicación Social que, bajo el título "La democracia, los medios de comunicación y la globalización", organizó la Cátedra Edward Murrow de la Universidad Arturo Michelena, asistí a un hecho curioso.

Estaba viajando en un automóvil, una radio de FM transmitía una programación musical que, súbitamente, fue interrumpida por la cadena nacional de radiodifusión. Esperaba encontrarme con uno de los tantos mensajes de Chávez al país. Pero no fue así: en su lugar, se transmitió un tributo de un coro de niños de la Isla Margarita al líder libio, Muammar Khadafi, quien visitaba Venezuela. Sus canciones exaltaban los valores de la revolución socialista y la lucha por la liberación contra el imperialismo.

El gobierno chavista ha sido severamente cuestionado por pretender imponer una norma sobre delitos mediáticos, que castiga con duras multas y hasta con prisión a quienes brinden informaciones falsas o alteren la paz social o la seguridad nacional a través de mensajes emitidos desde los medios de comunicación. Una de las consecuencias más llamativas de esa normativa es que los comunicadores sociales tienen prohibido difundir la cotización del dólar paralelo, que en Venezuela cuesta tres veces más que el oficial, al cual sólo se accede con enormes restricciones.

Otra crítica que se le ha formulado al gobierno venezolano es el retiro de licencias de transmisión a 34 radioemisoras, sin respetar el derecho de defensa de sus concesionarios ni el debido proceso, algo que podría extenderse a otras 200. Según voceros gubernamentales, las frecuencias que quedarán libres serán reasignadas atendiendo "las muchas solicitudes de radios comunitarias".

Las semejanzas con lo que podría ocurrir en la Argentina si prospera el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, son ostensibles. A favor de Chávez, podría decirse que el escándalo que provocó la salida del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) podría ser más leve que el que generaría la venta forzada de algunas licencias de radio y televisión de nuestro país para adecuarse a la proyectada normativa. Es que, al menos, Chávez esperó a que expirara el plazo de la licencia de RCTV para operar como señal abierta antes de decidir su no renovación. En la Argentina, de aprobarse sin modificaciones el proyecto de ley que debate el Senado, concesionarios de licencias por diez años se verán obligados a dejarlas en un plazo perentorio de un año, lo cual constituirá un golpe a la seguridad jurídica y al derecho de propiedad, además de un ataque a la libertad de expresión.