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En Bolivia hay preocupación por el gas. No por la producción, que está en alza, sino por dos temas puntuales: Brasil ha reducido sus compras al mejorar la producción energética de sus usinas hidroeléctricas... y desde la Argentina hace dos meses que no reciben ni un dólar por los 6 millones de metros cúbicos de fluido que envían diariamente.
El tema fue destacado por Bloomberg.com, que citó al viceministro de Energía boliviano, Wlilliam Donaire, y fuentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Bolivia ha triplicado los envíos de gas natural a Argentina, llevándolos a 6 millones de metros cúbicos (19,7 millones de pies cúbicos) por día, desde los 2 millones de metros cúbicos que enviaba a Argentina a principios de este año. Bolivia está dispuesta a elevar los envíos a 10 millones de metros cúbicos el año próximo, sobre todo porque Brasil ha reducido sus compras debido a la excelente performance de sus usinas hidroeléctricas.
"Claro que antes tenemos que tener la certeza de que Argentina nos va a pagar", dijo Donaire, señalando que intentarán que la estatal argentina ENARSA giren el dinero adeudado. Según Bloomberg, los funcionarios de las oficinas de prensa del Ministerio de Planificación de Argentina y de la propia ENARSA "no estaban disponibles para hacer comentarios".
Argentina ha dependido más de las importaciones de gas natural licuado y los envíos de Bolivia para compensar la disminución de su producción interna
Evo pide que le paguen el gas
Crítica
Bolivia denunció que el gobierno argentino le debe dos meses por la compra de gas y que no tiene certezas de que vaya a cumplir con el compromiso. En la estatal Enarsa, encargada de hacer los pagos, desconocen la situación. Cabe recordar que el cargo tarifario que se sumó a las boletas de gas de los hogares se creó para justamente cubrir esta importación y la de gas licuado en barcazas. Así el Gobierno sigue postergando pagos para poder cerrar las cuentas y ajustarse a la caída de ingresos.
“Necesitamos tener la certeza de que nos van a pagar”, afirmó William Donaire, viceministro de Comercialización de Hidrocarburos de Bolivia.
Las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Enarsa firmaron en 2004 un contrato de exportación-importación de gas hasta 2019 que fue modificado ante la incapacidad de Bolivia de entregar la cantidad de gas pactada. Vía Enarsa, el gobierno argentino canaliza los pagos. Consultado el vocero de la empresa dijo no tener conocimiento de la deuda ni a cuánto asciende y que el funcionario boliviano “se haga cargo de lo que dice”.
El gas boliviano se transformó en un combustible indispensable para la Argentina. Ante la caída de la producción local, lo que se extrae de los yacimientos no alcanza para cubrir la demanda, especialmente durante el invierno.
Por día se importan unos seis millones de metros cúbicos cuyo precio por millón de BTU (unidad de medida) varía según el valor del petróleo. Hoy esa cifra es de u$s 7,2.
El atraso en el pago se plantea en un momento en que Bolivia necesita venderle más gas al país. Es el principal ingreso para los vecinos –representa más del 50% de su comercio exterior– y su cliente más importante, Brasil, compra menos porque obtiene más energía de sus usinas hidroeléctricas gracias a las lluvias de los últimos meses. Para Bolivia, esta situación es un problema grave. Sus ingresos por exportaciones de gas bajaron de u$s 203 millones en enero a u$s 120 millones en mayo, según cifras de YPFB.
El funcionario Donaire mostró sorpresa por el aplazamiento en los pagos de la Argentina justo cuando su gobierno había ofrecido incrementar los envíos de gas a 10 millones de m3.
La paradoja se da luego de que el Gobierno creó el Cargo Gas para solventar las importaciones de gas que encareció las boletas de los hogares de más alto consumo. Se espera recaudar entre $ 900 y mil millones por este tributo que el usuario puede no pagar, ya que un fallo de la Justicia así lo permite. Es necesario hacer el trámite ante la empresa prestadora.
La postergación de pagos es una estrategia que el kirchnerismo puso en marcha desde el comienzo de la crisis internacional.
La caída de la recaudación fiscal por la desaceleración económica y la baja en las exportaciones empujó a la Rosada a posponer obra pública y otros pagos a proveedores y reintegros a los exportadores. Esta decisión junto con los ingresos de los fondos previsionales ahora en manos del Estado le permiten al Gobierno seguir mostrando superávit fiscal primario. De todas maneras, este indicador clave de la economía viene cayendo a un ritmo cercano al 85 por ciento mes a mes.
