El progreso económico de los últimos doscientos años ha comprometido la química de la Tierra. El calentamiento global, consecuencia de la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, está aquí para quedarse.

En todo el mundo se anuncian condiciones meteorológicas más rigurosas. En la actualidad, seis economías generan el 76% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero. La mayor responsabilidad por el calentamiento global recae sobre las economías avanzadas (los Estados Unidos emiten el 22% del total; la Unión Europea, el 17% y Japón, el 5%), cuyas emisiones han contribuido durante dos siglos a generar el desequilibrio actual. Sus emisiones per capita son mucho mayores que la de los países económicamente menos adelantados. Si bien los países en desarrollo han contribuido históricamente menos a la acumulación de los gases de efecto invernadero, su responsabilidad se ha incrementando durante los últimos años de la mano de un sostenido crecimiento económico y poblacional. En la actualidad, China es responsable por un 22% del total emitido y la India y Rusia, por un 5 % cada uno.

Con la firma del Protocolo de Kyoto (1997), la comunidad internacional dio un primer paso para controlar las emisiones contaminantes. Se acordó que los países desarrollados reducirían gradualmente sus emisiones mientras que los menos adelantados podrían incrementar sus emisiones hasta alcanzar un mayor nivel de crecimiento. Simultáneamente, se creó un sistema de incentivos financiado por los países más adelantados para reducir voluntariamente la emisión de gases contaminantes por parte de los países menos avanzados económicamente.

Pero los compromisos asumidos en Kyoto son insuficientes en relación a la escala de los desafíos que enfrenta la Humanidad. El mayor emisor mundial (EE. UU.) no ratificó el Protocolo y grandes contaminadores como China, la India y Rusia no asumieron compromisos relevantes.

El próximo diciembre, en Copenhague, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se relanzará la negociación. Si queremos minimizar la ocurrencia de futuras catástrofes habrá que reducir drásticamente el consumo de hidrocarburos en los países desarrollados y atenuar su crecimiento en los países en desarrollo. Acordar un mecanismo sucesorio al Protocolo de Kyoto, que vence a fines del 2012, que incorpore a los Estados Unidos, China, la India y Rusia a un régimen eficaz de control de las emisiones, será el mayor desafío.

Si bien ya existe un consenso respecto a la necesidad de reducir sustancialmente las emisiones de gases invernadero en el largo plazo (2050), no hay voluntad política para acordar metas concretas en el mediano plazo. Asignar responsabilidades y repartir costos es una tarea compleja y delicada. Probablemente se acuerde un marco negociador, pero las decisiones sustantivas se postergarán en el tiempo.

Pero los argentinos no debemos esperar. Muchas de las consecuencias adversas del cambio climático ya son inevitables. Desafortunadamente, nuestro gobierno no tiene aún una política ambiental seria y mucho menos una política concreta para el cambio climático. Necesitamos urgentemente poner en marcha una política de Estado (un plan de largo plazo) para minimizar las consecuencias adversas del cambio climático sobre nuestro país.

La Argentina, con una producción importante de materias primas, se verá seriamente afectada por el cambio climático. La producción agrícola, frutícola y ganadera estará periódicamente golpeada por eventos extremos (tormentas, olas de calor, inundaciones, sequías, tornados) que afectarán los ingresos, el bienestar, la seguridad y la salud de la población rural y urbana. Tendremos que aprender a convivir con lluvias torrenciales en zonas habitualmente secas, a tener menos agua en los ríos Paraná y Uruguay, a controlar fuegos en zonas semiáridas, a largos períodos de sequía en zonas fértiles, a construir diques de contención y a instrumentar políticas sanitarias para reducir la propagación de enfermedades.

La necesaria política de Estado debe determinar nuestras potenciales vulnerabilidades al cambio climático, identificar las medidas de adaptación y poner en marcha políticas de limitación de emisiones contaminantes consistentes con los compromisos internacionales que asumamos en el futuro.

En el campo de la negociación internacional, debemos presentar un frente común con Brasil. Debemos bregar para que los países más avanzados faciliten los fondos para que los países en vías de desarrollo podamos poner en marcha indispensables y costosas políticas de adaptación.

En el campo interno, tenemos que aprender a adaptarnos a los efectos del cambio climático sobre nuestras vidas y sistema de producción. Habrá que facilitar la reconversión de los sistemas productivos a través de la biotecnología, la inversión en infraestructura y nuevas actividades. Necesitamos disponer de sistemas de vigilancia ambiental y de alerta temprana. Debemos prever respuestas eficaces a los desastres que inevitablemente van a ocurrir, ofreciendo incentivos a las empresas y comunidades que inviertan en obras de infraestructura para prevenir inundaciones, evitar la propagación de incendios y enfermedades, etc.

Se trata de una tarea focalizada y local que dependerá esencialmente de nosotros (gobiernos, empresas y ciudadanos). Precisamos desarrollar el uso de energías alternativas (en particular el gas natural y la energía nuclear) donde contamos con ventajas competitivas, así como mejorar la eficiencia energética de nuestros hogares, industrias y sistemas de transporte.

¿Estamos listos para enfrentar el desafío y elaborar una política de Estado, o preferimos, como el avestruz, clavar la cabeza en la tierra y negar la realidad?