La aventura de la empresa de energía argentina Enarsa en Ecuador terminó el miércoles pasado.

El Gobierno ecuatoriano canceló ese día USD 5 503 000 para adquirir el 30% de acciones que tenía la empresa argentina en el proyecto de generación eléctrica más importante de Ecuador, el Coca-Codo Sinclair.

“La compra de acciones fue inscrita ya en la Superintendencia de Compañías”, dijo un funcionario cercano al proceso.

El ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja, confirmó ayer la cifra, pero dijo no tener en ese momento los detalles.

Con ello, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), empresa estatal ecuatoriana de generación eléctrica, que tenía el 70% de acciones, pasó a ser la dueña absoluta de la mega obra.

En febrero de 2008, el Gobierno ecuatoriano escogió de manera directa y sin concurso a Enarsa como la socia de esta obra, con el compromiso de que aportaría tecnología y el 30% de capital.

Enarsa ofreció cubrir USD 594 millones de los 1 979,7 millones que cuesta la obra. Pero los recursos nunca llegaron.

Sorpresivamente Enarsa anunció el 31 de agosto pasado que dejaba el proyecto y pidió la devolución de los recursos gastados.

Los USD 5,5 millones que se pagaron a Enarsa incluyen: USD 4 millones que aportó como inversión, USD 120 000 de capital y el resto es la suma de intereses, asesoría y otros gastos en los que, según la firma, incurrió durante su participación en la obra.

Pese a que su aporte no cumplió con lo esperado, Enarsa planteó al inicio de la negociación que el valor de sus acciones ascendía a USD 51 millones.

Pero hay quienes creen que no se debió reconocer nada a la compañía argentina, pues faltó a su compromiso con el país.

Ni siquiera cumplió con todas las inversiones iniciales requeridas. Así, entre febrero de 2008 y septiembre de 2009, el proyecto requirió de unos USD 54 millones de inversión, de los cuales Enarsa debía entregar USD 16,2 millones. Sin embargo, el aporte de la compañía llegó a la tercera parte: USD 5,5 millones.

El abogado Luis Calero, del Foro Petrolero, es enfático: “El país no tiene que pagar absolutamente nada a Enarsa”.

El experto señala que la compra de acciones se aplica solo a negocios en marcha, pero el proyecto aún no ha arrancado. “En toda situación de este tipo, debe primar el interés del Estado”.

Por ello cree que el camino más beneficioso para el Fisco debió ser disolver y liquidar la empresa mixta, para que la Celec asuma el 100% de la obra.

Al liquidarse la firma, los socios reciben el capital que queda, que nunca habría llegado a los USD 5,5 millones que se pagaron a Enarsa. La compañía formada tenía un capital de USD 400 000.

Calero sostiene que el pago a la firma pudiera acarrear responsabilidades penales, pues se estaría beneficiando a terceros en perjuicio del Estado, lo que se conoce como peculado. El contralor Carlos Pólit señaló que empezó una investigación sobre este tema.